Ya lo sancionó la Cámara de Diputados. Después, la Cámara de Senadores lo aprobó en general. Y ahora está pendiente el próximo paso: los senadores tienen que acordar una fecha para discutirlo “en particular”, es decir, artículo por artículo.

Se trata del proyecto de ley que extiende un conjunto de beneficios laborales y sociales a más de 1.100.000 de empleadas domésticas, un 73% de las cuales no está registrada o se desempeña “en negro”.

La iniciativa podría convertirse en ley en pocos días. Pero todavía queda un obstáculo por superar: ni el oficialismo ni la oposición saben cómo se financiarán los derechos de la Seguridad Social que consagra la nueva ley. En este punto, el texto aprobado es ambiguo y transfiere al Poder Ejecutivo la decisión de fijarlo.

El proyecto extiende al personal doméstico que trabaja en casas particulares el régimen de asignaciones familiares (como la asignación por matrimonio, nacimiento o adopción) y la licencia de 90 días por maternidad que pasará a estar a cargo de la ANSeS, que pagará el sueldo durante ese lapso.

Otro punto importante es que también obliga a los empleadores a contratar un seguro por accidentes de trabajo para la empleada doméstica, a través de una Administradora de Riesgos del Trabajo (conocidas por la sigla ART).

Actualmente, las empleadas domésticas cuentan con un régimen laboral y de seguridad social especial, que tiene un alcance limitado. Por ejemplo, están excluidas del régimen del salario mínimo vital y móvil, de las asignaciones familiares y cuentan con sueldos mínimos más bajos, que son fijados por el Ministerio de Trabajo.

En tanto, a cambio del pago de una suma fija de $95 mensuales (entre el aporte de $60 de la trabajadora y $35 de la contribución del patrón) tienen la cobertura previsional y de la obra social.

Cobran la asignación por hijo, aunque deben pagar, como aporte propio, un adicional de $60 por mes por cada chico o familiar a cargo para que tengan la cobertura de la obra social.

Y no tienen ART ni cobran el resto de las asignaciones familiares, como por matrimonio, nacimiento o la licencia por maternidad que paga la ANSeS al resto de los trabajadores.

Para financiar los nuevos beneficios, el artículo 38 del texto aprobado por Diputados dice que “el Poder Ejecutivo fijará las alícuotas de los aportes y contribuciones que deberán cotizar los trabajadores y sus empleadores, que guardará un criterio de proporcionalidad con el monto de la remuneración percibida por el trabajador/a y con los ingresos del grupo familiar conviviente del empleador”.

De este párrafo se infieren al menos varias modificaciones: Si bien no se equiparan las contribuciones y aportes sociales con las que rigen para las empresas públicas o privadas (en ese caso el costo medio total por 8 horas de trabajo diario podría superar los $500 mensuales por trabajadora) y habría un régimen especial, está previsto un incremento en el costo de los aportes y las contribuciones sociales cuya decisión se transfiere al Gobierno.

Desaparece la cuota fija porque se precisa que los aportes y las contribuciones dependerán tanto del salario como de los ingresos del grupo familiar del empleador. O sea, esos pagos serán crecientes en función del salario de la empleada y también según el nivel de los ingresos del empleador. Esto punto recibió críticas de la oposición que considera que es “algo complicado de controlar”.

El sindicato que representa los empleados domésticos (la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares, UPACP) lanzó una campaña publicitaria en la que asegura que no habrá ningún aumento en los aportes. Basa su argumento en que la nueva ley no deroga el actual régimen especial de cuota fija vigente hace 11 años, que hoy es de $95 mensuales. Pero no tiene respuesta cuando se les pregunta por el texto del artículo 38 que modifica los costos de ese régimen especial.

Entre los legisladores del oficialismo nadie sabe o no quieren adelantar el alcance del artículo 38. En tanto, legisladores de la oposición, como el senador Alfredo Martínez (UCR), le dijeron a Clarín que no van a votar el artículo 38 tal como está redactado porque sería firmar “un cheque en blanco” ya que, si se encarece mucho el sistema, podría neutralizar el objetivo de esta ley que es “ampliar el blanqueo” del sector otorgando más beneficios a sus trabajadores. El legislador se inclina por crear algún Fondo que financie parte o todo el incremento de los costos.

Con relación al seguro de la ART, la controversia es otra. El gremio dice que el costo sería de $20 por empleada. En las ART aseguran que no bajaría de $100 por mes, salvo que alguien financie la diferencia.