Los abogados porteños criticaron el proyecto de reforma constitucional de La Rioja que busca avanzar sobre los medios

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se sumó el viernes a otras instituciones públicas y criticó el proyecto de reforma constitucional que impulsa en su provincia el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y que según propias palabras del mandatario avanzaría sobre la “gobernanza de los medios de prensa”.

A través de un comunicado, el Colegio manifestó su preocupación por las declaraciones del gobernador, quien exhortó a los constituyentes a discutir sobre “la libertad de expresión y la gobernanza”.

"Se trata de expresiones de una inusitada gravedad, porque la modificación constitucional anunciada, si llegara a prosperar, constituiría una violación flagrante de la libertad de expresión protegida del modo más enfático por la Constitución Nacional (arts. 14 y 32), los tratados internacionales con jerarquía constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", argumenta el comunicado.

El Colegio subraya que es "innecesario remarcar, a esta altura de los tiempos, que la libertad de expresión es consustancial a la democracia republicana. Se la considera una libertad estratégica, en la medida en que de ella depende la efectiva vigencia de otras libertades".

Al inaugurar la Convención Constituyente, donde tiene mayoría, Quintela pidió a los medios de comunicación que sean "conscientes de su papel en la formación de la opinión pública y en el debate constructivo, sabiendo las graves consecuencias de transmitir mensajes sesgados, malintencionados o injuriantes, al sembrar odio y noticias falsas".

"A diferencia de lo que pretende el gobernador Quintela, la libertad de expresión es muy amplia en cualquier caso, pero lo es mucho más cuando se emiten opiniones, críticas y juicios de valor respecto de funcionarios públicos", afirma el Colegio en su documento.

Y señala que en tales circunstancias la Corte Suprema “aplica el estándar de la real malicia, destinado a que la responsabilidad por dichas expresiones solo quepa en situaciones sumamente restringidas. El fundamento de esa protección especial es el interés público comprometido y la necesidad de evitar el efecto silenciador que podría tener la autocensura de quienes callen sus puntos de vista para no incurrir en responsabilidades civiles o penales".

"Precisamente las autoridades electas por la voluntad popular son las que más deben aceptar el escrutinio público de la prensa y de todos los ciudadanos, en aras de la transparencia, de la pluralidad de fuentes de información, de vitalidad que confiere a la democracia la circulación de opiniones ricas y variadas, y del rol que una ciudadanía activa cumple en controlar, junto a la justicia, que los gobernantes no se corrompan y si lo hacen, que cumplan su deuda con la ley", concluye el comunicado.