Peligra en Uruguay la anulación de la ley de amnistía a los militares

Tras la alocución de la semana pasada del presidente José Mujica ante la bancada de diputados del Frente Amplio (FA), en la que explicó las consecuencias negativas que a futuro tendría para la agrupación política la aprobación del proyecto para anular la Ley de Caducidad, todo parecería indicar que esta ley naufragaría.

A ello contribuiría además la carta que hace un par de días le escribió a la dirigencia de la coalición gobernante advirtiendo que si se vota se le estaría pasando por arriba a dos plebiscitos.

Esto se desprende del anuncio que hicieron Víctor Semproni y Gonzalo Mujica, dos diputados del MPP (sector del cual proviene el jefe de Estado), quienes dijeron que en la sesión de la cámara baja, prevista para el próximo jueves 19, no respaldarían el proyecto. Así el FA, que tiene 50 de los 99 escaños, y teniendo en cuenta que los 49 legisladores de la oposición (Blancos, Colorados, e Independientes) votarán en contra, no lograría la mayoría, y el proyecto moriría allí, tras volver con algunas modificaciones luego de ser aprobado en la cámara de senadores en abril.

“Si hoy tuviera que proceder en la sesión en que se votará la ley, mi decisión es hablar en contra, argumentar todos los inconvenientes que tiene y a la hora de votar retirarme de la sala”, afirmó Semproni a la agencia EFE. Su argumento es que aunque la Ley de Caducidad –votada en 1986 y refrendada en las consultas populares de 1989 y 2009– que dio impunidad a militares que cometieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, es “inconstitucional y antihumana” , el FA debe pensar bien cuál tiene que ser “el mejor camino a transitar para erradicarla del sistema legal uruguayo”.

El legislador explicó que entre los catedráticos de derecho constitucional, de derecho internacional público y de derecho penal consultados por el FA hay una opinión unánime de que la actual propuesta de anular esa ley va a ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, a la que lloverían demandas por esa razón. Si el proyecto se aprueba en Diputados se convertiría en ley, ya que Mujica no la vetaría pese a no estar de acuerdo con la norma.

También Semproni le da mucha importancia a la opinión del presidente, del vice Danilo Astori y del ex mandatario Tabaré Vázquez, quienes mostraron sus críticas a la ley que pretende tener carácter retroactivo y que en su momento, por mandato del plenario del FA, los legisladores querían aprobar.

Gonzalo Mujica (que no tiene parentesco con el presidente), el otro diputado que no votaría la ley, no hizo declaraciones a la prensa.

El presidente sugirió impulsar otro proyecto que, en lugar de anular la ley, la derogue y que sus efectos no sean retroactivos sino de aquí en adelante. En un momento, había sido vista con buenos ojos la propuesta que en ese sentido había presentado el profesor de Derecho constitucional, Martín Risso, que a la vez proponía que el Poder Ejecutivo disponga el desarchivo de todas las causas penales archivadas por los gobiernos anteriores.

Pero en el FA todavía no hay definiciones claras al respecto : la mesa política pasó a un cuarto intermedio por lo que no aún no decidió si se convocará a un nuevo Plenario Nacional. El diario El País, además, dijo que en el FA gana espacio la idea de llamar a una consulta popular sobre el tema.

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