Cataluña: pactan contra reloj un nuevo gobierno independentista

Cuando estaban a punto de agotarse todos los plazos, Artur Mas, el presidente en funciones de la Generalitat y líder de Convergencia Demócratica, anunció que había tomado “la dolorosa decisión de dar un paso al lado” y no presentarse como candidato de Juntos por el Sí a la reelección. Así, no habrá comicios adelantados.

O sea que hoy, último día posible, cuando comience a las 4 de la tarde la sesión de investidura para titular del Ejecutivo, Artur Mas propondrá otro candidato a los diputados en nombre de la coalición Juntos por el Sí, que integran Convergencia Democrática y Esquerra Republicana.

El carismático líder de la irrupción independentista en Cataluña aclaró que no se retira de la política, que podría en el futuro presentarse otra vez a la presidencia, y que se dedicará exclusivamente a conducir la renovación de Convergencia Democrática.

Mas anunció que postulaba como su sucesor al alcalde de Girona, Carlos Puigdemont, de Convergencia Democrática, quien arrebató la importante ciudad capital a los socialistas que gobernaron 32 años. Puigdemont no es una personalidad conocida en España y se lo consideraba un político independentista de mediano prestigio crecido en torno a la influencia de Artur Mas.

Es presidente de la Asociación de Municipios para la Independencia, que ha jugado un papel importante en el secesionismo y participó en la organización de las grandes concentraciones populares en las tres últimas Diadas, Día Nacional de Cataluña.

Mas tomó la decisión de “dar un paso al lado” después de más de tres meses de parálisis institucional después que las elecciones del 27 de setiembre pasado consagraran una endiablada aritmética de relación de fuerzas.

La CUP (Unidad Popular) decidió el domingo pasado un tercer rechazo “definitivo” de Mas, aunque sus militantes estaban muy divididos. Mas advirtió que no pensaba ceder y quería “plantar cara a Madrid”, insistiendo en su candidatura. Pero los independentistas temían, con sondeos de opinión en la mano, que en las elecciones adelantadas podrían perder muchos votos con un avance de la coalición Podemos y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que fue la lista más votada en las generales del 20 de diciembre.

Otros sondeos reservados advertían que Mas resultaría muy castigado por las urnas y que Esquerra Republicana, aliado en Juntos por el Sí pero enconado adversario en la hegemonía del movimiento secesionista, se impondría con claridad de Convergencia Democrática, liderada por Artur Mas.

Esquerra y sus principales dirigentes arremetieron para forzar un acuerdo entre la CUP y Convergencia. Hubo manifestaciones populares en las que se advertía que el camino fratricida conspiraba abiertamente contra el proceso secesionistas.

Al final, a Mas y la CUP no les quedó otro camino que ceder o sumergirse en un profundo camino de aislamiento político.

El origen de esta situación se encuentra en los resultados de las elecciones regionales del 27 de setiembre. Los independentistas sumaron 62 diputados y sus adversarios 63. Para lograr los 68 votos de la mayoría absoluta necesitaban de los diez diputados de la CUP, un grupo anticapitalista de ultraizquierda, independentista extremo, pero que se negaba a apoyar a Artur Mas.

Las negociaciones se extendieron interminablemente con dos sesiones de investidura en los que la CUP bloqueó a Mas. Para ablandarlos, Juntos por el Si votó el 9 de noviembre pasado un plan de desconexión de España que culminaría en la formación de una serie de instituciones que darían lugar a la República Catalana.

Además, la decisión parlamentaria consagraba la desobediencia contra aquellas leyes que los diputados catalanes consideraban contrarios a los intereses de la comunidad. Especialmente, rechazaban al Tribunal Constitucional que, por pedido del gobierno de Mariano Rajoy, declaró ilegal el programa de desconexión y desobediencia.

Además, la alta instancia judicial advirtió a funcionarios del gobierno y el Parlamento que si persistían en su decisión serían sancionados con fuertes multas y castigos que incluirían la inhabilitación en sus cargos públicos. En medio de un clima muy dramático, se mencionó al artículo 155 de la Constitución Nacional que prevé la suspensión de una comunidad autónoma. También se recordó que la policía autónoma catalana integra las fuerzas de seguridad del estado y, en caso de desobediencia o conflicto, el gobierno central podría enviar un nuevo jefe desde Madrid.

Sin embargo, la falta de un nuevo gobierno por el bloqueo de la CUP paralizó las actividades del parlamento y el gobierno y ya no se produjeron nuevas medidas del Tribunal Constitucional.