No sacar a los militares de sus misiones específicas

La agenda de seguridad Latinoamericana del siglo XXI –y dentro de ella la de nuestro país– está presidida por la amenaza no tradicional del crimen organizado: narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, lavado de dinero y “captura del poder local”, entre otros que poseen un alto impacto sobre la seguridad pública a través del incremento de los niveles de criminalidad y violencia urbana, a pesar de que la Argentina tiene una de las tres tasas más bajas de la región. En la lucha contra los flagelos citados recurrentemente se insinúa, en nuestro país, la conveniencia del empleo del Ejército.
Resulta oportuno señalar –sin ningún condicionamiento ideológico o político– que la normativa legal vigente explícitamente condiciona la participación de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento del orden interno. Por consiguiente, está claro que la Seguridad Interior es responsabilidad primaria y legal de nuestras fuerzas de seguridad (Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía Aeroportuaria); de la Policía Federal y de las Policías Provinciales. Los efectivos de las fuerzas citadas oscilan en alrededor de 250.000 hombres, que están adiestrados, organizados y equipados especialmente para la lucha contra el crimen organizado, y su accionar debe ser coordinado y complementado con la cooperación regional, un Poder Judicial totalmente comprometido, un control migratorio, y una eficaz Información e Inteligencia. No está de más recalcar que la adicción a los estupefacientes debe ser también abordado como un asunto de salud pública y de derechos humanos (civiles, políticos, económicos y sociales), lo que exige el compromiso de toda la sociedad.
En noviembre del 2004, en la VI Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas realizada en Quito, Ecuador, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, “sugirió” la necesidad de que las fuerzas armadas intervengan en la seguridad interna de los países, fundamentando que “ ... los terroristas, traficantes de drogas y pandillas criminales conforman una red antisocial que escala en su intento de desestabilizar a las sociedades civiles”. Ello imponía modificar el rol de las fuerzas armadas en Latinoamérica, que ya había sido asumido por varios países, con el Comando Sur de Estados Unidos como órgano director. Esa experiencia internacional, y la nuestra propia en el pasado, de “policializar” las fuerzas militares fue negativa y no cumplió con su propósito.
Disponer a las Fuerzas Armadas, y particularmente al Ejército en tareas de seguridad interior es desvirtuar la esencia de su misión prioritaria: “Disponer en el marco específico (terrestre), y en la acción militar conjunta, de una capacidad de disuasión creíble que posibilite desalentar amenazas que afecten los intereses vitales de la Nación”. Como misiones subsidiarias: “participar en misiones de mantenimiento de la paz en el marco de las Naciones Unidas”; “brindar apoyo a nuestra comunidad y la de países de la región ante emergencias y desastres naturales”; “contribuir a la preservación del medio ambiente” y “contribuir al sostenimiento de la actividad científica en la Antártica”.
Para el cumplimiento de esas misiones tiene una doctrina, un armamento, un adiestramiento, una estructura, una logística y un despliegue que, en extrema síntesis, está focalizada en la defensa de la soberanía nacional y la custodia de la integridad territorial. La existencia de las Fuerzas Armadas es independiente de las hipótesis de conflicto –menos aún de guerra–, y hace a la capacidad de autodeterminación, como manifestación de poder del Estado. No protegerla es perder la facultad de fijar nuestro propio destino. Asignarles una misión completamente ajena para la que han sido educados y adiestrados es contribuir a su desprofesionalización y gradual declinación en estructura, organización, disciplina y motivación.

Martín Balza es teniente general retirado y embajador en Costar Rica. Fue jefe del Ejército y embajador en Colombia.