Debajo de la hojarasca de números, ejemplos, interpretaciones y el novedoso -pero sobreexplotado- recurso de citar a personas presentes para "corporizar" los supuestos éxitos políticos del gobierno, durante las dos horas de su discurso ante la Asamblea Legislativa Alberto Fernández estuvo bajo la mira de su vice y la copiosa ala K de su gabinete para medir el índice de virulencia de su ataque a la justicia. Y pese al esfuerzo presidencial por pasar esa prueba -forzando datos, omitiendo otros o directamente alejándose de la realidad- posiblemente no lo haya logrado completamente.
Las primeras salvas llegaron al comienzo, con el pedido para que los jueces "profundicen la investigación del atentado a Cristina Kirchner, que juzgue y condene a quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio. Le pido a la justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados".
El párrafo coincide con el relato kirchnerista, pero no con las pruebas del expediente que investigan el fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti, quienes nunca pudieron llegar más allá de la extravagante "banda de los Copitos" y el descontrol amateur en la custodia vicepresidencial.
Pero aquella admonición y la seguida monserga sobre una conspiración orquestada por los periodistas, los magistrados y los "intereses políticos y económicos" fueron ampliamente superadas en el tramo final y más caliente de la hasta entonces soporífera exposición del presidente, cuando hundió el cuchillo en la carne blanda de un auditorio que venía escuchándolo con respeto.
Entonces se despertaron todos, y entre gritos, aplausos y abucheos -también algún insulto fuera de micrófono- Fernández pisó el acelerador barranca abajo.
El discurso sobrevoló los tres campos de batalla actuales del gobierno contra el Poder Judicial: el rechazo al manotazo de una porción de la coparticipación federal porteña por parte de la Corte, la inconstitucionalidad de la reforma K del Consejo de la Magistratura que dejó a los políticos en control de ese organismo clave, y el intento de juicio político iniciado en Diputados contra los cuatro integrantes del máximo tribunal, justamente por el descontento oficialista con los dos temas anteriores.
"Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la Ciudad de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente", disparó el presidente.
Y puso su primer pie en la ciénaga: "los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de ese convenio. No tiene derechos sobre esos recursos. Debe recibirlos del Estado Nacional cuando este le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba. Esa decisión es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo Nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la república. La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible. Excede sus facultades", se ofuscó Alberto. Pero no dijo la verdad.
Es copiosa la jurisprudencia que equipara administrativamente a la Ciudad con las provincias, tal como con toda claridad quedó escrito en la Constitución jurada en 1994. Cristina Kirchner, una de sus autoras, debería recordarlo.
Uno de los últimos episodios en que esa igualdad quedó ratificada fue el intento del gobierno por evitar que Horacio Rodríguez Larreta abriera las escuelas luego de la pandemia. La Corte reiteró que, como cualquier otra provincia, la Ciudad tiene derecho a definir su política y reglas educativas. De eso se trata el federalismo, precisamente.
Otro de los fallidos políticos del Presidente llegó con su inexplicable orgullo por "haber puesto fin a los sótanos de la democracia": "por impulso del Gobierno Nacional, no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano. El espionaje interno ya no existe. Todos y todas pueden pensar libremente sin temer el acoso del poder estatal".
Palabras inconvenientes mientras la Comisión de Juicio Político de Diputados busca procesar al presidente de la Corte -un pétreo Horacio Rosatti, quien junto a Carlos Rosenkrantz escuchó a Alberto Fernández lanzar pestes en su contra sin mover un músculo- ventilando supuestos chats de su secretario hackeados ilegalmente y difundidos a diario por el poderoso aparato mediático estatal y paraestatal.
El regreso a la agenda del retirado general César Milani y sus equipos humanos y tecnológicos de espionaje, el temor de políticos y magistrados por atender sus teléfonos, el salto masivo de todos ellos a la aplicación Telegram en busca de una vana protección a su privacidad, el regreso a reuniones presenciales en lugares retirados para evitar el Whatsapp y otras reacciones justificadamente paranoicas terminan por desmentir malamente al Presidente.
