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      Gobernadores del PJ sumaron a la CGT en la protesta por el Fondo de la Soja

      Manzur, Verna, Bertone e Insfrán recibieron a los jefes de la central sindical en el CFI.

      Gobernadores del PJ sumaron a la CGT en la protesta por el Fondo de la SojaJuan Manzur llegando al CFI. Foto: Diego Díaz

      Tras el objetivo de defender sus arcas, un puñado de gobernadores -motorizado por el tucumano Juan Manzur- se reunió ayer y sumó a la cúpula de la CGT a la pelea contra el Gobierno por el Fondo de la Soja. Además de avanzar individualmente por vía judicial, acordaron reunirse con los bloques legislativos del PJ para empujar la derogación del decreto en el Congreso.

      Las bajas ya anunciadas de muchos de los mandatarios provinciales -que por distintos motivos se excusaron- no detuvo el encuentro en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Además de Manzur, participaron Juan Carlos Verna (La Pampa), Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa).

      Sin embargo, la sorpresa la dio el triunvirato completo de la CGT -Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, invitados por Manzur. También fueron los sindicalistas Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA) y José Luis Linghieri (OSN). Los gremialistas apoyaron el reclamo y todos concluyeron en la necesidad de reunirse "más seguido", por este y "otros temas".

      Juan Carlos Schmid en el CFI. Foto Diego DíazJuan Carlos Schmid en el CFI. Foto Diego Díaz

      Al encuentro faltaron, con aviso, Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manuel Manuel Urtubey (Salta) y Gustavo Bordet (Entre Ríos). Sergio Uñac (San Juan), Lucía Corpacci (Catamarca) y Domingo Peppo (Chaco) también avisaron que no irían, pero enviaron a sus vicegobernadores Marcelo Lima, Jorge Solá Jais y Daniel Capitanich. El vice de Santiago del Estero, Emilio "Pichón" Neder, fue en nombre de Gerardo Zamora.

      “Se analizó el tema desde el punto de vista técnico y político. Advertimos que no se puede unilateralmente dejar sin efecto el fondo porque era un acuerdo con las provincias y municipios. De hecho tenían que cumplir ciertos requisitos para recibirlo”, señaló el vice de Uñac y advirtió: “Como ya está avanzado el año ya se tienen destinados esos recursos para obras de infraestructura”.

      Manzur encarna la principal rebeldía a la eliminación del Fondo Sojero y adelantó que su provincia llevará la demanda a la Corte Suprema. El fiscal de Estado de esa provincia, Daniel Leiva, trabaja para pedir la nulidad de los decretos.

      Pero mientras las demandas judiciales avanzan, los mandatarios van a explorar en conjunto la vía legislativa. "Le vamos a pedir a los legisladores nacionales que trabajen en un proyecto para derogar el decreto que elimina el Fondo y que bloqueen cualquier acción que perjudique a las provincias", declaró Verna.

      Por eso, sin perder tiempo, terminada la reunión, los cuatro gobernadores visitaron al jefe de la bancada del Senado, Miguel Angel Pichetto, y cerraron con él la convocatoria a una nueva juntada, el viernes próximo junto a los referentes de los bloques del PJ en Diputados y Senadores. Además del Fondo Sojero, quieren empezar a definir los ejes del debate por el Presupuesto 2019.

      Para ese momento, esperan contar con una concurrencia mayor. Entre los organizadores de la cumbre en el CFI veían la mano del Gobierno detrás de las ausencias de mandatarios. El viernes, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, se reunió con Bordet y Peppo. Desde la Casa Rosada vieron "débil" el encuentro de ayer y confirmaron que la semana que viene "continuarán con las reuniones bilaterales".

      La bancada de Argentina Federal, conducida por Pablo Kosiner, ya presentó un proyecto de ley para derogar el DNU e invitó a intendentes a una reunión informativa que darán el miércoles en el Congreso. Ese mismo día, la intendenta Verónica Magario (La Matanza) organiza un encuentro con pares de otros distritos para organizar una presentación colectiva de amparos judiciales,

      La eliminación de este Fondo estaba contemplada para 2019. Para las provincias, implica perder 8.500 millones de pesos, de los cuales el 30% va directo a los municipios, que fueron los primeros en alzar la voz.


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      Jazmín Bullorini

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