Acusan a un juez federal de cobrar coimas para liberar a narcos

Un escándalo de proporciones sacudió ayer a la provincia de Salta: el juez federal de Orán Raúl Reynoso –para muchos, un referente en la lucha antinarco– fue imputado formalmente de cobrar coimas para proteger e incluso liberar a traficantes de drogas. El caso explotó de manera contundente cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó su despacho por la mañana, en un operativo que incluyó la detención de cinco abogados y de un funcionario judicial, supuesta mano derecha del magistrado. El no fue preso porque tiene fueros, pero sí será indagado como jefe de una asociación ilícita el miércoles de la semana que viene.

“Se desarticuló una estructura criminal liderada por un magistrado. El Poder Judicial estuvo a la altura”, declaró ayer Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), que impulsó la investigación junto al fiscal coordinador del Distrito Salta, Eduardo José Villalba.

Los operativos de ayer fueron ordenados por el juez federal de Salta Julio Bavio, en el marco de un expediente en el que se investigaron 11 causas a cargo de Reynoso en las que se detectaron irregularidades en relación a la forma de desligar a los imputados, algunos de ellos liberados y desvinculados aunque se les había secuestrado gran cantidad de drogas.

Los allanamientos fueron impulsados por dos pedidos de los fiscales, basados en dos denuncias coincidentes contra Reynoso. Una de ellas fue formulada por la ex pareja de un acusado por narcotráfico; y la otra, por el abogado de Orán David Leiva.

El mes pasado, Leiva y miembros de organismos de derechos humanos denunciaron públicamente al juez federal de Orán por presunto cohecho (coimas) y otorgamiento de beneficios a personas involucradas en narcotráfico, trata de personas e ingreso ilegal de divisas al país, entre otros delitos.

“Presentamos una denuncia porque tenemos conocimiento y muchos indicios de que en la Justicia Federal de Orán se requiere dinero a cambio de actividades judiciales que benefician con la excarcelación o la falta de mérito a personas vinculadas al narcotráfico, la trata de personas y las divisas ingresadas ilegalmente”, dijo el abogado en esa oportunidad.

De acuerdo a la acusación de la Fiscalía –que fue la que pidió la indagatoria de Reynoso–, el juez lideraría una banda que habría comenzado a operar al menos desde marzo de 2010 favoreciendo a narcotraficantes detenidos con la “libertad” a cambio de fuertes sumas de dinero en dólares.

Ayer, el juez Julio Bavio les advirtió a las máximas autoridades de la PSA que “no hagan caso de contraórdenes” que pudiera emitir cualquier otra autoridad y “perturbe el éxito del operativo”. Reynoso (cuya casa también fue allanada) fue sorprendido a las ocho de la mañana en su despacho. No fue detenido, pero no se le permitió usar los teléfonos del juzgado ni sus celulares. Tampoco a ninguno de sus empleados.

Simultáneamente, en otros allanamientos se detuvo a los abogados implicados en el supuesto pago de coimas, entre ellos René Alberto Gómez, un ex Procurador de la provincia de Salta, y ex jefe de Policía de Salta. De las investigaciones y escuchas telefónicas, se desprende que Gómez se habría comunicado telefónicamente con el juez Reynoso “en los últimos dos años y diez meses, al menos en 188 ocasiones”.

Uno de los casos mas graves que se le imputan al juez Reynoso tiene que ver con la liberación del empresario boliviano José Luis Sejas Rosales, acusado de tráfico transnacional de droga y precursores químicos, actualmente preso en su país y con pedido de extradición de Argentina por haber violado las condiciones de su libertad (resuelta por Reynoso).

En aquel expediente, ahora cuestionado por la Fiscalía, Reynoso “dispuso la libertad del transportista luego de considerarlo partícipe secundario de la tentativa de contrabando de estupefacientes, cuando en realidad era el dueño de una flota de 90 camiones, varios de los cuales habían sido detenidos en la frontera con cargamentos de cocaína. Por tanto, no se trataba de un mero partícipe sino del jefe de la organización”, sostiene la página web de la Procuración General de la Nación.

"El juez devolvió también en todos los casos los camiones secuestrados a Sejas Rosales, lo cual permitió a esta organización recuperar su capacidad operativa para continuar estas actividades delictuales, a punto tal que dos de los camiones restituidos fueron nuevamente hallados transportando grandes cantidades de cocaína”, indicó la Procuración.