El país que deja el presidente de Colombia, Iván Duque: inequidad, corrupción y violencia

Este domingo los colombianos comenzaron a elegir al sucesor de Iván Duque Quien resulte ganador recibirá un país dividido, que aún no se repone de la crisis económica derivaba del Covid-19 y con males enquistados durante décadas que han creado una deuda social que va en alza.

"Colombia es uno de los países con mayor inequidad de ingresos e informalidad en el mercado laboral de Latinoamérica", señaló el Banco Mundial en un informe reciente sobre el país, una definición que comparten otros organismos como la OCDE, de la que el país sudamericano hace parte Las cifras son evidentes.

Según la OCDE los ingresos fiscales de Colombia tan solo representan el 20% del Producto Interno Bruto, mientras un "60% de los trabajadores están en una situación de informalidad laboral, la cual los excluye del acceso a la seguridad social y reduce la productividad y los ingresos tributarios".

Así lo señaló el "Estudios económicos de la OCDE" en su capítulo dedicado a Colombia y divulgado en febrero pasado, que mostró que hay "elevadas contribuciones sociales sobre el trabajo" lo que "frenan la creación de empleo formal y mantienen una elevada informalidad laboral".

Estado ausente

A lo que añadió que la pandemia del Covid-19, que dejó tras de sí 139.833 muertos y de la que se contagiaron 6.099.111 personas, puso de "manifiesto" las "lagunas" en el tema de la "protección social", en particular con los "trabajadores informales" y reveló que los "programas de asistencia a los ingresos están muy fragmentados".

Eso sin contar que la mitad de los mayores de 65 años no tienen pensión, mientras que las "prestaciones por pensiones contributivas son regresivas".

Las cifras macroeconómicas tampoco son las mejores: la deuda pública en 2021 se estimaba en 63,8% del PIB, la inflación anualizada para abril se situaba en el 9,23% y en los primeros cuatro meses del año era del 5,66%, de acuerdo a cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Las encuestas recientes han mostrado que uno de los temas que más preocupa a los colombianos, en medio de la crisis, es la corrupción. Fedesarollo, el mas importante centro de pensamiento económico del país, publicó en la víspera los resultados de un estudio sobre la corrupción local, que contó con la participación de 130 expertos, quienes diagnosticaron el asunto y plantearon soluciones.

Según la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), los "agentes corruptores" en el país se dividen en tres categorías: las "redes clientelares" ligadas a la política; aquellos que están detrás de los "grandes intereses económicos", incluyendo grupos económicos y terratenientes; y el crimen organizado.

Para ese centro de pensamiento, la corrupción "suele tener origen en el sistema electoral", porque es allí donde se "captura" a quienes ejercen el poder, que terminan sometidos a intereses particulares.

Mientras Fedesarrollo propuso una serie de soluciones para frenar este fenómeno, que pasa por un reforma al sistema electoral y mayores controles; la OECD en su informe de febrero reclamó la creación de mecanismos que permitan denunciar estos actos y proteger a los demandantes.

El estallido

Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, confió en que las recomendaciones hechas por esa Fundación sean discutidas y faciliten la definición de "acciones que permitan luchar contra la corrupción, uno de los peores males que aquejan al país".

Ese estado de cosas, sumado a los problemas en el acceso general a la educación superior gratuita y una equivocada reforma tributaria planteada por el gobierno de Duque en 2021, llevaron al estallido social, que había tenido un primera versión a finales de 2020.

La respuesta del Estado a los reclamos sociales en las calles fue violenta, como lo evidenciaron los cientos de videos que se propagaron con fuego por las redes sociales, en los que se vio a la Policía agrediendo, golpeando y hasta disparando a los manifestantes.

La administración de Duque, el presidente más impopular en los últimos 30 años de acuerdo a sondeos de opinión, buscó imponer una narrativa de uso de la violencia justificada por el surgimiento de "vándalos", mientras la gran prensa del país hizo eco de las versiones oficiales.

A finales de diciembre de 2021, la oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU afirmó, con base en cifras y testimonios recopilados, que habían "razones fundadas" para señalar que las autoridades hicieron uso "desproporcionado de la fuerza".

Esa oficina recibió denuncias de 63 personas muertas durante las protestas de 2021, de las cuales 46 habían sido verificadas, 44 de ellas eran civiles y dos policías, y agregó que existían "motivos razonables" para asegurar que al menos 28 de esas muertes se le atribuían a la Policía.

El país, que entró en una espiral de confrontación y división a partir del acuerdo de paz con las FARC, enfrenta además el desafío del crecimiento de bandas criminales, renegados del tratado de pacificación y la expansión del grupo guerrillero ELN enfrascados todos en guerras por el control de territorios que antes fueron de las FARC, muchos de los cuales coinciden con rutas del narcotráfico.

Esos grupos armados ilegales se han ensañado a su vez con los líderes sociales y defensores de derechos humanos, el último lugar de la resistencia comunal a sus desafueros.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en 2019 fueron asesinados 250 líderes sociales, en 2020 la cifra aumentó a 310 y en 2021 bajó a 171 crímenes Ese país, fragmentado, agobiado por la crisis económica, social y política, y con una creciente expansión de grupos criminales y su violencia es el que recibirá el futuro Presidente.

Agencia ANSA

PB