En medio del drama que se vive en España por los desalojos de viviendas por falta de pago de las hipotecas, el gobierno del Partido Popular aprobó ayer un decreto ley que suspende por dos años los desahucios que afectan a las situaciones familiares más graves. Pero las medidas no son retroactivas, así que quienes han perdido sus hogares no podrán beneficiarse.
Además, se crea un “fondo social de vivienda” para quienes hayan perdido sus casas debido a la debacle económica. Se calcula que después del estallido de la “burbuja inmobiliaria” han quedado 700.000 departamentos vacíos que se sumaron a los dos millones que existían antes de la crisis.
Estas decisiones se adoptaron después de tres días de negociaciones que al final fracasaron entre el ejecutivo y el opositor PSOE. Cabe recordar que durante el anterior gobierno socialista se rechazaron en el Parlamento todas las numerosas iniciativas presentadas por grupos minoritarios. Los socialistas ayer pidieron perdón, y criticaron el decreto del Ejecutivo. La secretaria de Política Económica del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, dijo que es un “parche” que “sólo sirve para beneficiar a los mercados”.
El problema de los desalojos por falta de pago hipotecario, unos 400.000 trámites abiertos desde 2008 , se ha convertido en una tragedia después de que dos desahuciados se suicidaran en las últimas tres semanas. Estos hechos generaron un gran impacto social pese a lo cual el gobierno y los socialistas no se pusieron de acuerdo.
Los desalojos fueron aumentando rápidamente a medida que se incrementaba la desocupación que ha llegado a 5,7 millones de personas, el 25% de la población activa.
La bolsa de pisos para alquilar saldrá de las viviendas que permanecen en manos de la banca, que se los ha adjudicado porque sus propietarios las perdieron por impagos hipotecarios.
Los alquileres, aclaró el gobierno, tendrán precios bajos y en el futuro habrá más medidas para paliar los desalojos.
Se podrán beneficiar los grupos sociales con ingresos más bajos, con bebés, o pertenecientes a familias numerosas .
También núcleos monoparentales con hijos menores de tres años a su cargo, personas con discapacidad superior al 33%, en situación de dependencia o enfermedad que impida trabajar o que hayan sufrido violencia de género.
Incluso podrán beneficiarse deudores desocupados y que hayan agotado la prestación por desempleo, y los casos en los que convivan con el deudor personas con discapacidad, dependencia, enfermedad grave o víctimas de violencia doméstica. Además, será necesario tener una renta inferior a 1.600 euros mensuales (2.041 dólares), o que se haya producido una alteración significativa de las circunstancias económicas. Otra condición es que la vivienda hipotecada sea la residencia habitual.
Varios grupos opositores criticaron ayer las medidas oficiale s señalando que sólo solucionan el problema del desahucio “por la mitad”. Las organizaciones que defienden a los desalojados describieron a las decisiones del gobierno como “absurdas” y reclamaron que se apliquen “en todos los casos de vivienda habitual y con motivos de insolvencia sobrevenida”.
“Stop Desahuciados”, una plataforma de afectados, señaló que “el decreto deja fuera a miles de afectados, por lo que es insuficiente”. Además, los sectores afectados y la oposición exigen que se apruebe la “dación por falta de pago”, o sea cuando el banco acreedor se queda con la vivienda para cancelar la deuda. Los bancos españoles, cuando asumen una propiedad por falta de pago, continúan cobrando la hipoteca si el piso ha perdido valor y no llega a cubrir el dinero que se pidió a la entidad financiera.
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