Los archivos de la Iglesia y el Vaticano en la dictadura, abiertos para un libro

El capellán castrense que asistía espiritualmente a los pacientes del Hospital Militar de Campo de Mayo quiso visitar la maternidad, pero un soldado apostado con un fusil le impidió entrar. Al preguntarle por qué no podía ingresar, el uniformado le respondió que adentro había algunas parturientas en condición de presas e incomunicadas. Trató de explicarle su misión religiosa, pero no lo convenció. Tampoco al día siguiente hasta que pasado un tiempo lo logró. En el cuarto más cercano a la entrada se encontró con una señora que se estaba reponiendo de un parto vestida con un camisón sentada en una cama. Ella le dijo que estaba muy triste porque la habían separado de su bebé. Y que, como era de la Acción Católica, le manifestó que quería comulgar, cosa que el sacerdote accedió y -tras asegurarse de que lo dejarían volver a entrar- fue a buscar una hostia consagrada.

A la mañana siguiente, caminando por Campo de Mayo, el capellán pasó junto a un auto particular estacionado con la puerta abierta, pero sin chofer. En el asiento trasero vio a la mujer a la que le había llevado la comunión que seguía vestida con el camisón blanco. Consideró que la estaban llevando nuevamente a una cárcel clandestina. Se acercó a saludarla, trató de animarla diciendo que Dios la amaba y que iba a rezar por ella. A unos metros de distancia un oficial del Cuerpo de Comandos que conversaba con otra persona y lo vio hablando con la mujer rápidamente se acercó, le dijo que con esa persona no podía hablar, se subió al auto y se la llevó.

Ese mismo día por la tarde el oficial lo fue a ver para transmitirle que, por orden del Comando Militar de Campo de Mayo, tenía prohibido visitar a las parturientas. Además, le dijo que no debía preocuparse por la situación de ellas porque no necesitaban su asistencia. Que, eventualmente, había una persona que se ocuparía. Tampoco por los bebés porque todos ellos serían entregados a sus familiares. Tiempo después, también el director del hospital lo llamó para reafirmarle la prohibición y que la debía tomar muy en serio a riesgo de ser puesto en prisión. Prohibición que desde entonces el capellán observó.

Muchos años después de finalizada la dictadura, en 2007, el capellán, Federico Gógala, redactó lo que denominó “Todo lo que sé acerca de la maternidad clandestina en el Hospital Militar de Campo de Mayo en los años setenta”. Lo escribió en medio de las denuncias de una enfermera que aseguraban haberlo visto “visitando” a las parturientas, lo que motivó que las Abuelas de Plaza de Mayo pidieran a la justicia federal de San Martín que lo citara, pero sin tener éxito. En 2013, Gógala -que murió en 2016- le entregó su informe al obispo de San Miguel, por pertenecer a esa diócesis.

El testimonio del sacerdote está incluido en el segundo de los tres tomos de “La verdad los hará libres”, una monumental investigación de teólogos e historiadores sobre el papel de la Iglesia ante la violencia política y el terrorismo de Estado (1966-83). Encabezada por los sacerdotes Carlos Galli, decano de la facultad de Teología de la UCA; Guillermo Durán, historiador, y Luis Liberti, teólogo, y el laico Federico Tavelli, teólogo y licenciado en Ciencias Políticas, el trabajo fue dispuesto por la Iglesia argentina con el propósito de hacer un aporte a la verdad histórica.

Los investigadores -que trabajaron más de cinco años- pudieron acceder no solo a los archivos de la Conferencia Episcopal Argentina -ya habían sido abiertos para causas judiciales-, sino por primera vez a los del Vaticano. En este caso, el Papa Francisco tuvo que hacer una excepción porque no se puede verlos hasta cumplidos 75 años de los hechos. Todo ello permitió determinar que la Nunciatura recibió 3.115 denuncias distintas por desapariciones. Mientras que el Episcopado recibió más de 11 mil, pero muchas eran reiteraciones.

Entre el cúmulo de documentos sobre la dictadura contenidos en el segundo tomo (al igual que el primero) tiene casi 1.000 páginas- surgen algunos datos significativos. Por caso, de una reunión que el 8 de agosto de 1978 mantuvo el Nuncio, monseñor Pío Laghi, con el presidente Jorge Videla en la residencia de Olivos. Por primera vez allí Videla admite la existencia de “entre dos mil y tres mil” desaparecidos, pero “caídos sin identificación en acciones propias de esta difícil lucha o que permanecen en la clandestinidad”.

Las actas de las asamblea de obispos reflejan el predominio de una mayoría conservadora que se mostraba contemplativa con los militares. Al punto que cuando el 28 de octubre de 1979 el Papa Juan Pablo II, durante el rezo del Ángelus, denunció “el drama de las personas perdidas o desaparecidas” y pidió su esclarecimiento, el vicepresidente segundo del Episcopado, monseñor Jorge López, transmitió el disgusto de algunos obispos por esas palabras que “alimentan la campaña internacional contra la Argentina”.

También se consigna el testimonio de aquellos obispos que a poco de comenzada la dictadura ya denunciaban las violaciones a los derechos humanos y el imperativo moral de denunciarlas. Fue el caso del obispo de Quilmes, Jorge Novak, que en la asamblea del Episcopado de octubre de 1976 dijo: “Nosotros sabemos que que se está torturando y, como cristianos, tenemos que saber que si se tortura a un enemigo, nosotros somos la voz de Cristo que tiene que condenar esto”.