Desde luego, semejante incongruencia no oculta el condenable uso de la AFI por parte del gobierno de Mauricio Macri para espiar a opositores y periodistas tal como lo había hecho Cristina Kirchner, los "vínculos poco transparentes con empresarios o emisarios de la política", o "la connivencia entre algunos magistrados, empresarios de medios, ex agentes de inteligencia y políticos".
Otra de las gaffes más delicadas del discurso presidencial respecto de la Justicia llegó a continuación, con la protesta por el fallo de la Corte que -luego de que el Congreso no sancionara una ley en el plazo previsto- anuló la reforma del Consejo de la Magistratura diseñada por Cristina en 2006 y terminó regresando al organismo a su conformación anterior, votada durante el menemismo.
Fernández afirmó que "la Corte Suprema se arrogó indebidamente la facultad de disponer cómo debe este cuerpo legislativo designar sus representantes ante el Consejo de la Magistratura", en referencia a la negativa judicial para aceptar la división artificial del bloque oficialista de senadores con la que buscaban ocupar tres de las cuatro vacantes para la Cámara en el organismo.
El presidente atribuyó a esa pelea la parálisis del Consejo, que a su juicio se hubiera evitado con su fallida reforma de la Justicia Federal: "si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio", atacó, en otro doloroso error.
Tal como consignó la periodista Lucía Salinas en Clarín, si todos los asientos estuvieran ocupados, Santa Fe tendría 28 magistrados federales. Pero sólo 18 de esos cargos están ocupados por magistrados titulares. Los otros diez (36%) tienen jueces suplentes. Y de estas vacantes, el Presidente tiene que elegir un candidato de cinco ternas que le mandó el Consejo. Para que se entienda: solo hace falta la firma de Alberto Fernández para ocupar cinco de los diez puestos vacíos. El Senado -presidido por Cristina- tiene dos candidatos elegidos por el Ejecutivo para concretar las designaciones: Apenas tres cargos están en concurso en el "paralizado" Consejo de la Magistratura.
Ya bajo el griterío de los presentes y el suyo propio, el Presidente no se detuvo en estos detalles. Justificó el pedido de juicio político contra la Corte, aunque pretendió que "no hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia".
"Los ministros fueron al Congreso sabiendo a lo que se exponían, pero permanecieron en su lugar con templanza en representación y en defensa del Poder Judicial y de los jueces", aclararon luego desde el cuarto piso de Tribunales como toda reacción.
Sólo al final de su metralla Alberto Fernández afinó la puntería de su diatriba para interesar a una distraída Cristina Kirchner, que se abanicaba a su lado. Pero ya no quedaba tanta nafta en el tanque presidencial. Sólo atribuyó a la "organización" político-jurídico-mediática "una condena en primera instancia a la Vicepresidenta de la Nación. Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política".
La pobre empatía con su vice acabó con otra mentira lisa y llana, doblemente grave en labios de un autotitulado profesor de Derecho. Para Alberto, la sentencia del caso Vialidad se apoyó en un prejuicio: “'no pudo no haber sabido'” -lo que sus funcionarios y su socio Lázaro Báez hacían con millones del presupuesto nacional-, sostienen. De ese modo presumen el dolo, castigan por cierto criterio de responsabilidad objetiva e imponen el derecho penal de autor. Entonces se castiga a la persona por lo que es y no por la que ha hecho."
Nada de eso ocurrió en el proceso a Cristina Kirchner y sus cómplices. La instrucción del caso comenzó en 2007, y el juicio oral llevó más de tres años, durante los cuales desfilaron cientos de testigos y se presentaron pericias, documentos y pruebas. El 1 de agosto pasado, cuando comenzó su alegato final, el fiscal Diego Luciani aclaró exactamente lo que ahora desoye Fernández: no se acusaría a la vicepresidenta por lo que debió haber sabido, sino por lo que hizo con su firma, y también lo que no hizo ex profeso para controlar las tropelías de Lázaro. "Los expedientes hablan. No solamente hablan, gritan", advirtió Luciani aquel lunes.
En el barullo de tantas palabras y argumentaciones, hubo una que Alberto Fernández no pronunció en toda la mañana, y que exhibe la verdadera distancia con su mentora: proscripción.
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