La mejoría social, aún lejos de ser sustentable

Avanzar en políticas de protección social que resuelvan las situaciones de los sectores vulnerables y mejoren el bienestar de toda la sociedad es factible en la Argentina que viene.
En los últimos años se observó una mejoría en los indicadores sociales muy heterogénea en cuanto a su impacto entre diferentes grupos poblacionales y zonas del país. Esta mejoría se debió, en parte, al crecimiento económico (y su correlato en términos de creación de puestos de trabajo formales) y, en medida importante, a las políticas de protección social impulsadas por los últimos dos gobiernos, incluyendo aquellas para lograr que el crecimiento aumentase el empleo con seguridad social. Sin embargo, la protección social enfrenta hoy desafíos estructurales.
En lo que refiere a la protección social, se proponen un conjunto de acciones destinadas no sólo a avanzar en programas y políticas concretas, sino a dotar a esas intervenciones de un contexto institucional que genere las condiciones para impactar positivamente en el bienestar de los argentinos, atendiendo a su factibilidad política y presupuestaria. Vale destacar aquí algunas de esas propuestas:
-Crear un Gabinete Nacional de Protección Social y Mesas Provinciales de Protección Social, en tanto marco institucional necesario para un sistema de protección social integral y federal.
-Reformular aspectos de la Asignación Universal por Hijo e impulsar la efectiva implementación en todo el país de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (26.061), como dos grandes íconos de una política integral para la niñez y adolescencia.
-Ampliar e integrar con políticas afines el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y elevar el rango de la actual Dirección Nacional de Juventud a una Secretaría de Estado, como dos acciones complementarias de una política integral para la juventud.
-Establecer al cuidado como un derecho social básico y universal, e impulsar la conformación de un sistema que regule las acciones orientadas al cuidado y las articule con provincias y municipios, con una asignación presupuestaria acorde. Promover un sistema de protección social integral por medio de la concreción de medidas como las aquí esbozadas requiere cambios de concepciones así como reordenamientos de la institucionalidad y de la organización presupuestaria. Sería apropiado, por ende, y cuando la oportunidad y la correlación de fuerzas políticas lo permita durante el próximo gobierno, avanzar en la sanción de una Ley Nacional de Protección Social que consolide la construcción de un sistema de protección social integral y federal.