Tres causas investigan supuesto fraude y lavado de dinero en los fondos de campaña de Cambiemos

María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, cambió el tono de voz cuando se refirió a la denuncia que salpica a Cambiemos por presunto fraude en la rendición de gastos de campaña. Anunció que se iniciará una auditoría para explicar qué sucedió, que también buscarán avanzar en la bancarización de los aportes de campaña y ante el frente judicial, le solicitó la renuncia a la contadora general de la Provincia Fernanda Inza, tesorera de la campaña de Cambiemos en 2017.

El escándalo se desató por una publicación de un portal de noticias y derivó en tres causas judiciales: una iniciada de oficio por el fiscal federal electoral Jorge Di Lello -que tiene en curso importantes medidas-, otra radicada en el juzgado el juez Sebastián Casanello por lavado de dinero al desconocerse el origen de los fondos, y la que inició con la denuncia de la diputada Teresa García que se encuentra en la justicia de La Plata, y la lleva el juez Ernesto Kreplak.

Investigación preliminar

Esta causa fue iniciada por el fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello al hacerse pública la información sobre un extenso listado de aportantes de Cambiemos que serían falsos. Ante las presuntas irregularidades, "se abrió una investigación preliminar previa a una causa penal para verificar si los extremos son inverosímiles o no", explicaron fuentes judiciales a Clarín.

En esta caso, lo que se busca determinar es si el listado de más de 200 aportantes efectivamente, como se denunció, respondería a una rendición falsa. Al respecto, según fuentes judiciales, hay que considerar quiénes son los responsables partidarios de esas declaraciones.

En el expediente que lleva adelante Di Lello no hay imputados ni personas particulares investigadas, pero se aclaró que desde 2007 se modificó la Ley  y ya el presidente del partido no es el responsable financiero e la campaña. Ahora, tal como especifica la normativa el responsable económico financiero de campaña electoral, es quien asume dicho cargo y el tesorero del Partido. 

La Cámara Nacional Electoral también puso a trabajar a su cuerpo de auditores para repasar los datos de la campaña de Cambiemos y constatar cualquier irregularidad.

Con el foco puesto en el extenso listado de presuntos falsos aportantes, Di Lello impulsó tres medidas que están en curso.

La primera de ellas fue solicitar a la Anses con pedido de respuesta urgente un entrecruzamiento de datos, es decir, que informen sobre todas las percepciones (asignaciones, jubilaciones, subsidios, pensiones) que las personas identificadas como aportantes, reciben. Este miércoles, según pudo saber Clarín,  el abogado del organismo presentó un escrito explicando que lo requerido es de difícil cumplimiento, ya que dicha información se encuentra en diferentes bases de datos, pero que se cumplirá con los solicitado pero un plazo mayor.

Por otro lado, se requirió al Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley que informe respecto de los planes sociales que esas más de 200 personas perciben.

Finalmente, sobre 50 casos testigo -los primeros 25 y los últimos de la lista que se incorporó al expediente-, Di Lello solicitó a la Gendarmería Nacional tareas de constatación "a fin de ver la situación socio económica de los aportantes", indicaron fuentes de la causa a este medio.

Esta base de datos que está creando la fiscalía busca determinar si los presuntos aportes se condicen efectivamente con los fondos declarados, si pudo haber una simulación de los mismos. Todo está en etapa inicial de investigación, pero los primeros datos de la Gendarmería comenzaron a ingresar al despacho de Di Lello.

Lo que se desentrañará con el avance de la causa es el origen de los fondos aportados a la campaña. "El delito electoral es si aportaron empresas, algo prohibido por ley. No pueden aportar en campaña pero sí pueden aportar al partido", señalaron a Clarín desde la justicia electoral.

Para dichos aportes hay topes: para los partidos nacionales, el límite de aportes por año calendario es de 6.197.815 pesos para personas físicas y 3.098.907 pesos para personas jurídicas. Estas cifras se actualizan cada año electoral en función de una fórmula fija. 

Por otro lado, la fiscalía recibió información de la Cámara Electoral, que señaló que de 100 aportantes del listado investigado, 99 son afiliados al PRO. Entonces se busca determinar si se utilizó alguna base de datos del Estado para la maniobra. La discusión en este punto es "un gris en la ley", señalaron fuentes judiciales "porque en tal caso es inmoral pero no está especificado como delito". 

Causa por lavado de dinero

La organización La Alameda, que conduce Gustavo Vera, denunció el caso por supuesto lavado de dinero, ya que no se conoce hasta el momento "el origen de los fondos volcados a la campaña electoral", explicaron fuentes judiciales a Clarín.

Este expediente lo instruyen el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Stornelli. Al momento no hay imputaciones, pero el representante del Ministerio Público Fiscal señaló a los responsables económicos y financieros de la campaña y al tesorero del partido. Esto es lo que establece la ley de financiamiento, y por ello se identificó a Gabriel Irigoin y a Carla Silvia Chabán.

En esta etapa inicial de la causa, el magistrado solicitó a la Cámara Electoral las constancias -aportes y fichas de afiliación- de quienes integran el listado de más de 200 aportantes. Y según confirmaron a Clarín, finalizada la feria judicial "se vendrán declaraciones testimoniales" de las personas que figuran aportando fondos a Cambiemos.

Ante la consulta de este diario, tanto el juzgado como la fiscalía plantearon que "mantienen reserva por ser los momentos iniciales de la investigación".

Lo primero que se verá es si hay falsedades documentales: aportantes y afiliados falsos. Y luego tocará ver si el "número es significativo para empezar a trazar las distintas hipótesis. Hay que ver también qué hace La Plata", indicaron fuentes de la causa.

Denuncia en la justicia de La Plata

Se originó tras la denuncia de la diputada provincial Teresa García (FPV). Quedó en el juzgado de Ernesto Kreplak. En el escrito se denunció a la gobernadora Vidal como presidenta del PRO a nivel provincial, a Jorge Macri y Néstor Grindetti como vicepresidente 1º y 2º del espacio y a Federico Salvai en su rol de Secretario General.

Las acusaciones formuladas contra todos ellos son: usurpación de identidad, falsificación de documentos, lavado de activos, y violación de secretos y privacidad. En este caso de detalló que durante la última campaña electoral Cambiemos contó 4.800 aportantes  que contribuyeron con 43,1 millones de pesos. De esta cifra, más de 22 millones correspondían a la campaña de Esteban Bullrich y 20.855.000 a la de Graciela Ocaña. 

La denuncia fue ratificada y ampliada ante la presencia de otros 260 casos a los 205 ya denunciados por el portal de noticias. Allí se planteó que muchos de estos aportantes son beneficiarios de los planes "Ellas Hacen", "Argentina Trabaja", y "Hacemos Futuro". En este caso son "pequeños aportantes" por sumas que oscilan entre los 200 y 300 pesos.