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28.09.2011 | Derechos

El acceso al aborto es un problema de salud pública y derechos humanos

Desde 1990, movimientos de mujeres y feministas conmemoran el 28 de setiembre, como el Día Internacional por el Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe. Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), comparte su opinión sobre el tema.

Mabel Bianco
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El aborto es un problema de salud que afecta a muchas mujeres, parejas y familias en Argentina. Si bien desde 2003 existe el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que permite a todas las mujeres recibir información sobre la reproducción y los métodos anticonceptivos para las que no puedan o deseen embarazarse. Pero todavía no todas las mujeres tienen acceso a estas prestaciones, especialmente porque no las conocen o porque los propios servicios de salud no los brindan. En estos casos, hay situaciones en las que a las mujeres les resulta imposible continuar la gestación por múltiples causas.

Además, hay situaciones imprevistas que no se pueden prever, por ejemplo, que se rompa un preservativo o que una mujer sea violada. Éstas son situaciones habituales lamentablemente y a las cuales hay que dar respuesta. En estos casos, lo ideal es el uso de la anticoncepción hormonal de emergencia, un método que no es abortivo y que es más efectivo hasta las siguientes 96 horas del accidente, pero muchas veces no se llega a tiempo y ocurre el embarazo.

Otras mujeres atraviesan enfermedades graves y deben interrumpir un embarazo porque afecta su salud y su vida. Por otra parte, cada día es mayor el número de mujeres jóvenes y adolescentes que son violadas y/o abusadas sexualmente y que por tanto no pudieron evitar un embarazo.

El Código Penal desde 1922 reconoce que el aborto no es punible en dos situaciones: el riesgo para la vida y la salud de la mujer y las violaciones y atentados al pudor. Las violaciones están contempladas como causa de excepción para permitir abortos a cualquier niña o mujer víctima de delito sexual. En tanto, el atentado al pudor se refiere a las mujeres “idiotas o dementes” en las cuales no es posible el consentimiento de la relación sexual, por eso en su caso no se habla de violación.

Estas dos excepciones que permiten el aborto legalmente no se cumplen en el país y las mujeres encuentran obstáculos de todo tipo. Es por eso que a diario nos enteramos de pedidos de mujeres, adolescentes o niñas y de sus familiares para poder interrumpir un embarazo que, a pesar de encuadrar en alguna de estas dos excepciones, se les ha negado en los hospitales públicos. Muchos de estos casos terminan “judicializados” sin necesidad y aun así no se logra que accedan al aborto no punible.

Así, y a pesar de las prohibiciones, muchas mujeres que toman la decisión de interrumpir el embarazo se ven obligadas a hacerlo con técnicas inseguras y que ponen en riesgo su salud y su vida. Sobre todo las mujeres más pobres, porque las que tienen dinero o recursos sociales también lo hacen en el anonimato y fuera de la ley, pero en lugares seguros. Lo que sabemos es que una vez que una mujer decide interrumpir el embarazo la penalización y prohibición no la hace desistir.

Por eso el Ministerio de Salud de la Nación debe aprobar por resolución el Protocolo de Atención del Aborto No Punible que elaboró para que se implemente en todo el país.

Pero además es necesario que se discuta en el Congreso una legislación que deje de perseguir penalmente a las mujeres más vulnerables y permita interrupción voluntaria de embarazo en las primeras doce semanas de gestación y más allá de ese plazo en determinadas circunstancias, incluyendo las que ya contempla el Código Penal y ampliando a otras como por ejemplo las malformaciones fetales incompatibles con la vida.

Porque las que sufren, se enferman y mueren son las más pobres. Esto es una injusticia intolerable.

 

Por Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).


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