Lanzan una “operación limpieza” contra opositores en Nicaragua y hay otros 10 muertos

Al menos diez personas, entre ellos cuatro policías y una niña, murieron este domingo en varias ciudades de Nicaragua durante operativos de paramilitares aliados del régimen de Daniel Ortega contra manifestantes atrincherados en barrios y carreteras, aseguró un organismo de derechos humanos independiente.

La situación fue principalmente tensa en la ciudad de Masaya, a 27 kilómetros de la capital, que se encuentra sitiada y bajo ataque por parte de fuerzas combinadas de la policía y paramilitares, denunció Álvaro Leiva, director de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH, independiente). Leiva dijo al Canal 15 (privado) que era urgente establecer un “corredor humanitario” para evacuar una gran cantidad de heridos y poder salvar vidas.

“No podemos evacuar heridos en este momento. Por favor, como un gesto humanitario que se abra un corredor para sacar a los heridos. La ciudad (de Masaya) está bloqueada. No hay forma de entrar ni de salir y negar la atención médica a los heridos de un conflicto se convierte en un crimen de lesa humanidad”, agregó.

Según el activista de derechos humanos, entre los fallecidos hay cuatro policías antimotines y una niña de diez años de Catarina (sur de Masaya) que recibió un impacto de bala en el abdomen. “La niña falleció por falta de atención médica”, aseguró.

“Van a destruir Masaya, está absolutamente rodeada” por fuerzas gubernamentales, dijo a la agencia AFP la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.

Los pobladores del aguerrido barrio Monimbó de Masaya resistieron el ataque de los antimotines y paramilitares. “Nos están atacando la policía nacional y parapolicías encapuchados y armados con AK y ametralladoras a nuestro barrio indígena de Monimbó”, denunció en horas de la mañana Álvaro Gómez, un poblador del lugar. Leiva, en tanto, lanzó un “SOS” a los obispos de la Conferencia Episcopal, al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El secretario de la CIDH, Paulo Abrao, dijo en Twitter estar en conocimiento de “la represión violenta a las poblaciones de Masaya. El estado parece ignorar el diálogo” con la oposición.

Ante el asedio, organizaciones de la sociedad civil se dirigían este domingo hacia Masaya desde Managua en una caravana de solidaridad, dijo el líder estudiantil Lesther Alemán.

Por su parte, el sitio oficialista El 19 Digital, señaló que “Niquinohomo es un territorio liberado de tranques (bloqueos)”, en el marco de la llamada “operación limpieza” que incluyó a los distritos sureños Diriá, Diriomo, Catarina y Monimbó.

La incursión se produce en medio de la ofensiva que el gobierno emprendió a inicios de julio para “limpiar” a punta de balas las barricadas que los manifestantes levantaron en las principales carreteras y ciudades del país en el marco de las protestas, que dejan más de 350 muertos desde el 18 de abril. Fue entonces cuando estalló una rebelión por cambios en el seguro social, que luego derivó en el pedido de renuncia de Ortega y su vice y esposa, Rosario Murillo.

Policías y paramilitares asediaron entre viernes y sábado a unos 200 estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), en un violento asalto que dejó dos jóvenes muertos y 14 heridos. Tras unas 20 horas de terror, una gestión de la Iglesia católica permitió a los jóvenes salir del templo Divina Misericordia, donde se refugiaron tras ser tiroteados en la UNAN, en el suroeste de Managua.

“Nos estaban tirando a matar. Fue durísimo, ellos con armas de alto calibre nosotros solo con morteros”, contó un joven en la céntrica catedral de Managua, donde fueron llevados en buses escoltados por ambulancias y por la comitiva eclesiástica que encabeza la mediación.

La UNAN, donde los muchachos estuvieron casi tres meses en barricadas, era el último bastión de resistencia de los estudiantes, punta de lanza de la sociedad civil que exige la renuncia de Ortega, a quien acusan de una brutal represión y de instaurar un régimen corrupto. Ortega, un ex guerrillero sandinista de 72 años, ha sido señalado por sus adversarios de sostener una dictadura junto a su esposa mediante un control total de los poderes del Estado.

“Hemos sido testigos de la falta de voluntad política del gobierno para dialogar sinceramente y buscar procesos reales que nos encaminen hacia una verdadera democracia, negándose reiteradamente a abordar la agenda de democratización”, dijeron los obispos católicos en un comunicado la noche del sábado.

Los religiosos de la Conferencia Episcopal son mediadores y testigos en el diálogo entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica, en busca de una salida a la crisis que vive el país tras la ola de protestas en demanda de salida del poder de Ortega.

Los obispos plantearon en la mesa de diálogo adelantar las elecciones de 2021 a 2019, pero el mandatario rechazó esa posibilidad. Aún así, el nuncio apostólico, Stanislaw Waldemar Sommertag, reiteró el “pleno apoyo” del papa Francisco al diálogo: “Hay que tenerlo con vida”.

Los opositores a Ortega iniciaron el jueves una serie de protestas, con una marcha masiva en la capital y otras ciudades, un paro de labores el viernes, y una caravana el sábado, con el fin de presionar al gobierno.

Fuente: agencias AFP, DPA y EFE