Con escándalo, los K aprobaron un informe que critica a la Oficina de escuchas de la Corte

Con escándalo, el kirchnerismo aprobó este lunes en el Congreso un informe por mayoría que critica el rol de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) y a miembros de la Cámara Federal porteña y de la Corte. En particular, lo hace en las escuchas a Oscar Parrilli y a ex funcionarios K presos en Ezeiza en el marco del Operativo Puf.

Desde principios de año, la vicepresidenta Cristina Kirchner quiere sacarle a la Corte el control sobre esa estratégica oficina de escuchas telefónicas (ex OJOTA de la SIDE) y devolvérselo a la Procuración General de la Nación. Logró que el Senado derogara a principios de año el decreto del ex presidente Mauricio Macri que hizo esa transferencia, pero no consiguió -hasta ahora- los votos necesarios en Diputados.

En cambio, se pudo en marcha un mecanismo de control de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso sobre la DAJuDeCO, que presidente el diputado ultra K Leopoldo Moreau.

En ese contexto, el informe de mayoría criticó la actuación de la DAJuDeCO en los casos de las escuchas a Parrilli por el encubrimiento de la fuga del financista de la efedrina, Ibar Pérez Corradi, a Paraguay y a ex funcionarios K presos en Ezeiza, como Roberto Baratta.

En un momento de la reunión de la comisión bicameral, el ex titular de la AFI K se quejó por la filtración a los medios de las escuchas de conversaciones entre él y Cristina entre el 2016 y 2017 y responsabilizó a la oficina de la Corte por la difusión de las grabaciones.

Las intercepciones del teléfono de Parrilli habían sido ordenadas por los jueces Ariel Lijo y María Servini. Entonces, el diputado de Juntos por el Cambio, José Cano (UCR-Tucumán) pidió la palabra, según fuentes parlamentarias consultadas por Clarín:

- Diputado Cano: La difusión de las escuchas no fue de la DAJuDeco. Pudo ser de las partes que tuvieron acceso a los expedientes en los juzgados.

- Senador Oscar Parrilli: Usted es un cararrota.

- Cano: No le contesto por el espíritu navideño, senador. Me remito a las consideraciones públicas de la vicepresidenta sobre si figura (en que lo trató de “pelotudo”).

La reunión casi se sale de cauce por los insultos pero los ánimos se tranquilizaron y cada sector votó un informe propio. Y Cano insistió en que ese organismo “mantuvo la cadena de custodia” sobre las escuchas, según los procedimientos dispuestos por la Corte en dos acordadas.

En cambio, el informe de los K atribuyó a esa oficina de la Corte la filtración periodística “indebida” de las escuchas de esos dos casos que tuvieron mucha difusión mediática.

Además, dice el documento del oficialismo “se debe contextualizar el rol cumplido por los poderes judiciales en América Latina en cabeza de la denominada “guerra judicial” o “lawfare”; que, en connivencia con organismos de inteligencia, medios de comunicación, y poderes fácticos, perpetraron una deliberada persecución a dirigentes políticos en el campo judicial”. Es decir, la DAJuDeCO sería, entonces, otra pata del relato K del Lawfare.

En lo que respecta al funcionamiento de la DAJuDeCO, agrega el informe K, “luego del análisis pormenorizado de las áreas del organismo plasmado en el informe en cuestión, observamos como la Dirección se constituyó, ya no en una instancia de mero apoyo administrativo a requerimiento de los magistrados, sino también en una herramienta a disposición del máximo Tribunal para supervisar la persecución penal del poder jurisdiccional”.

El informe de la Bicameral critica al presidente de la Cámara Federal y director de la DAJuDeCO hasta fines del año pasado, Martín Irurzun, y a los miembros de la Corte, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

En cambio, un informe de minoría firmado por Cano y sus colegas de bancada, Cristian Ritondo y Sebastián García De Luca defiende el rol de la DAJuDeCO. Y afirma que “algunas argumentaciones que surgen del informe semestral están guiadas por ciertos preconceptos que no se han verificado en las tareas de análisis del trabajo de la DAJUDECO y que al no apoyarse más que en opiniones sesgadas podrían poner en riesgo la división de poderes”.

Además, Comisión Bicameral “ya se expidió" sobre  la causa N°481/16 -caso Parrilli-, "producto de una auditoría realizada a la DAJUDECO por UBATEC, a solicitud de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación y en la cual se destacó la labor de la Dirección y se estableció que no existió ningún tipo de responsabilidad por parte de la Dirección” en las filtraciones a los medios.

Por otra parte, el informe K entre sus apreciaciones entiende que “devino improcedente la entrega a Bonadio de la copia de las escuchas (del Operativo Puf), sin el debido respaldo” por parte esa oficina, luego de hacer un análisis de los pasos que siguió el juez porteño para tener las escuchas y abrir una causa.

En febrero de 2019 cuando los K lanzaron el Operativo Puf, la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió denunció por Twitter que se venía “una operación contra el fiscal Carlos Stornelli y la causa de los Cuadernos de las Coimas”.

Luego hizo una denuncia en base a un par de copias de informe de escuchas en la cárcel de Ezeiza, donde diez días antes de la denuncia de Pedro Etchebest, ya se hablaban de la presentación ante el juez federal Alejo Ramos Padilla.

Entonces, el juez Claudio Bonadio pidió una copia al juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien había ordenado a la AFI intervenir los teléfonos públicos de la cárcel de Ezeiza para investigar si el Rey de la Efedrina, Roberto Segovia, seguía manejando el tráfico de drogas. Villena autorizó por escrito a Bonadio a tener una copia.

En cambio, el informe en minoría sostiene que esa crítica por la entrega de las escuchas del Operativo Puf “no es más que una opinión sin ningún rigor legal”. Fundamentalmente, porque pedir pruebas es una “aplicación de facultades otorgadas por el Código Procesal Penal de la Nación en su artículo 236” a los jueces.