El Gobierno interviene en el conflicto petrolero de Santa Cruz

El conflicto petrolero de Santa Cruz, que ya acumula 22 días de inactividad, ingresó ayer en un nueva instancia de tensión tras el doble involucramiento que tuvieron la justicia provincial y el ministerio de Trabajo de la Nación.

Por un lado, el juez de instrucción de Caleta Olivia, Mario Albarrán decidió intervenir el Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz y desplazar a la conducción que encabeza Héctor “Chaco” Segovia, quien se opone al paro y mantiene un duro enfrentamiento con el secretario adjunto, Rubén Retamoso, que lleva adelante la medida de fuerza.

Y por otro lado, ante la inacción de la Federación Nacional de Petroleros que según la justicia tiene que intervenir el gremio patagónico, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada salió a meter presión y designó un funcionario que deberá “garantizar el normal funcionamiento del sindicato “.

Si bien Tomada aclaró que el representante de Trabajo –Roque Luis Vitale– “no es interventor, ni delegado normalizador y sólo actuará hasta que la Federación cumpla con la medida judicial”, su nombramiento implica una virtual “intervención” de la Nación en el conflicto que ha ido escalando en agresividad y tirantez.

Lejos de levantarse, ayer el paro siguió vigente sin que las partes enfrentadas dieran indicios de querer resolver las diferencias. Segovia –el titular del gremio petrolero que fue removido por la Justicia– cargó duro contra el gobernador Daniel Peralta y lo acusó de estar “incendiando la provincia” de la presidenta Cristina Fernández. (Ver página 5 ) El conflicto se inició el 1 de abril y desde entonces se encuentran paralizados todos los yacimientos petroleros de Santa Cruz ubicados en la cuenca del golfo San Jorge, de donde sale el 95% de la producción provincial. Además de impactar en la cuentas fiscales de la provincia que está dejando de recuadar unos $ 3 millones diarias en concepto de regalías, el paro también está afectando la oferta interna de crudo con una reducción del orden del 20% que amenaza con provocar problemas de abastecimiento de naftas y gasoil en los próximos días.

La huelga –que lanzaron la mayoría de los delegados con el apoyo de Retamoso– se sustenta en tres puntos: el rechazo del aumento no remunerativo de $ 25.000 que cerró Segovia, la firma de un nuevo convenio colectivo que reemplace al vencido en 2007 y la renuncia de la conducción provincial del gremio.

Tras un planteo de las autoridades provinciales, la justicia de instrucción de Caleta Olivia decidió intervenir el gremio e intimar a la Federación Nacional de Petroleros para que designe una comisión normalizadora. Según explicó el secretario de Trabajo de Santa Cruz, Raúl Santibánez “se pidió la intervención de la justicia porque hay una situación anárquica dentro del sindicato, un incumplimiento de una conciliación obligatoria dictada por Trabajo y graves perjuicios económicos que acarrea la provincia”.

Horas después de conocerse la medida judicial, el ministro Tomada anunció el envío de un representante de su cartera a la provincia “para garantizar el normal funcionamiento del gremio”.

Tras otorgarle al conflicto un “carácter intersindical”, Tomada reconoció que la participación del ministerio se debió a que la Federación no tomó ninguna medida para dar cumplimiento a la resolución judicial que le ordenó normalizar el gremio de Santa Cruz.