Elisa Carrió pidió una auditoría contable de la Corte Suprema de Justicia

Elisa Carrió no se detiene. Esta vez, sumó un nuevo embate contra el ex titular de la Corte Suprema de Justicia al pedir que se efectúe una auditoría sobre el máximo tribunal durante  la gestión de Ricardo Lorenzetti.

La gestión la hizo a través de su diputada nacional Paula Olivetto quien presentó un proyecto de resolución para que la Auditoria General de la Nación " en virtud de lo dispuesto por el artículo 85 de la Constitución Nacional y el artículo 117 y concordantes de la Ley Nº 24.156" realice "una auditoría de gestión, presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal y elaborar un dictamen de los estados contables de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha de corte el 1º de octubre de 2018".

Lo hace fundamentada en que "el Poder Judicial integra, sin dudas, el sector público de la Argentina y por lo tanto está sometido al control republicano que debe ejercer este Honorable Congreso, conforme los órganos competentes".

Desde el Bloque Coalición Cívica de Diputados recuerdan que "ya presentamos un pedido de juicio político al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Luis Lorenzetti".

Y recuerdan que esas eran "un patrimonio poco transparente que no podría justificar, el Incumplimiento de la ley de ética en el ejercicio de la función pública", "Irregularidades en la administración del Poder Judicial de la Nación", "cooptación de las estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la justicia" y "destrucción del control interno del Consejo de la Magistratura de la Nación", entre  otras razones.

En ese proyecto, Olivetto señala que "en estos años al frente de la Corte Lorenzetti manejó los recursos económicos y técnicos para beneficio de su proyecto de concentración política y económica".

También el proyecto de resolución se refiere al conflicto surgido en la Corte con el portal de noticias judical (CIJ) y reseña que "en consonancia con sus facultades, Rosenkrantz ordenó una suerte de "restitución" del acceso al CIJ y a sus contenidos, con la referencia a los últimos movimientos de Lorenzetti (en retirada) que despoblaron una de las áreas más sensibles sobre las que el ex titular del Alto Tribunal había construido poder. Y no sólo eso: Rosenkrantz buscó un efecto político con su decisión, encargándole la misión de devolverle el control del CIJ a quien fuera mano derecha de Lorenzetti y se mantiene al frente de la Secretaría de Administración de la Corte, el contador Daniel Marchi".

Según la diputada del bloque de Carrió, "las características de la República sirven para impedir el uso hegemónico del Poder y asegurar el imperio del Derecho. Los mecanismos que forman parte de la definición misma de República son la división de poderes con sus frenos y contrapesos -para que ningún poder predomine por sobre el otro-, el control de constitucionalidad en manos de jueces/zas (para proteger los derechos de los individuos), la responsabilidad política de los funcionarios, la publicidad de los actos de gobierno, y las constituciones rígidas".

El proyecto finaliza diciendo que "el rol fundamental que cumple la Corte Suprema de Justicia en nuestro sistema de gobierno, en su carácter de intérprete final de la Constitución Nacional, torna imprescindible dotar su funcionamiento los de ciertos mecanismos tendientes a asegurar la transparencia y publicidad de su actuación".