La oposición marcha en Nicaragua y va a otra huelga general contra Daniel Ortega

Bajo sol y lluvia, ondeando banderas de Nicaragua, miles de opositores marcharon en Managua para exigir la salida del poder del presidente Daniel Ortega, desafiando temores tras un recrudecimiento de la violencia que deja más de 350 muertos en tres meses de protestas. “¡Ni un paso atrás!”, “¡Justicia!”, “¡Qué se vaya!”, coreaba la multitud azul y blanco, que avanzó sin incidentes en su recorrido de 7 km por estratégicas vías del sureste de la capital. La lluvia que cayó en un trecho de la ruta no ahuyentó a los manifestantes.

Carolina Aguilar, de 52 años, dijo marchar porque está “harta de un gobierno que mata impunemente”. “No podemos vivir con un asesino, con un alacrán que día a día nos está matando. Daría mi sangre con tal de que esto acabe. Si es lo que quiere: ¡máteme! pero ya deje libre al pueblo”, dijo.

La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que reúne a grupos de la sociedad civil, aumentó con esta marcha su presión, que incluye un paro nacional para este viernes -el segundo durante la crisis- y una caravana el sábado por los combativos barrios orientales de Managua.

Las protestas estallaron el 18 de abril contra una reforma al sistema de pensiones, pero tras la represión se extendieron a la exigencia de salida del poder de Ortega, que gobierna desde 2007 por tercer periodo consecutivo y a quien acusan de crear una dictadura junto con su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

Para contrarrestar la estrategia opositora, el gobierno hará este viernes, también, el llamado “repliegue”, una caravana que anualmente encabeza Ortega por estas fechas hasta Masaya -30 km al sur de Managua- para recordar una gesta de la Revolución Sandinista de 1979.

La celebración del repliegue conmemora una acción táctica que comenzó el 27 de junio de 1979 cuando media Nicaragua estaba en plena insurrección popular y los guerrilleros que coordinaban a las masas en Managua tuvieron que retirarse acompañados por unos 5.000 civiles ante la imposibilidad de derrocar en ese momento a Anastasio Somoza.

El anuncio del gobierno puso en máxima alerta al aguerrido barrio indígena de Monimbó, en el sur de Masaya, donde sus pobladores se mantienen atrincherados tras grandes barreras de adoquines. “Nunca van a entrar, a menos que nos maten a todos”, aseguró en una de esas barricadas un hombre con el rostro cubierto, de gorra y camisa verde olivo.

Ortega, ex guerrillero de 72 años que peleó en la insurrección popular para derrocar a Somoza, intensificó estos días las operaciones en las que policías y paramilitares derriban los bloqueos de vías, agravando la violencia. “Estamos demostrando al régimen que no tenemos miedo. Nos tocó botar a Somoza y vamos a botar a Ortega. Hay que sacarlo porque este hombre ha disparado contra el pueblo que lo eligió”, expresó Fernando Callejas, médico de 67 años. Un día antes de la marcha, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, llamó al gobierno, al presentar un informe ante el consejo permanente de la OEA en Washginton, a “garantizar las protestas pacíficas” y pidió que “cese la represión”.

El gobierno de Ortega considera “delincuentes”, “golpistas” y “terroristas” a los manifestantes opositores. El canciller Denis Moncada calificó el informe de la CIDH de “apresurado”, “prejuicioso y carente de objetividad”. A fin de encontrar una salida a la crisis, la Iglesia propuso adelantar los comicios de 2021 a 2019 en la mesa de negociación entre el gobierno y la Alianza Cívica. Pero el sábado, el mandatario rechazó esa iniciativa.

Tras la negativa de Ortega y una violenta incursión policial y paramilitar el domingo en las ciudades de Diriamba y Jinotepe, en el suroccidente del país, que dejó una veintena de muertos, la Iglesia puso en duda la continuidad del diálogo.

Pero el martes decidió seguir como mediadora de las conversaciones, incluso luego de una agresión que sufrió el lunes un comitiva de obispos y sacerdotes, con la irrupción de grupos progubernamentales en templos católicos de Diriamba y Jinotepe.

El Vaticano anunció este jueves que no presentará una protesta formal al gobierno de Nicaragua tras la agresión sufrida por su nuncio apostólico, Stanislaw Waldemar Sommertag, quien encabezaba la misión con el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes. “El nuncio supo gestionar muy bien la situación. No protestaremos”, explicó el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, en declaraciones al canal católico italiano TV 2000. Los obispos nicaragüenses anunciaron que convocarán a sesiones plenarias en los próximos días, por considerar que el diálogo es la única vía para resolver la grave crisis.

Fuente: AFP y DPA