El gobierno populista italiano se unió estrechamente para aprobar una ley que establece medidas muy restrictivas contra los inmigrantes: hasta puede quitar los permisos de residencia que se otorgaron por motivos humanitarios.
La batalla en las cámaras se convirtió en un voto de confianza del decreto propuesto por el hombre fuerte Matteo Salvini, quien obtuvo un éxito político notable que lo proyecta hacia la condición de jefe del gobierno en probables elecciones anticipadas en 2019.
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Salvini es el ministro del Interior y viceprimer ministro, líder de la xenófoba y nacionalista Liga. El voto de confianza, que logró 336 a favor con 246 abstenciones, colocó en una posición difícil a su principal aliado, el Movimiento 5 Estrellas de Luigi Di Maio, porque debió apoyar todas las medidas duras para los inmigrantes que antes había cuestionado una parte consistente del otro gigante populista en el gobierno.
En una triunfal conferencia de prensa, que contrastaba con las protestas de la oposición y el silencio humillante de los 5 Estrellas de Di Maio, Salvini expresó su "enorme satisfacción" por una norma que "dará más tranquilidad, orden y reglas en las ciudades".
Sonriente, con los medios. (Reuters)La flamante ley abarca la inmigración, la seguridad pública y el impulso contra el crimen organizado.
Con las airadas protestas, Giovanni Gianini escribió en el diario romano La Repubblica que “el ministro del miedo ganó" y así se "ha sido cumplido otro pequeño gran paso del ocaso civil y moral de este país”.
Calificó a las medidas como "devastadoras" para la democracia liberal. Entre ellas sobresale la cancelación del permiso de residencia por motivos humanitarios: sólo serán introducidos permisos especiales temporales por motivos de salud y para víctimas de abusos violentos y calamidades naturales.
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Salvini ha sido el gran protagonista en los primeros 3 meses del gobierno populista en la represión contra los inmigrantes ilegales, cuyo arribo a través del mar Mediterráneo ya había disminuido mucho durante la última gestión del gobierno del partido Democrático.
Hasta este mes sólo 22.000 migrantes desembarcaron en Italia, contra 114.000 en 2017 y 167.000 en 2014. Pero la percepción de los italianos es que la “invasión” continúa y que hay demasiados extranjeros ilegales.
La popularidad creciente de Salvini y la Liga se revela en los sondeos que le asignan un 36,8% de los votos contra el alicaído Movimiento 5 Estrellas con 27,7%.
La oposición afirma que las nuevas medidas son tan rígidas que producirán en 2 años 130.000 inmigrantes clandestinos y que en 2020 llegarían a 600.000.
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La ley, que formalmente debe recibir una aprobación final tras el voto de confianza, establece la extensión de la permanencia obligatoria de los extranjeros que se encuentran en los Centros de Permanencia: de 90 pasa a 180 días, para estudiar la repatriación de la mayoría.
Otra medida amplía la gama de delitos que le permiten al gobierno revocar o negar la protección internacional a un inmigrante. A la violencia sexual y las lesiones graves se agregan la rapiña violenta, las lesiones a un oficial público y el robo o hurto en una casa. En todos esos casos el gobierno procederá a la inmediata expulsión.
También se contempla echar a quienes sean considerados “una amenaza a la seguridad nacional”.
Muchos alcaldes italianos han protestado por la rigidez de las medidas, sosteniendo que servirán para multiplicar el número de clandestinos abandonados a su destino en las calles.
En los últimos meses a 23.000 extranjeros se les revocó la protección humanitaria y salieron del circuito de la acogida.
La ampliación de la legítima defensa, contestada por la oposición, se puso imprevistamente en el centro del escenario cuando en la madrugada del martes el propietario de una casa de neumáticos cerca de Arezzo, en la Toscana, mató a balazos a un clandestino de origen moldavo que entró a robar con una capucha puesta.
"Yo estoy con el comerciante", declaró el ministro del Interior Salvini.
La nueva ley amplía el uso de las pistolas eléctricas Taser a la policía, los carabineros y los agentes municipales en todo el país y extiende el uso obligatorio de un aparato electrónico a los imputados de maltratos familiares.
Las medidas de seguridad abarcan las protestas. Los responsables de ocupar edificios podrán sufrir condenas de hasta 4 años de cárcel, igual que quienes promuevan “sit in” en las calles o en las vías del ferrocarril: esos pasarán a ser delitos penales en vez de infracciones administrativas.
En los centros de las ciudades y en áreas dedicadas a mercados, ferias y hospitales se aplicarán medidas de prohibición a los inmigrantes considerados peligrosos. Y además, las agencias que alquilan vehículos deben comunicar datos de sus clientes para constatar identidad y biografías, para evitar posibles atentados terroristas por atropello, como ha ocurrido en Niza, Berlín y Londres, entre otras ciudades europeas.
Roma. Corresponsal
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