Amenazan con demandar a Buryaile si no controla el precio de la yerba

Posadas (Corresponsalía).- Los intendentes de los principales municipios yerbateros de Misiones amenazaron con denunciar penalmente al ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, por no hacer cumplir los precios fijados para la hoja verde y la yerba canchada. Los representantes del sector aguardan nuevas reuniones con los funcionarios nacionales para instrumentar medidas concretas para percibir los valores fijados a través de un laudo de la Secretaría de Agricultura.

Los alcaldes fueron esta vez los encargados de llevar los reclamos de los productores al gobernador Hugo Passalacqua, diputados provinciales y al ministro del Agro y la Producción de Misiones, José Luis Garay. Los mayores incumplimientos se dan principalmente en la zona centro y norte de la provincia.

Los productores este año perdieron más del 30% de la materia prima por el exceso de lluvias. La fuerte caída en la producción no ayudó a mejorar los precios que los pequeños productores reciben por la materia prima.

En la reunión, los intendentes aceptaron la intermediación de Passalacqua y Garay para una nueva reunión con funcionarios nacionales. Sin embargo, dejaron en claro que un nuevo fracaso en las tratativas derivaría en una denuncia penal contra Buryaile y el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Los yerbateros sostienen que el incumplimiento de los valores -seis pesos por kilo de hoja verde y 22 por kilo de canchada- se debe a la escasa fiscalización del INYM, que depende de Agroindustria.

A principios de este año, un grupo de productores tomó las instalaciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate en Posadas. Además de exigir que se cumplan los precios, pidieron que se cupifique la cosecha -los productores medianos y grandes deberían dejar de cosechar el 20% de sus yerbales- para limitar la oferta de materia prima y así equilibrar el mercado.

Los dirigentes yerbateros denunciaron en marzo pasado que percibían por la materia prima apenas el 60% del valor oficial y con plazos de pago extremadamente largos. Pese a las promesas, la situación no cambió y ahora el reclamo amenaza con judicializarse.