El Gobierno tomó el control de una caja clave del sindicalismo

La Presidenta supervisará en forma directa el sistema de salud sindical. Esa es la lectura unánime que se hacía en los despachos oficiales y gremiales de los tres decretos firmados por Cristina Kirchner y publicados ayer en el Boletín Oficial.

El 1.198 resolvió que la Administración de Programas Especiales (APE) sea absorbida por la estructura de la Superintendencia de Servicios de Salud y mediante el 1.196 y el 1.197 se aceptó la renuncia de una docena de gerentes de la Superintendencia y se nombró a sus reemplazantes.

Se trata de un paso más en la modificación de la estructura organizativa que administra y controla desde el Estado los fondos de las obras sociales sindicales , un área en la que supo ser amo y señor Hugo Moyano en los tiempos de su alianza estratégica con el gobierno y que la Presidenta se encargó de ir desmontando a medida que esa relación se fue resquebrajando hasta su ruptura definitiva.

Como organismo descentralizado y autárquico del Ministerio de Salud, la APE era la encargada de reintegrar a las obras sociales el dinero por los tratamientos de alta complejidad.

Durante años, mientras crecía el poder de Moyano, hombres de confianza del camionero como Juan Rinaldi, Hugo Sola y Daniel Colombo Russell manejaron la APE.

Ese privilegio generaba las quejas de los sindicatos enfrentados a Moyano que veían cómo los expedientes que presentaban para recibir reembolsos eran demorados.

Pero más grave que eso fue el hallazgo de la ex ministra de Salud Graciela Ocaña de lo que ocurría en la APE: obras sociales que presentaban carpetas con troqueles de remedios y documentación falsificada y recibían reembolsos por tratamientos que jamás se habían realizado. Fue el origen de la investigación de la mafia de los medicamentos.

A principio de 2011, el ministro de Salud, Juan Manzur, logró al fin colocar un nombre suyo, Manuel Alves, al frente de la APE. Pero Moyano mantuvo su influencia en las segundas líneas del organismo y a través del Superintendente, Ricardo Bellagio, también ligado al líder gremial de Obras Sanitarias, José Luís Lingeri.

Este año, la Presidenta decidió avanzar a fondo y tomar el control personal de todo el área.

En marzo, transfirió la APE a la égida de la Superintendencia. A comienzo de este mes, removió a Bellagio y colocó al frente de la “Súper” a la ex diputada Beatriz Liliana Korenfeld, una pingüina histórica que ocupó distintos cargos en los gobiernos de Néstor Kirchner en Santa Cruz.

Ahora, “a los efectos de asegurar un contexto de mayor control” (según reza el decreto 1198), la APE deja de tener autonomía y pasa a formar parte de la “estructura organizativa” de la Súper. Desaparecieron los últimos directores que reportaban a Moyano y se quedaron con todas las gerencias y subgerencias kirchneristas puros como el ex médico presidencial Donato Spaccavento.

Aunque el rumor circulaba hace semanas, Cristina no habló de esto con los dirigentes de la CGT con los que se reunió el lunes en la Casa Rosada. Uno de ellos, especulaba anoche ante Clarín : “Ahora será ella la que decidirá qué expedientes van más rápido y cuáles más lento”.