Venezuela: ex militares denuncian ante la OEA al régimen de Nicolás Maduro

En una audiencia pública en la OEA, militares venezolanos exiliados en los Estados Unidos denunciaron persecuciones en Venezuela, violaciones a los derechos humanos, atentados, la influencia del gobierno en la justicia y en los procesos electorales e incluso el reparto de alimentos en beneficio a partidarios del régimen de Nicolás Maduro y no a quienes realmente sufren pobreza extrema.

En la segunda jornada de testimonios en Washington declararon hoy tres militares retirados, en audiencias que buscan determinar si en Venezuela se cometen delitos de lesa humanidad que puedan ser juzgados por la Comisión Penal Internacional. Los testimonios comenzaron ayer, con miembros de sociedades civiles venezolanas y víctimas que denunciaron arrestos ilegales, torturas, violaciones y asesinatos ante el jurista Luis Moreno Ocampo, el ex fiscal argentino que preside las audiencias.

Para que un delito sea pasible de ser juzgado por el Tribunal Internacional debe ser cometido en forma masiva y como parte de “un plan sistemático” de una organización contra grupos civiles y, además, debe haber ausencia de un esfuerzo claro de las autoridades locales para investigar esos crímenes. Eso es lo que indaga Moreno Ocampo, que fue fiscal de la CPI entre 2003 y 2012.

Manipulación electoral

El capitán retirado Igor Nieto Buitrago, que era miembro del Comando Unificado N1, denunció reuniones secretas de sus superiores con el presidente del Consejo Nacional electoral “donde se impartían instrucciones para manipular” las elecciones. Por ejemplo, se digitaba cuándo se abrían y cerraban los centros de votación, de acuerdo a dónde estaban ubicados: se les daba a los militares órdenes de cerrar temprano los que estaban en barrios opositores y más tarde en las zonas dominadas por el oficialismo.

Como se manifestó en contra de esa práctica, luego fue desplazado a otro organismo, que planeó la venta secreta de vehículos militares iraníes a Bolivia, una operación que no se podía por el bloqueo. El se opuso y a partir de allí fue denunciado por varias causas. “Estuve 7 años lidiando con la justicia militar. Fueron más de 50 veces que fueron violados derechos fundamentales como el debido proceso, derecho a defensa. El presidente de la corte marcial me dijo que cumplían órdenes del ministro de Defensa”. Luego su casa fue baleada y entonces decidió exiliarse en Estados Unidos.

"Cheque en blanco"

Nieto Buitrago señaló que también hay numerosos casos de civiles que son juzgados por la justicia militar por delitos que él llama “cheque en blanco”, o sea que son tan genéricos que allí puede caber cualquier cosa, como “traición a la patria” y “ataque a un centinela”. “El 95% de los casos de civiles que están siendo juzgados en tribunales de militares son por esos delitos”, señaló.

El Mayor general (r) Herbert García Plaza, que fue viceministro de Defensa para los servicios entre 2010 y 2013 y luego ministro del Cuerpo Popular para la Alimentación, dijo que renunció a su cargo porque “se hizo un plan de distribución (de comida) no por pobreza extrema sino por una necesidad política”. García Plaza relató que se distribuían alimentos en “parroquias políticamente priorizadas”, o sea “por el grado de simpatía con el proceso que lidera el gobierno de Maduro”, señaló.

Cuando presenta su renuncia, comienzan a hacerle juicios. “La justicia en Venezuela solamente obedece a la estructura del gobierno. Es el ejecutivo el que ordena abrir y cerrar causas”, denuncia y cuenta incluso que el diputado Diosdado Cabello, líder de los servicios de inteligencia, anticipa las resoluciones de la justicia en su programa de radio. Explicó que a través del “Plan Zamora”, activado en abril, se considera como “amenaza interna” a toda persona que es disidente político porque se lo enmarca en “traición o deslealtad a la patria” y entonces se les aplica la jurisdicción militar. En agosto había 359 civiles en cárceles militares, señala.

El teniente coronel retirado José Gustavo Rocha Pérez declaró que ya en 2007 comenzó a “apreciar que la politización en las Fuerzas Armadas no correspondía con la profesionalización de la fuerza militar” y desde entonces fue perseguido. “Fui objeto de un sinnúmero de investigaciones y fue llevado a tribunales militares por subordinación y faltas administrativas. “Te dejan investigado por años y años como una cuerda que se aprieta o se alarga en función de los intereses de la justicia y el gobierno en el momento”, dijo en la audiencia.

Tiempo después fue arrestado y llevado a una cárcel con 5 pisos bajo tierra, donde lo interrogaron severamente y le hicieron firmar declaraciones. Cuando le dieron prisión domiciliaria se escapó hacia Estados Unidos.

Los testimonios eran interrumpidos por preguntas precisas de Moreno Ocampo, que al final de la audiencia aclaró que no se trata de un “juicio” a Venezuela y la invitó a participar en el proceso. Caracas se ha negado porque no quiere legitimar estas audiencias. Se celebrarán otras sesiones en octubre.

Con toda la información obtenida, la Secretaría General de la OEA producirá un informe que será evaluado por tres expertos internacionales, entre ellos el argentino Santiago Cantón, ex titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y actual ministro bonaerense.