Favorecer el desarrollo económico regional

La tragedia de Cecilia Strzyzowski en la provincia de Chaco (y el recuerdo de casos similares) llevó a lúcidos análisis que trataron de ir más allá de los aspectos policiales y profundizar en las causas.

Por ejemplo, el uso de fondos y empleos públicos para el control social y político en provincias pobres, que se potencia con la expansión y tercerización de los planes asistenciales para hacer frente a la secuencia de crisis que sufre nuestro país.

Como complemento a esa interpretación, acá querría añadir unas consideraciones de desarrollo económico regional. Un debate relacionado ha sido reflejado en notas periodísticas recientes acerca de las provincias donde el empleo público supera al privado formal.

El punto central de mi argumento es que, desde los años 90 y con la excepción del período 2003-2007, se han seguido políticas macroeconómicas, y especialmente de tipo de cambio que, además de generar crisis recurrentes, no favorecen el desarrollo económico de las provincias con una base agropecuaria no pampeanas (y sin recursos energéticos), como son en general el NEA y NOA.

Respecto de las crisis, ya he argumentado en otras ocasiones que los intentos por controlar la inflación con el retraso cambiario invariablemente terminan en nuestro país con devaluaciones explosivas y crisis económicas y sociales.

Como no se quiere “devaluar” (aunque en los hechos siempre se está devaluando, pero menos de lo que se necesita para corregir los desequilibrios) terminan generándose las condiciones para una maxidevaluación, en el ciclo de “fijación” y “explosión” del tipo de cambio que fuera identificado por Guido Di Tella en los 1980s, y que seguimos repitiendo desde entonces.

Acá quiero marcar un problema distinto del manejo del tipo de cambio, que es una variación de los argumentos de la “enfermedad holandesa” y de los análisis de Marcelo Diamand de los 1970s. El argumento (simplificando) es que, si el tipo de cambio se basa en las producciones de mayor competitividad internacional, entonces las actividades de menor competitividad externa terminan eliminadas o muy acotadas.

En la “enfermedad holandesa” era el impacto del descubrimiento del petróleo en el Mar del Norte, y en Diamand era la mayor productividad de la producción agropecuaria pampeana, lo que, en ambos casos se argumenta que desplazaban a la industria y otras actividades menos competitivas.

Consideremos diferentes situaciones productivas: a) CABA y el Gran Buenos Aires, que tienen un gran componente de servicios que no son comercializables internacionalmente; b) las provincias con productos agropecuarios competitivos internacionalmente; c) las provincias con recursos energéticos, también competitivos internacionalmente; y d) el resto (que son buena parte de las provincias del NEA y NOA).

El caso a) puede funcionar con un tipo de cambio apreciado (y hasta le puede servir a sus pobladores porque abarata las importaciones y los viajes al exterior). Dada su mayor competitividad internacional los casos b) y c) pueden funcionar con un tipo de cambio que no favorece a las provincias en el grupo d) que tienen una base productiva con predominancia agroindustrial no pampeana.

Aún peor, si el tipo de cambio genera la sobrevaluación del peso (es decir un tipo de cambio “atrasado,” “no competitivo”, etc.); entonces se desalienta la actividad productiva privada en todo el país, pero especialmente en el caso d). Finalmente, la sobrevaluación del peso lleva usualmente a crisis económicas, con lo cual además de crecimiento más bajo durante el período de retraso cambiario, hay que afrontar los resultados de la corrección brusca del tipo de cambio.

Todo esto lleva a los gobiernos provinciales a tratar de compensar los problemas económicos y sociales con expansión del empleo público y con más programas asistenciales.

Usando el índice de tipo de cambio real multilateral del BCRA (una canasta de moneda, como deber ser en este tipo de análisis), el valor promedio de 1997 (el inicio de la serie) hasta 2001 fue 76; saltó a 161 entre 2002-2007 (mucho más competitivo); y volvió a apreciarse entre 2007 y 2022 (índice de 117).

El crecimiento anual del PBI total durante 2002-2007 fue de 5.5%, contra 0.7% (1997-2001) y 1.2% (2008-2022). Según datos del MECON (la serie empieza en 1996), la creación de empleos privados (registrados) por año fue 277000 en 2002-2007, contra 82000 y 65000 en los otros dos períodos.

Como he argumentado otras veces, el buen desempeño del período 2002-2007 tuvo mucho que ver con el marco macroeconómico (incluyendo el tipo de cambio competitivo y estable) y no solamente con las condiciones externas (por ejemplo, el precio promedio anual de la soja fue 285 US$/ton durante 2002-2007, apenas ligeramente superior a 242 US$/ton durante 1997-2001 y bastante menos que los 479 US$/ton durante 2008-2022).

Obviamente, una mayor expansión de la actividad y el empleo privados reduce o elimina la necesidad de aumentar el empleo público y los planes sociales. Desde el punto de vista político, una base productiva privada más amplia y diversificada también puede llevar una mayor difusión del poder económico, menos electorado cautivo por el gasto o empleo público, y, entonces, más competencia democrática en las provincias.

Conclusión: se necesita un marco macroeconómico (incluyendo el tipo de cambio) que, considerando las diferencias regionales, favorezca la actividad productiva privada, lo que hasta podría mejorar la calidad de nuestras democracias locales.

Eugenio Díaz-Bonilla es economista.