Piquetes y planes: habrá más conflictividad y el Gobierno debe evitar una escalada

El aspecto más dramático de la herencia recibida por Javier Milei está en esa paradojal necesidad que enfrenta el presidente, que para resolverle los problemas a la gente primero tiene que empeorárselos. Así como no hay forma de ordenar esta macroeconomía sin antes sincerar el desorden reprimido, no hay forma de bajar la inflación sin antes subirla significativamente.

Esta operación de ordenamiento económico va a producir un incremento de la protesta social. No solo por el empeoramiento objetivo de las condiciones sociales y económicas -que pudieran ya naturalmente motivar una mayor conflictividad-, sino porque a ello se le podría sumar la estimulación política de la protesta.

Una buena parte de los actores que son administradores de la conflictividad social dejaron de ser funcionarios del gobierno y pasaron integrar las filas de la oposición política. Y, de ser amortiguadores de la conflictividad, podrían pasar a ser estimuladores de la protesta.

Ahora cuando uno enfrenta un potencial conflicto, el objetivo prioritario siempre será disuadirlo. Mejor prevenir que curar reza el dicho. La cumbre de la habilidad estratégica es evitar el conflicto sin tener que utilizar la fuerza.

La disuasión es una forma de reducir el esfuerzo en el uso de la fuerza para conservar cierto orden. Siempre será prioritario, sobre todo para quien ostenta el deber de ejercer el monopolio del uso de la fuerza para conservar el orden público, tratar de desincentivar aquellas conductas que lo alteren.

En este sentido, la adopción por parte del Ministerio de Seguridad de un protocolo que prohíbe cortes, piquetes y bloqueo parciales y totales y habilita al uso de la fuerza para liberarlos en ocasión de flagrancia, y la decisión del Ministerio de Capital Humano de quitarles el plan a quienes incumplan con lo dispuesto por el protocolo, son acciones disuasivas de una mayor conflictividad en la calle.

Los actos disuasivos no podrán por sí solos frenar la protesta, pero sí podrían disminuir la cantidad de los manifestantes y así mejorar las condiciones para poder conservar el orden público mediante el uso la fuerza, sin que se produzcan abusos y excesos que no solo hagan fracasar el esfuerzo de disuadir el desorden público, sino que provoquen una escalada en los niveles de protesta y conflictividad.

Ese es el delicado equilibrio que deberá evitar atravesar el nuevo gobierno frente a una mayor conflictividad social producida por el empeoramiento de las condiciones económicas y por la estimulación opositora del caos callejero: intentar cumplir con la promesa de que los piquetes y los cortes con este gobierno se acabaron, sin que el uso de la fuerza para conseguir ese objetivo produzca episodios de violencia y agresión que estimulen una escalada en la conflictividad y mayores protestas.