Ley Omnibus: qué dice sobre los juicios por jurados y qué opinan los expertos

El proyecto denominado "Ley omnibus" que el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional propone una modificación que está en el foco de la discusión entre especialistas del derecho: la implementación del sistema de juicios por jurado en causas federales en todo el territorio nacional.

En Argentina hay 11 provincias que incorporaron a sus sistemas el juicio por jurados para distintos delitos, en la mayoría de los casos graves y con expectativas de pena altas. Mendoza, por ejemplo, establece la obligatoriedad de jurados populares en causas de homicidio.

El proyecto enviado por Javier Milei a los legisladores pretende que los delitos federales, con penas mayores a cinco años, sean juzgados por civiles en todo el territorio Nacional.

El principal cuestionamiento de los especialistas apunta al elevado costo económico y de recursos humanos que tiene esta decisión. Es que ese mínimo de pena incluye a delitos menores por lo que serían muchos los procesos que deberían implementarse bajo esta modalidad.

De ser aprobado por el Poder Legislativo, deberían reacondicionar salas de audiencias para poder cumplir con la normativa que establece el capítulo XIII del monumental proyecto. Es que detalla, específicamente, cómo debe ser la disposición de las partes en la sala. Y que requiere infraestructura con la que no cuentan muchos juzgados

Además ordena crear "una Oficina Central de Jurados (OfiCeJ) en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tendrá a su cargo la coordinación de los equipos profesionales en cada una de las oficinas judiciales que la Corte disponga".

Además, disponer de "alojamiento especial y viáticos" para los miembros del jurado, como establece la normativa, la remuneración que perciben los miembros del jurado, los costos de alojamiento para casos en que "requieran estar aislados" antes de la deliberación, entre otros elementos que detalla el proyecto.

Clarín habló con varios varios miembros de la Justicia, que prefirieron dar sus opiniones desde el anonimato. "El juicio por jurados históricamente ha generado posiciones encontradas, más que nada en nuestro país que tiene una constitución inspirada en la Constitución de Estados Unidos que lo menciona como forma de juzgamiento y una primera codificación procesal inspirada en los sistemas continental europeos", dijo uno de los expertos consultados.

Además, pusieron por delante la necesidad de que el fuero Federal migre al "sistema procesal acusatorio", que da facultades a los fiscales para realizar investigaciones complejas. Como ocurre en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. O en Salta y en Jujuy, en el fuero Federal.

"La razón por la que la mayoría de los países del mundo reservan la herramienta del juicio por jurados para los delitos más graves, es su alto costo de implementación. Al ser un delito grave con una pena también grave, se justifica la utilización de esta modalidad, por ahí no tanto para delitos leves en donde un juez profesional podría resolver el conflicto de partes", explicó una fiscal federal.

De implementarse esta modificación, los ciudadanos elegidos para ser miembros del jurado (sería de cumplimiento obligatorio, los sorteos por padrón y de acuerdo a la jurisdicción donde se cometió el delito) deberían participar de juicios por trata de personas, narcotráfico y hasta lesa humanidad.

Suelen ser juicios largos, muchas veces con testigos de identidad reservada e historias muy complejas detrás, un desafío para cualquier ciudadano que no acostumbra acceder a detalles de delitos tan graves y bandas criminales tan complejas.

"Para investigar con alguna posibilidad de éxito causas complejas necesitamos implementar antes el sistema acusatorio en todo el país, que permitirá a los fiscales y fiscalas priorizar objetivos, dejar de perseguir delitos menores y poner todos los recursos humanos y técnicos en las causas de crimen organizado", insistió otro miembro del Ministerio Público Fiscal.

"Una vez que la investigación se causas complejas está hecha (supongamos que con buenos resultados) no veo problema en que el debate sea por jurados", concluyó.

La Asociación Argentina de Juicios por Jurados celebró la iniciativa y destacó particularmente dos artículos.

"Lo más destacable de la norma proyectada es la conjunción entre los artículos 6 y 95. ¿Por qué? Porque dispone que ésta, si bien es una ley que se aplicará exclusivamente a delitos federales, es una ley marco que establece el piso mínimo de lo que se considera la estructura básica del modelo clásico de juicio por jurados. Menos que eso, las provincias no podrán hacerlo", explican en un comunicado.

Para ellos, de aprobarse esta ley, permitiría que las provincias que aún no se adhirieron vean el sistema de jurados populares ocurrir en sus provincias -aunque en el fuero federal- y, quizá, eso aliente a que lo apliquen para delitos juzgados por la provincia.

"El artículo 95 es una cláusula gatillo de adhesión que invita a las provincias, en ejercicio de su soberanía, para aplicar directamente esta ley en sus territorios si así lo deciden con el objetivo de que las provincias que no tienen todavía sistemas de jurados, o las que lo quieran actualizar, se sumen a dicha ley", argumentan.

Los especialistas consultados confirmaron que este modelo es similar a varios proyectos que circulaban en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores pero que nunca habían sido debatidos.

Para algunos abogados defensores la forma de implementación de los juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires, uno de los ejemplos de aplicación y el que se replicaría a nivel nacional en causas federales, tiene algunos cuestionamientos.

Actualmente muchos miembros de fuerzas de seguridad eligen la modalidad de juicio por jurados en causas de gatillo fácil. También en causas de "justicia por mano propia" porque suelen evadir la pena que podría imponer un tribunal o al menos alcanzar penas más leves amparados en la imposibilidad de recurrir la sentencia o cuando la víctima había cometido un delito.

Dos puntos son los que cuestionan principalmente los detractores a este sistema: que el jurado no debe fundamentar su voto porque no hay argumentación legal respecto de la decisión. Y que es inapelable: no hay revisión posible de instancias superiores.

"Aunque formalmente se advierte al jurado que debe decidir de acuerdo exclusivamente a lo que ve y escucha en la sala de audiencias, lo cierto es que cada jurado trae consigo toda la carga de sus prejuicios y preconceptos. Los jueces técnicos están atravesados por las mismas ideas, naturalmente, pero tienen cierto límite porque, a diferencia del jurado popular, deben fundamentar sus votos, bajo pena de nulidad", publicaron en CORREPI sobre este sistema.

La toga y el martillo

"El juez o jueza vestirá toga negra y usará un martillo para abrir y cerrar las sesiones o cuando resuelva una incidencia", fue uno de los puntos que generó más burlas dentro del debate por la polémica ley.

Para la Asociación de Juicios por Jurados, "se trata de una práctica que es común en casi todos los países de América Latina y el Caribe, que ya comenzó a implementarse en Chubut y Mendoza y que distingue a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

El símbolo que representa -argumentan- es otorgar solemnidad al acto del juicio y destacar que "el juez es juez cuando usa la toga y después es un ciudadano común". La idea de la utilización de la toga va en línea con una idea de Carlos Rosenkrantz, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya había sugerido el uso de esta vestimenta.