La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el fortalecimiento del federalismo

Uno de los máximos objetivos de la reforma constitucional de 1994 fue profundizar la descentralización del poder, a través de un diseño que abarcó modificaciones sustanciales del federalismo en sus diversos aspectos (institucionales, políticos, financieros, económicos, sociales y culturales), el reconocimiento del gran principio de la autonomía municipal y el otorgamiento de un nuevo estatus a la Ciudad de Buenos Aires.

El Art. 129 de la Constitución Nacional expresa: “La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación. En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el Estatuto Organizativo de sus instituciones”.

Al fundamentar la norma en la Sesión Plenaria de la Convención, en el carácter de Vicepresidente de la Comisión Redactora, dije que con toda claridad se establecía “el principio de autonomía plena en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires”, y así lo expliqué: “En el primer párrafo se determina que la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción. Esto significa que no puede haber otra manera de interpretación que apunte a considerar que este gobierno tendrá esta facultad autonómica.

La palabra «autonomía» significa posibilidad de propia legislación, y, por supuesto, que dentro de este concepto hay facultades tanto gubernativas –en este sentido aparece clara la frase que indica que el jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad– como de legislación y jurisdicción.

Este último aspecto hay que correlacionarlo con el párrafo tercero de la norma propuesta, con la idea de un estatuto organizativo, que significará el máximo grado posible de autonomía, vinculado con el aspecto institucional.

Ese estatuto organizativo será el resultado de una convención local electa por el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, que tendrá la histórica tarea de establecer los lineamientos del gobierno de dicha ciudad.[...] Las facultades de jurisdicción no significan otra cosa que un poder judicial. Y esto se relaciona también con la cláusula transitoria establecida al respecto, fijando que los jueces que hoy pertenecen a la justicia nacional de Buenos Aires, dependientes del Estado nacional, pasen a ser jueces de la ciudad de Buenos Aires. Después distinguíamos el problema de la ciudad con el de la Capital Federal, al mencionar la ley de garantías, y luego avanzamos en precisar como «ciudad-Estado», a la naturaleza que corresponderá a la ciudad de Buenos Aires”.

Más adelante resumíamos los problemas fundamentales de la ciudad, como “verdadera megalópolis”, que requería una visión metropolitana para el accionar conjunto del gobierno federal, de la provincia de Buenos Aires, y de los diecinueve partidos del conurbano junto al gobierno de la ciudad. Finalmente sosteníamos que la autonomía plena de la ciudad significará “la consolidación de principios republicanos y federales”.

Este artículo tuvo una aprobación por 177 votos, 27 negativos y 3 abstenciones. Manifestaron además su apoyo los Convencionales Alberto García Lema, Antonio Cafiero, Eduardo Valdés, Aníbal Ibarra, Alfredo Bravo, Norberto Laporta, Juan Carlos Romero, Pablo Márquez, Tulio del Bono y Vicente Brusca, entre otros.

La Ciudad Autónoma es uno de los 4 órdenes gubernamentales de la federación argentina: Gobierno Federal, Provincias, CABA y gobiernos locales autónomos. Integra la relación federal y el pacto de unión, junto a las Provincias y al Gobierno Federal. Tiene competencias similares a las Provincias, representación en ambas Cámaras del Congreso e incluso puede ser objeto de una intervención federal como aquéllas, según lo dispone el Art. 75 inc. 31.

En su momento y en la Cámara de Diputados de la Nación, al discutirse la Ley 24.588 señalé la inconstitucionalidad de los Arts. 2, 7, 8 y 10 como violatorios de la autonomía plena. Con el tiempo, se modificó esta Ley en el Art. 7 por la Ley 26.288 de 2007, que reconoció las competencias de seguridad de la Ciudad y por la que se produjo después la transferencia de más de 20.000 policías federales a la Ciudad. Están actualmente en el Congreso 4 convenios para la transferencia a la CABA de la ex Justicia Nacional y del Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una jurisprudencia consolidada sobre la autonomía plena de la CABA en los casos “Corrales”, “Nisman”, “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c. Provincia de Córdoba”, “Bazán” y “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c. Estado Nacional”, en relación a la transferencia de la Justicia Nacional, a la facultad de su Tribunal Superior de Justicia de resolver conflictos con los jueces nacionales, a la posibilidad de ocurrir en jurisdicción originaria ante la Corte como las Provincias y a sus competencias en materia de salud y educación en el conflicto originado por el Gobierno Federal que intentó cerrar sus escuelas por la pandemia. Además se debe concretar la transferencia de Aysa, Edenor y Edesur a la CABA y a la Provincia de Buenos Aires, pues dichos servicios no deben estar a cargo del Presupuesto Nacional.

Para cambiar nuestra decadente realidad institucional, hay que cumplir con la Constitución, antes que reformarla como algunos proponen, para volver a una mayor centralización e hiperpresidencialismo, con privación de elementales derechos políticos, como ocurría antes de la Reforma de 1994, en el que el Intendente de la Ciudad era designado por el Presidente.

Antonio M. Hernández es Director del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y Vicepresidente de la Comisión Redactora en la Convención Nacional Constituyente de 1994