Por el beneficio de la duda, sobreseyeron al Caballo Suárez por lavado de dinero

Sin que durante casi ocho años se hayan logrado pruebas concluyentes, el controvertido exlíder del sindicato de obreros marítimos, Omar "Caballo" Suárez fue sobreseído en la investigación en su contra por supuesto lavado de dinero y contrabando.

En 2016, el Caballo había sido denunciado por la interventora en el gremio SOMU, Gladys González, quien luego fue electa senadora bonaerense por Cambiemos en 2017.

González acusó a Suárez y a otras personas vinculadas a él de supuestas maniobras de lavado a través de dos empresas, Maruba y Mercantes SA, que según la acusación eran utilizadas por el sindicalista para vehiculizar las coimas y pagos que exigía a las empresas navieras a cambio de "paz social" en las aguas: el SOMU protagonizó decenas de huelgas que le costaron millones a las embarcaciones que no podían operar normalmente durante esas protestas.

El procesamiento de Suárez, dispuesto por el juez Rodolfo Canicoba Corral en 2019, se había basado en dos pericias: una contable sobre los libros de Mercantes SA y otra caligráfica, sobre un documento supuestamente hallado por la intervención del gremio en una caja fuerte de la sede.

Pero esa medida fue recurrida ante la Cámara Federal, ya que los resultados de las pericias no habían sido concluyentes, es decir que no exhibían "el grado de certeza necesario" para justificar por sí mismas una acusación penal. Los camaristas revocaron el procesamiento del sindicalista.

Para entonces, el fiscal Gerardo Pollicita ya había impulsado numerosas medidas de prueba para establecer el origen de los fondos y la titularidad real de las empresas investigadas. "A lo largo de la investigación", repasa en su resolución, "se han abordado todas las vías pertinentes para obtener documentación que diera cuenta sobre los hechos."

"Así, oportunamente se allanaron las sedes de las empresas involucradas, secuestrándose una importante cantidad de documentación que aún permanece reservada en la Fiscalía, así como también se registraron los domicilios de los contadores que habían intervenido en actos de importancia para la investigación; se cursaron solicitudes a la AFIP en relación a cada una de las personas físicas y jurídicas vinculadas a la maniobra; se recabaron los legajos de las empresas involucradas ante la IGJ; la defensa aportó espontáneamente la documentación que consideró de interés para el esclarecimiento del caso; y se dio trámite a todas las solicitudes de documentación formuladas por los peritos contadores oficiales durante los años en que se extendió la experticia", detalla Pollicita.

Entre esas medidas, se encargó una nueva pericia más amplia y profunda, cuyas conclusiones se conocieron ahora. Los resultados fueron más frustrantes aún.

Más pericias, la misma incertidumbre

Para el fiscal, "pese al tiempo que insumió y la recolección de prueba que se requirió para ello -de hecho durante el proceso de confección del estudio, no hubo acuerdo entre todos los peritos que participaron, lo que ocasionó la presentación de informes finales por separado-, el estudio pericial contable no despejó la incertidumbre señalada por la Cámara en torno al modo en que se habría producido la compra de esas acciones (aún hoy no sabemos si se pagó y en tal caso cómo); tampoco contamos con otros elementos que permitan sostener con el grado de certeza que esta instancia impone, la hipótesis inicial de la Fiscalía -que se pagó en efectivo- con respecto a esa compra, por sobre aquella otra postulada por las defensas al introducir en sus descargos la teoría de la constitución de una prenda con usufructo."

Pollicita advierte que, "contrariamente a lo postulado por la defensa de los imputados Rodríguez Vázquez, la pericia contable en ningún momento acredita que 'el precio para recuperar las acciones fue de 934.197,32 pesos' sino que directamente no establece cuál fue el precio de la recompra". El ejemplo sirve para subrayar que la investigación tampoco logró establecer la inocencia de los acusados.

"Nos encontramos ante las mismas posiciones enfrentadas que desde un primer momento fueron sostenidas por la Fiscalía y por las defensas de los imputados", dice en su resolución el juez Daniel Rafecas, subrogante del jubilado Canicoba Corral.

En resumidas cuentas: con información contradictoria respecto de los reales dueños de la empresa Mercantes SA cuando ésta compró parte de la firma Maruba, el fiscal decidió renunciar a la acusación. No se puede probar el delito, pero tampoco su inexistencia.

La justicia también tuvo en cuenta la absolución del Caballo Suárez y los demás acusados por asociación ilícita, pese a que el fiscal del juicio apeló a la Casación Federal.

"Así, la continuación del proceso implicaría una seria afectación al derecho que tiene todo imputado de obtener un pronunciamiento que defina su situación procesal en un plazo razonable; a la vez que significaría un dispendio jurisdiccional innecesario en el marco una causa que, vale recordar, lleva más de siete años de trámite".

Hay detalles curiosos. Los peritos calígrafos concluyeron que la firma de Suárez en el documento supuestamente hallado en la caja fuerte del gremio es falsa, pero también era falsa la firma del sindicalista en los papeles con los que sus abogados intentaron desmentir los datos de aquel documento.

"En tal sentido no ha sido posible probar el rol de Enrique Omar Suárez dentro del entramado delictivo aquí investigado, cuestión que resulta fundamental toda vez que -más allá de que las firmas atribuidas al nombrado hayan sido como garante de 'nuevos negocios' y 'paz social'- es a él a quien se le atribuye principalmente la comisión del delito precedente que habría servido de base a la maniobra de lavado de dinero compuesta por la compra inicial del 20% de las acciones del grupo Maruba a través de Mercantes S.A y la posterior recuperación de la mitad de dicho paquete accionario por parte de la familia Rodríguez mediante las cartas de oferta en cuestión; de modo que la invalidez de la firma de Suárez en estos documentos constituye un impedimento para el avance de la instrucción", admite la resolución judicial.

"En tanto se han realizado todas las medidas pertinentes a los fines de esclarecer los hechos y se ha sometido la totalidad de los elementos de prueba obtenidos al análisis técnico de diez peritos contadores y cuatro peritos calígrafos que, en definitiva, no emitieron conclusiones determinantes que permitan aclarar las dudas generadas en torno a los aspectos centrales de la imputación", y "a pesar de los esfuerzos desplegados por la Fiscalía en pos de asegurar el avance de la instrucción -lo que oportunamente implicó la formación de un legajo patrimonial, la promoción de medidas cautelares tendientes a asegurar los fines del proceso, la proposición de puntos de pericia y el nombramiento de peritos de parte- se impone ahora la necesidad de resolver en forma definitiva la situación de los encausados."

Como corresponde en cualquier sistema republicano, "el estado de duda no podría jamás ser interpretado en contra de los imputados", por lo tanto Pollicita pidió el sobreseimiento de todos los acusados, firmado esta semana por Rafecas: Enrique Omar Suárez, Juan Manuel Medina, Jorge Antonio Suárez, Gustavo Rodríguez Vázquez, Eduardo Héctor Rodríguez Vázquez, Fernando Rodríguez Vázquez, Samuel Rodríguez Vázquez, Juan Manuel Ondarcuhu, Aldo Norberto Principi y Mariano Barberá.

En la fiscalía de Pollicita no se dan por vencidos. "En esta causa hicimos una investigación patrimonial integral sobre Suárez y su familia, con respecto a todos los inmuebles. Y no pudimos presentar aún el pedido de indagatoria por la absolución que todavía no resolvieron en la Casación Federal. También tenemos cautelares vigentes desde hace cuatro años. Si revocan la absolución por asociación ilícita y extorsión, podremos avanzar sobre el Caballo", advierten.