Nicaragua protesta contra Ortega: cinco meses de asesinatos impunes y detenciones ilegales

Nicaragua cumple este martes cinco meses del inicio de la peor crisis política en las últimas décadas, con manifestaciones de protestas contra el régimen de Daniel Ortega y una furibunda represión que ha dejado 481 muertos, mientras aumenta la preocupación por las detenciones ilegales y el enjuiciamiento de cientos de manifestantes antigubernamentales.

Las protestas estallaron el 18 de abril, cuando el gobierno pretendió modificar una ley de pensiones, que perjudicaba a los futuros jubilados. Pese a que el régimen de Ortega y su vice y esposa, Rosario Murillo dio marcha atrás, las manifestaciones comenzaron a exigir la renuncia dela pareja presidencial.

Juristas y activistas de derechos humanos denunciaron que a la fecha existen más de 300 procesados, todos manifestantes opositores, de los cuales 136 son acusados de terrorismo y otros graves delitos. Mientras, decenas más permanecen tras las rejas de forma ilegal sin acusación en su contra.

Entre los judicializados están tres líderes campesinos, cuatro promotores de derechos humanos, 24 jóvenes del movimiento universitario que encabeza las protestas contra el presidente Daniel Ortega, ex militares y ciudadanos que exigían la libertad de sus familiares detenidos o secuestrados.

"Nos aproximamos a más de 500 presos políticos, 200 están privados de libertad sin acusación, pero no hay ni un solo paramilitar, ni un solo agente del Estado que esté encausado por los muertos", advirtió Gonzalo Carrión, asesor jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh, independiente).

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH, independiente) afirma que 481 personas, en su mayoría jóvenes manifestantes, murieron desde abril producto de la acción policial y paramilitar. Un dato que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cifra en 317, mientras el Gobierno solo reconoce 198 muertos.

Al cumplirse cinco meses de protestas, el Gobierno pasó de "la represión que en un principio fue violenta y sangrienta a los tribunales de justicia" llevando a cabo una detenciones en base a una "persecución selectiva", afirmaron expertos.

Las detenciones fueron realizadas por la policía en todas las provincias del país al amparo de una ley hecha a la medida del Gobierno de Ortega y aprobada en junio -tres meses después de iniciada las protestas- por el Congreso unicameral que domina el gobernante Frente Sandinista.

La Ley 997, conocida como ley contra el terrorismo, es utilizada "como arma política" por el sistema judicial, también dominado por el partido de Gobierno, afirmó el ex procurador y especialista en derecho penal Alberto Novoa.

"La mayor parte de esas personas encarceladas por protestar no han lavado dinero, no han financiado actividades ilícitas" y "las pruebas para estas acusaciones podrían indicar otro tipo penal, pero no terrorismo", señaló Novoa en declaraciones a El Nuevo Diario.

Para los activistas de derechos humanos algunas de las acusaciones son tan inverosímiles como polémicas.

A Cristian Fajardo, empresario turístico y miembro del Movimiento 19 de Abril de Masaya (suroriente), "se le acusa de financiar al terrorismo por haber facilitado algunos ataúdes para las víctimas de represión de las protestas", explicó el abogado Julio Montenegro, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH, independiente), organismo que acompaña la defensa legal de muchos de los acusados.

A otros se les acusa de terrorismo "por llevar medicinas al puesto médico" de los manifestantes, dice por su parte el activista del Cenidh.

El más reciente caso anunciado por la policía es el de un docente y sindicalista universitario, exhibido junto a banderas de Nicaragua y camisetas alusivas a las protestas como "pruebas" de terrorismo.

El detenido, Ricardo Baltodano, fue dirigente estudiantil en la década de 1970 durante la dictadura de Anastasio Somoza (1967-1979) y fundó la Juventud Sandinista. Es hermano de la ex comandante guerrillera y disidente del Frente Sandinista Mónica Baltodano y su familia afirma que su captura fue ilegal.

Los juristas y defensores de derechos humanos, que han recurrido contra la Ley 997 por inconstitucionalidad, coinciden en que los juicios están llenos de nulidades e ilegalidades, por lo que agotarán todos los recursos para apelar cada caso y posteriormente recurrir a organismos de derechos humanos internacionales.

Fuente: DPA