El ejercicio de la libertad de expresión y prensa

La libertad de expresarse libremente, sin miedo a represalias por parte del gobierno, es un pilar fundamental de las sociedades libres y abiertas. Sin libertad de prensa no puede haber democracia.

En regímenes autocráticos, expresarse libremente tiene consecuencias que suponen poner en riesgo la propia vida. Así, el empeño que ponen los autócratas en censurar, cooptar, limitar o, incluso, clausurar medios, perseguir periodistas.

La importancia de la libertad de expresión ha sido reconocida en numerosos instrumentos internacionales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece en su artículo 19.2 que “(t)oda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Cuando se limita de manera arbitraria la libertad de expresión de una persona, -tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos- “no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a "recibir" informaciones e ideas, de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales.

Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo.

Pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”.

El último informe de Reporteros Sin Fronteras señala que los gobiernos autoritarios utilizan el pretexto de la polarización, la estabilidad y la seguridad nacional para justificar todo tipo de abusos contra la prensa. En Cuba (172º), el nuevo Código Penal -aprobado en 2022- permite al gobierno seguir intimidando y persiguiendo legalmente a los periodistas críticos con el régimen, mediante una terminología vaga (“alteraciones públicas”, “ultraje”, “peligro para el orden constitucional”...) que puede servir fácilmente de pretexto para perseguir a periodistas.

El pasado 26 de mayo, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó a mano alzada la primera ley que regula la comunicación y la información en Internet, conocida como "Ley de Comunicación Social".

El artículo 28 de este texto indica que los medios de comunicación son "propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas, y no pueden ser objeto de ningún otro tipo de propiedad".

En su discurso ante la Asamblea, el presidente Miguel Díaz-Canel, justificó la necesidad de esta nueva ley como medida para prevenir la "subversión", y calificó a los medios independientes de "mercenarios a sueldo de intereses extranjeros”.

Esta es una nueva herramienta de censura del estado hacia quienes contradicen la narrativa oficial. Un intento más, de una larguísima lista para silenciar la disidencia. Una medida similar fue tomada por el gobierno de Erdogan en Turquía en el 2020, legal si, arbitrario e ilegítimo también.

Quienes vivimos en democracia, tenemos la obligación de levantar la voz por aquellos que no pueden, por aquellos que son silenciados: la información es nuestra mejor arma contra el avance del autoritarismo, porque sabemos que, cuando todas las herramientas fallan, la última válvula de contención contra las autocracias es la prensa.

Constanza Mazzina es politóloga. Doctora en Ciencias Políticas; Magister en Economía y Ciencia Política de ESEADE