Niños abusados por curas en España: el gobierno quiere que la Iglesia indemnice a las víctimas aún cuando el delito prescribió y estalla la polémica

Los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia o en ámbitos eclesiásticos enfrentan al gobierno de Pedro Sánchez con la Conferencia Episcopal Española.

El gobierno pretende implementar las recomendaciones del informe que el Defensor del Pueblo realizó sobre violaciones dentro de la Iglesia entre las que postula la creación de un fondo para reparar económicamente incluso a las personas que hayan padecido esa violencia y cuya posibilidad de denunciarlo haya ya prescrito.

“Una persona es víctima haya muerto o no su victimario, y la verdad es la verdad, haya prescrito o no”, dijo el defensor del Pueblo, Angel Gabilondo, cuando presentó su investigación, en octubre del año pasado.

Se trató del primer informe oficial sobre pederastia en el seno de la Iglesia y fue el Congreso de los Diputados el que le encomendó la tarea a Gabilondo.

Según su relevamiento, casi medio millón de españoles sufrieron abusos por parte de curas, religiosos, laicos consagrados o personas vinculadas al clero y sus instituciones.

“Eso es mentira. No corresponde a la realidad”, dijo Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y por entonces presidente -dejó el cargo el mes pasado- de la Conferencia Episcopal Española.

Ahora, seis meses después de su presentación en el Congreso, el gobierno de Pedro Sánchez desempolvó el informe del Defensor del Pueblo y anunció esta semana su intención de indemnizar a las víctimas de abusos que hayan prescrito.

“Con el ánimo de que nuestra democracia salde una deuda con esas víctimas que durante décadas estuvieron olvidadas”, dijo el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

La propuesta, según el borrador del gobierno, “exigiría la colaboración de la Iglesia católica para hacerse cargo de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones y facilitar otros elementos de reparación simbólica”.

Para la Iglesia es discriminatorio

César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal, señaló que el organismo que nuclea a todos los obispos de España y de Andorra “ya adelantó al ministro Bolaños su valoración crítica sobre este plan al fijarse sólo en la Iglesia católica”.

Ya en octubre del año pasado, la respuesta del Episcopado al informe del Defensor del Pueblo denunciaba discriminación. Por entonces, García Magán advertía: “Si hay víctimas de otros ámbitos y otros medios, ¿a ésas las dejamos sin reparación? Estaríamos creando una calificación aleatoria y perniciosa”.

“La Conferencia Episcopal también le manifestó su disposición a colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia pero siempre en la medida en la que aborde el problema en su conjunto”, agregó García Magán este martes.

No todos los integrantes de la institución religiosa, sin embargo, consideran que la propuesta del gobierno se ensaña con la Iglesia.

El arzobispo de Madrid, José Cobo, quien además es vicepresidente de la Conferencia Episcopal, se mostró proclive a “asumir nuestra responsabilidad como Iglesia, colaborando con el Estado en todo lo que haga falta, partiendo de los apuntes que daba el informe del Defensor del Pueblo”.

Una auditoría incómoda

En paralelo al inventario y análisis sobre violaciones dentro de la Iglesia que el Parlamento español le encargó a Angel Gabilondo, la Conferencia Episcopal encomendó una auditoría al estudio español de abogados Cremades & Calvo Sotelo para que realice un informe independiente sobre los casos de abusos en el ámbito eclesiástico.

Los plazos se demoraron más de la cuenta y el resultado del estudio, que había sido anunciado con gran expectativa, se redujo a una discreta presentación del documento que el presidente del estudio de abogados, Javier Cremades, le hizo al cardenal Omella, casi como regalo de Navidad, en diciembre del año pasado.

El documento se llamó “Los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica en España” y el argentino Juan Pablo Gallego fue uno de los especialistas internacionales convocados para participar.

Gallego es abogado, catedrático, consultor y especialista en abusos dentro del clero. Es un referente en la materia por haber logrado, en 2009, que el cura Julio César Grassi fuera condenado a 15 años de prisión por corrupción de menores y abuso sexual de algunos de los chicos supuestamente protegidos en la Fundación Felices los Niños y que Gallego representó como defensor en el juicio contra Grassi.

“La prescripción es un elemento destructivo para la víctima”, apuntó Gallego en una entrevista en Madrid con Clarín mientras trabajaba en la auditoría para el Episcopado español.

Un fondo de 50 millones

Una de las propuestas de ese documento, que no alegró para nada a los obispos, era la creación de un fondo común de unos 50 millones de euros que estaría bajo la coordinación de una comisión independiente que se encargaría de indemnizar a las víctimas con reparaciones de entre 6 mil y 100 mil euros.

“Hemos propuesto que se repare a todos -cuenta hoy Gallego a Clarín-. A todos quiere decir a aquellos casos que no han sido judicializados. En cada diócesis de España tendría que darse un proceso de validación de cada caso para razonablemente demostrarlos.”

“Por supuesto que la aplicación ofrece dudas. Hay centenares de casos que se someten a un proceso de validación porque no ha habido juicios”, aclara.

Sin precedentes

“Es algo que no tiene precedentes a nivel mundial”, subraya el abogado.

“Nos propusimos ir a fondo y creo que hicimos un enorme trabajo. Establecimos normas a seguir en lo sucesivo como indicación a la Iglesia para dar garantías de no repetición, para ofrecer un perdón y efectivamente ofrecer una reparación incluso para los hechos que estén prescritos, algo realmente original a nivel mundial en el ámbito de la Iglesia”, destaca Gallego.

“La aplicación ya está en curso -afirma-. Este anuncio desde la política da un marco, remarca que, tal como lo dictaminamos, se va a dar una reparación, incluso, a los hechos prescritos.”

En una entrevista exclusiva con Clarín, Matteo Zuppi, nombrado por el papa Francisco presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, reconoció en 2022: “La Iglesia ha tomado conciencia de las denuncias de presuntos abusos”.

“Pero debe hacerlo aún más”, admitió Zuppi, que es, además, arzobispo de Bolonia.

Ya en marzo del año pasado, en su intención mensual para la Red Mundial de Oración, el papa Francisco sinceró: “La Iglesia no puede tratar de esconder la tragedia de los abusos, sean del tipo que sean”.