La maniobra K a tres bandas para tumbar un juicio a Cristina Kirchner

Quizás como una manera de enriquecer una agenda dominada por la pandemia de coronavirus, la deuda y la crisis social, Alberto Fernández se propone dar a luz pública la reforma judicial que anunció al asumir y en la inauguración del periodo de sesiones ordinarias del Congreso.

La novedad se enmarca en una batería de movimientos oficiales en torno al Poder Judicial. Sobresalen, en especial, la fuerte presión para lograr la renuncia del Procurador General, Eduardo Casal, la objeción del Consejo de la Magistratura por el nombramiento de 38 jueces –varios involucrados en causas de corrupción K- durante la administración de Mauricio Macri​, y el ensayo para introducir modificaciones a la actual composición y estructura de la Corte Suprema.

La reforma judicial del Presidente es, probablemente, la que pueda poseer mayor lustre institucional. Aunque resta conocer su contenido final. Debe atravesar el debate en el Congreso que, a priori, genera aprensiones por la pobre calidad hasta ahora de las sesiones virtuales. Sobre todo en el Senado.

La iniciativa de Alberto se topa, sin embargo, con una dificultad de política interna. Atañe al interés de la vicepresidenta. Los cambios propuestos apuntan a modificar a futuro el esquema de Comodoro Py. A intentar licuar el poder objetivo que concentran los jueces federales. Pero carecen de efecto retroactivo. Es decir, no alterarán en nada las causas y los juicios por corrupción que enfrenta Cristina Fernández​.

De allí, que la tarea kirchnerista corra por otros andariveles. La Procuración, los magistrados designados en la etapa anterior y el funcionamiento de la Corte. A esas metas se agregó en las últimas horas una decisión del juez Rodolfo Canicoba Corral​ que, a fin de mes, luego que cumpla los 75 años, se acogerá a la jubilación.

Canicoba Corral dispuso el procesamiento del ex director de Vialidad Nacional y actual intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel​. También del ex Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Se los acusa de irregularidades en la renegociación de contratos de concesionarios de peajes en la Panamericana y el Acceso Oeste. Habrían beneficiado a empresas ligadas a Macri.

Hasta allí nada para objetar. Salvo la premura con que habría obrado Canicoba Corral. Como si debiera cumplir con algún compromiso antes de la despedida. El juez decidió jubilarse después que el kirchnerismo bloqueó en el Consejo de la Magistratura el tratamiento de cuatro pedidos de juicio político que pesaban en su contra. Casi todos ligados al crecimiento de un patrimonio que nunca pudo justificar.

La historia reconoce otro par de eslabones. La causa se originó en una denuncia del opaco diputado ultra kirchnerista Rodolfo Tailhade. Enfrentado con el actual intendente de Capitán Sarmiento desde los tiempos macristas. En una denuncia de Iguacel, por otra parte, arrancó la causa que involucra a Cristina por favorecer al empresario K, Lázaro Báez, con la obra pública. Ese trámite está en juicio oral iniciado en 2019. En el cual declaró la vicepresidenta. Todavía no se reanudó debido a la cuarentena dispuesta por la pandemia.

Aquel apuro de Canicoba Corral dio curso a una controversia. El juez dictó el procesamiento sin que Iguacel ni Saravia Frías hayan declarado. Las explicaciones en este punto se bifurcan. El juez afirma que ambos ex funcionarios se negaron a hacerlo. Iguacel explica que el magistrado le negó acceder a la prueba. Por ende carece del conocimiento debido de la acusación para poder defenderse. La justificación de Canicoba habría sonado rara: le dijo que no podía facilitarle las fojas porque están en el Juzgado donde no hay actividad. No habrían sido subidas todavía a ninguna página web.

El golpe a Iguacel, así mirado, levantaría sospechas. No sólo se trata del próximo testigo en el juicio por la obra pública. Fue también quien elaboró la denuncia. El rápido procesamiento no sólo invalidaría su declaración. Podría ser también una razón para que la defensa de la vicepresidenta reclame la nulidad del juicio. Maniobra audaz y, tal vez, desesperada por dos motivos. El procedimiento de Canicoba Corral será objetado e ingresará en el laberinto judicial. La denuncia de Iguacel por la obra pública fue avalada en todas las instancias judiciales hasta arribar al juicio presente.

En este punto entraría a tallar la Corte. También la manifiesta disconformidad de Cristina que indujo al Presidente a someter a debate la reestructuración del Máximo Tribunal. Los cinco jueces tienen en su poder cientos de recursos presentados por la defensa cuya presentación avalaron con un fallo que en su momento puso en peligro la iniciación del juicio.

La vicepresidenta pretende que ahora mismo hagan lugar a aquella solicitud. Paralizaría automáticamente el desarrollo del juicio. Entre tantas cosas, existe un pedido de auditoria sobre el total de la obra pública adjudicada a Báez. El peritaje llevaría un tiempo incalculable. La jurisprudencia vigente establece que tales procedimientos deben hacerse luego de la sentencia. Es lo que Cristina pretende evitar.

En simultáneo, el kirchnerismo motoriza otras iniciativas. En el Consejo de la Magistratura se colocaron bajo la lupa a 38 jueces que fueron trasladados durante el macrismo para cubrir cargos vacantes. El mecanismo de las subrogancias que Cristina supo utilizar con eficiencia y a discreción durante su último mandato. El montón (38) ocultaría las verdaderas intenciones. Importan, sobre todo, dos de ellos: Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Llegaron a la Cámara Federal Penal procedentes de un Tribunal Oral Federal. Se trata de magistrados que entendieron en causas de corrupción que afectan a la vicepresidenta. Especialmente, la de los cuadernos de las coimas.

La puntada final en ese tramado tendría que ver con la Procuración General. El jefe de los fiscales. Los hombres encargados de investigar. Tampoco, en este caso, se alteraría el pasado de Cristina. Pero no es un dato menor que el kirchnerismo está de nuevo en la administración y el poder. Habría que resguardar el futuro.

Casal es procurador interino. Quedó luego de la renuncia de Alejandra Gils Carbó. También por la imposibilidad de Macri para reunir los dos tercios en el Senado y designar su reemplazante. Alberto querría en ese lugar a Daniel Rafecas​. Pero con todas aquellas maniobras a la vista parece difícil que la oposición conceda el acuerdo. Hay otro escollo: su designación no podría ser hecha de modo virtual porque hay que cumplir antes con las audiencias públicas.

El kirchnerismo no suele amedrentarse ante los impedimentos. Presiona a Casal para que renuncie. Desearía en el cargo al tercero en la línea sucesoria, Víctor Abramovich, hombre ligado al CELS. Antes debiera barrer a la heredera natural del actual Procurador. Se trata de Laura Monti, representante ante la Corte Suprema. Por lo visto, un desmantelamiento que demandaría mucha pericia y nulo pudor.