Titiriteros K de la violencia

La media sanción del Presupuesto en Diputados le puede permitir al Gobierno recuperar la autoestima política. Resta todavía la aprobación del Senado pero sorteó, sin dudas, el escollo más complicado. Aquella autoestima le hará falta para no decaer ante una realidad que se moldea con contornos preocupantes. La actividad económica puede estar ingresando en su peor ciclo. Registró el quinto mes consecutivo de caída (1,6%). La escalada del conflicto social se torna inevitable. Un sector influyente del sistema –el kirchnerismo y la izquierda-- ha anticipado las cartas de su juego: las leyes importantes (lo dijo Leopoldo Moreau; lo había dicho hace meses Victoria Donda) se ganan o se pierden en la calle. No importa cómo. El Congreso representaría casi una formalidad.

Sobre esta dinámica ha sumado mayor visibilidad otro sector. La Iglesia se viene embanderando con aquella oposición dura. A Raúl Alfonsín le objetó los juicios a militares por los derechos humanos y la ley de divorcio. Fue menos hostil con la sanción de la ley del matrimonio igualitario que empujó el matrimonio Kirchner. Militó los últimos meses naturalmente en contra de la despenalización del aborto. En la misa de Luján del sábado anterior, el obispo de Mercedes, Agustín Radrizzani, cruzó varias fronteras y pareció ingresar en el túnel del tiempo. Salvando las escalas, hizo memorar a los trágicos ‘70 cuando muchos obispos militaban en pos de una liberación salvadora. Aludió a la inconveniencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pidió una “alternativa humanista” frente a la “globalización excluyente”. Habría sido útil que explicara cómo hacerlo. Terminó coreando desde el altar junto a los feligreses la consigna “Patria sí, colonia no”. La misma que interrumpió un par de veces las deliberaciones de los diputados por el Presupuesto.

Aquella feligresía tuvo a la vanguardia a Hugo y Pablo Moyano. También a representantes kirchneristas y de movimientos sociales. Radrizzani cuestionó a la Justicia por vulnerar la “presunción de inocencia”. El líder camionero y su hijo son investigados como supuestos miembros de una asociación ilícita. Además, por otros delitos como lavado de activos, defraudación, malversación de fondos, evasión impositiva y hasta extorsión. Acumulan en total ocho causas.

Pesa sobre Pablo un pedido de detención que formuló el fiscal Sebastián Scalera. Que denegó Luis Carzoglio. Este juez ha sido recusado por el fiscal. El trámite parece ingresar lentamente, como de costumbre, en un laberinto. Carzoglio ha pedido una licencia. La causa debería pasar a la jueza Estela del Carmen Mollo, del Juzgado de Garantías de Avellaneda. Pero nadie desea quemarse con esa brasa. La mujer posee una buena razón para apartarse: ya fue recusada por Pablo “Bebote” Alvarez, el jefe de la barra brava de Independiente, que está encarcelado por dirigir una asociación ilícita. La Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora debería entonces sortear a otro magistrado. El tiempo pasa.

La prédica kirchnerista y de la izquierda acerca de que las leyes se ganan o se pierden en la calle los emparenta, voluntariamente o no, con otro conflicto grave: las repetidas oleadas de violencia. El último recuerdo, en ese aspecto, resultó la salvajada del pasado diciembre cuando el Gobierno impulsó la reforma previsional. En una dimensión menor, tales episodios se reiteraron el miércoles. Con una hoja de ruta calcada. Mientras crecían los desórdenes, los diputados kirchneristas bramaban por la suspensión de la sesión. Antes, por la reforma previsional. Esta semana por el Presupuesto. En ambos casos fracasaron en el bloqueo del quórum. También en el número suficiente de votos para derrotar al oficialismo. Cabía la acción directa, el golpe virtual.

En aquella oportunidad, Moreau advirtió sobre alguna persona malherida a quien la represión policial le había vaciado un ojo. Nunca se verificó nada semejante. El miércoles Agustín Rossi, el jefe del bloque del FpV, mencionó las heridas recibidas por un diputado. Andrés Larroque –de él se trató-- pretendió correr vallas policiales para facilitar el avance de los manifestantes. Recibió gas pimienta en sus ojos. Idéntico trastorno había sufrido en diciembre la diputada camporista Mayra Mendoza.

