Los informes de los jefes de Gabinete al Congreso, desde que se incluyó esa función en la reforma constitucional de 1994, nunca fueron tomados demasiado en serio. Pero debieran serlo.
El ensayo semiparlamentario por el que empujó Raúl Alfonsín y concedió Carlos Menem, que tenía entre ceja y ceja su reelección, incluyó, entre otras funciones, que el jefe de Gabinete de Ministros se presentara ante los diputados y senadores, por separado, para responder preguntas. Estas rondas, cuando se concretaron, se convirtieron en un torneo de respuestas y chicanas más que en una verdadera puesta a punto de la gestión.
El régimen kirchnerista hizo esporádica esta práctica. Había que evitar el escrutinio. Cambiemos está cumpliendo con esta obligación periódicamente.
Las preguntas y respuestas quedan consignadas en documentos oficiales que pueden ser consultados.
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En su última comparecencia ante los diputados, Marcos Peña admitió que el desaparecido submarino ARA San Juan estuvo en el mar aledaño a las islas Malvinas. Su misión “secundaria” habría sido mantener vigilancia sobre buques y aeronaves británicas que operan desde el archipiélago sobre el que la Argentina reclama soberanía.
Se trata de una información sensible que consta en el informe oficial.
La Armada, en un comunicado bastante confuso, dijo que esa información había sido suministrada por error. No es una aclaración menor y se suma a la ya complicada situación por la desaparición del submarino.
Aún cuando la Argentina y el Reino Unido tienen una política de acercamiento y están buscando fórmulas de cooperación que no afecten sus respectivos reclamos sobre Malvinas, no es menos cierto que hubo una guerra en 1982 y que luego del triunfo los británicos establecieron una base en las islas.
Por lo tanto, que el ARA San Juan haya estado en una misión “secundaria” de vigilancia en un área militar sensible no puede considerarse extraño.
Sí lo es, en cambio, que Peña pida información que debe ser dada públicamente a los diputados y que luego sea calificada como “errónea” por la Armada, que dio la primera versión.
El ministro de Defensa trató de aclarar la situación diciendo que el “mensaje naval está en manos del Poder Judicial”. Se refiere a la documentación que pidió la jueza que investiga lo que ocurrió con el ARA San Juan y sus 44 tripulantes.
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El informe a la jueza federal, ¿es el mismo que le dieron a Peña o es otro, en sintonía con la aclaración de la fuerza?
Ahora bien: si el ARA San Juan no estuvo en el lugar donde Peña dijo que estuvo, es decir en el mar aledaño a Malvinas, ¿cómo pudo cumplir con la misión “secundaria” de vigilar la actividad de buques y aeronaves británicas?
Estas desprolijidades hacen que una orden oficial corregida a mano aparezcan en una respuesta a los diputados.
La corrección a mano está en lo que parece una corrección de la ruta confidencial oficial.
La desaparición del San Juan y las Malvinas exigen seriedad. Hay un inaceptable manejo burocrático. Y las sospechas de una mano interesada en avivar internas o pasar en el fárrago de múltiples papeles información que supuestamente se quiso ocultar.
Se puede buscar el pelo en el huevo, pero cuando ya no es un pelo sino una viga hay que dudar de todo el gallinero.
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