La Justicia española anula la resolución secesionista catalana

“Solo hay una soberanía: la que ejerce el conjunto del pueblo español que no puede fragmentarse”. Con esta frase, el Alto Tribunal aceptó el recurso interpuesto por el gobierno español contra el plan rupturista que desembocaba en la proclamación de una República catalana.

La resolución, por lo tanto, da primacía al texto constitucional. En el programa secesionista se manifestaba que los independentistas no aceptaban a instituciones españolas como el Tribunal Constitucional (TC). Revindicaban, además, que el Parlamento catalán sólo iba a aceptar las decisiones que le parecieran correctas de los españoles. El plan que declaraba el inicio de un proceso hacia la creación de una república independiente en 2017 había sido aprobado el 9 de noviembre por el parlamento catalán, dominado por una mayoría absoluta de los separatistas tras las elecciones del 27 de septiembre.

La sentencia de ayer señala que la resolución “vulnera las normas constitucionales que residencian en el pueblo español la soberanía nacional y que, en correspondencia con ello, afirman la unidad de la nación española titular de esa soberanía”.

Sostiene la sentencia que Cataluña ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo a lo que establecen la Carta Magna y el presente estatuto de Autonomía.
El Tribunal Constitucional da así la razón al recurso presentado por el gobierno del conservador Mariano Rajoy, con el apoyo de la mayoría de fuerzas españolas en la oposición.
Numerosos especialistas, incluso de la Unión Europea, han destacado que el predominio de un Parlamento regional sobre el nacional no tiene antecedentes legales.

La Constitución se presenta “como norma incondicionada y condicionante de cualesquiera otras en nuestro ordenamiento”; se trata de una “norma superior a la que todos –ciudadanos y poderes públicos– quedan sujetos”. Pero tal sometimiento a la Constitución no es sino otra forma de sumisión a la voluntad popular expresada como “poder constituyente”, por lo que, concluye la sentencia, en el Estado constitucional “el principio democrático no puede desvincularse de la primacía incondicional de la Constitución”.

El Alto Tribunal justifica la rapidez con la que ha resuelto el recurso de inconstitucional en que así lo exige la “trascendencia constitucional” de la impugnación.

El Govern (Ejecutivo catalán) rechazó la decisión y mantiene el mensaje de que el TC ha perdido “toda la legitimidad” en Cataluña, especialmente después de que “se haya dejado reformar” por parte del Gobierno.

Esto desata un grave conflicto ya que el Constitucional envió 21 notificaciones al Ejecutivo catalán. Entre los funcionarios está el presidente de la Generalitat y líder de Convergencia, Artur Mas, y la presidenta del parlamento Carmen Forcadell.

Además, el gobierno anunció que hace responsable del cumplimiento de esta declaración del Tribunal a Forcadell. Si la presidenta se niega a reconocer la autoridad del Constitucional, como lo establece el nuevo plan de ruptura, será inhabilitada en sus funciones.

“Tengo la convicción de que la mayoría de la sociedad española desea que se defienda la unidad de la nación desde la unidad de las fuerzas políticas. En esto vamos todos juntos”, afirmó Rajoy. “Vamos a utilizar toda la fuerza del estado de derecho. Y ese es el primer paso. Entiendo el hartazgo y la indignación que este desafío provoca en tantos españoles. Estén tranquilos y confíen en sus instituciones. Cataluña no se va a desconectar de ningún sitio ni se va a producir ninguna fractura. Nadie tendrá que renunciar a su nacionalidad española y europea”, añadió.

El castigo es la inhabilitación y el gobierno se reserva acciones penales. Se habla incluso de rebelión, subversión y prevaricato.

Poco después que se conociera la decisión del Alto Tribunal el gobierno catalán respondió que seguirá adelante con el plan rupturista, proclamó su desobediencia al Constitucional y prometió seguir adelante pese a la amenaza de inhabilitación, y cosas peores, si continúa la rebeldía que los pone en la ilegalidad.

¿Aplicará Rajoy el artículo 155 de la Constitución que prevé la suspensión de la autonomía? El presidente del gobierno insiste en que no quiere llegar a una situación que, prácticamente, es de quiebra total.

Pero los independentistas no ceden. Hay otras medidas de las que puede echar mano el gobierno central: intervenir la tesorería catalana, apartar al actual mando de la policía local y enviar funcionarios centrales a dirigir a los Mossos de Esquadra.

Ya está en marcha la movilización de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la catalana, para que informen de todas las personas que insistan en desobedecer al Constitucional y aplicar el plan rupturista con todas sus consecuencias. Las acusaciones serán de sedición y rebelión penadas con 15 a 25 años de cárcel.