Resultaría un engaño, sin embargo, suponer que los desmanes de diciembre y del último miércoles fueron sucesos de violencia aislados. Reacción circunstancial a una supuesta injusticia. La Argentina esta regada por acontecimientos belicosos que parecen formar parte de una cotidianeidad peligrosa. La repetición puede inocularlos en la conciencia social como parte de la normalidad. En el hospital Paroissien, de La Matanza, se halló una granada con doble percutor atada al picaporte de una puerta. La investigación apunta a un peronista que supo ser simpatizante carapintada. María Eugenia Vidal fue objeto de varios escraches. El último en Chascomús. Muy celebrado por Hebe de Bonafini. Las evidencias comprometen a dirigentes de Suteba, el gremio docente que conduce Roberto Baradel, a miembros de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que forma parte de la CTA del kirchnerista Hugo Yasky y de Pablo Micheli. Entre ellos, trabajadores del astillero Río Santiago, en conflicto. De los 27 detenidos el miércoles, al menos cinco pertenecen a dicha fábrica.

En Moreno, cuyo intendente es el camporista Walter Festa, se sucedieron episodios violentos en escuelas. Una fue incendiada. Una maestra, Corina De Bonis, denunció un secuestro y tortura con un punzón sobre su abdomen. Fue avalado por la vicedirectora del establecimiento donde trabaja. Las pruebas que recaba la Procuración General de Buenos Aires van desmintiendo la versión. La vicedirectora fue imputada por falso testimonio. Suteba sacó en ese caso el pie del acelerador.

Patricia Bullrich sufrió hace pocos días un escrache cuando visitó Bariloche. Se lo adjudicaron representantes de los pueblos originarios. Con el respaldo de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH). La ministro de Seguridad es persona no grata en la zona después de la muerte de Santiago Maldonado. Cincuenta y cinco peritos de parte, la mayoría de la querella, suscribieron la autopsia que determinó que el artesano falleció por inmersión en las aguas heladas del Río Chubut, sin haber sufrido maltrato. Pero la carátula de la causa sigue siendo “desaparición forzada”. Sorprende una contradicción: tres de las personas que declararon avalando esa teoría tienen ahora causas por testimonio falso. Podrían añadirse otras tres.

Bullrich es un bocado que desde hace tiempo apetece la oposición kirchnerista y la izquierda. Tal vez, porque evitó que Maldonado fuera la primera víctima de Mauricio Macri. De otra forma resulta difícil entender que en medio de los incidentes del miércoles aquella oposición insistiera con la presencia de la ministra de Seguridad. El operativo policial corrió por cuenta del gobierno de la Ciudad. Pero a ningún opositor se le ocurrió reclamar por Horacio Rodríguez Larreta. El jefe porteño es escurridizo. El incordio fue resuelto por la muñeca de Emilio Monzó. Hizo un cuarto intermedio en la sesión y reunió a todos los jefes de bloque con el secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alesandro. El funcionario se quedó en el Congreso hasta que los desmanes cesaron.

Macri debiera agradecerle los servicios al titular de la Cámara de Diputados. Ha sabido timonear momentos muy críticos. Es un puente siempre tendido con la oposición. Sobre todo el peronismo. Quizá sea ese el prejuicio presidencial. Monzó se encargó de asistir a Rogelio Frigerio todo el tiempo preparatorio del Presupuesto. El ministro del Interior fatigó a los gobernadores peronistas. De once de ellos obtuvo ayuda. Se apuntaló además en el senador Miguel Angel Pichetto. De esa manera consiguió la media sanción del Presupuesto con una mayoría superior a la esperada. Agregó 30 votos opositores a los 108 que poseía Cambiemos.

El corolario puede permitirle al Gobierno varias cosas. Por un lado, reponer la noción de gobernabilidad sobre la cual la crisis financiera desatada en mayo había arrojado sombras. Una señal importante también en el exterior: el FMI aprobó el nuevo acuerdo y el desembolso de US$ 5.700 millones. Por otro, revalorizar la acción política que le permitió pactar con el PJ y dejar aislado al kirchnerismo, la segunda fuerza parlamentaria. Tampoco resulta despreciable el calendario. Dispondrá del Presupuesto, si no existen imprevistos, antes de fin de año. Existía otra urgencia no revelada. Diciembre acostumbra ser un tiempo difícil. Encima, en un año donde el ajuste se hace sentir. El último mes del año arrancará con la cumbre del G-20 que generará tensiones y con seguridad, protestas. De hecho, Cristina Fernández pergeña una contracumbre donde estarían Evo Morales, José Mujica y Dilma Rousseff. En ese clima el Presupuesto corría riesgo.

La violencia callejera es un asunto latente en la Argentina. El kirchnerismo y la izquierda la convalidan, aunque no la ejerciten, porque sueñan un modelo de democracia directa y plebiscitaria. No en vano dos intendentes K, Jorge Ferraresi, de Avellaneda, y Mario Secco, de Ensenada, desplazaron micros al Congreso.

Pichetto fue hasta ahora la única voz opositora que fustigó los desmanes del miércoles. El resto, incluso quienes acompañaron la votación del Gobierno, guardaron silencio. Conducta arriesgada, sin dudas, en un país de fuego fácil.

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