El Gobierno se presentó como querellante en la causa de Carrió contra la reestatización de YPF

En un cambio de posición, la actual conducción de YPF se presentó como querellante en la causa abierta por la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, por la polémica reestatización de la petrolera que hizo Cristina Kirchner en el 2012. Casi dos años y medio tardó el debate interno en el gobierno de Cambiemos para pasar de una posición de prescindencia a la de querellante que implicó una sorda puja con Carrió.

El sábado, en el programa de TV de Mirtha Legrand, Carrió reveló que “el gobierno se presentó como querellante” en la causa que hizo en el 2008 ante el juez federal Ariel Lijo, que es un tema política y económicamente sensible para el estado argentino. Sucede que, hasta ahora un fondo buitre viene ganando un juicio por 4 mil millones de dólares en la Justicia de EE.UU. por las acciones de YPF-Repsol que pertenecían al Grupo Eskenazi, cuya estatización la ex presidenta se negó a indemnizar. El juicio empezó en la época K.

Voceros de la actual conducción de YPF, que preside Miguel Angel Gutiérrez, confirmaron a Clarín que “hace diez días” la empresa estatal se presentó como querellante en la causa en que están imputados desde el empresario español Antonio Brufau, la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Economía Axel Kicillof y la mano derecha del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, Roberto Baratta, entre otros.

El Procurador General del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, sigue la causa local con atención, aunque por ley su organismo no puede presentarse como querellante. En cambio, la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso evalúa presentarse también como querellante, mientras batalla internamente para poder conseguir más abogados y así poder enfrentar la causa de los cuadernos de las coimas y otras decenas de casos de corrupción K.

El Procurador del Tesoro debe ser más cauto para no entorpecer la estrategia judicial en la Corte de Suprema de Justicia de los EE.UU.  frente al fondo buitre Burford. Uno de los argumentos por los que la Cámara de Apelaciones de Nueva York confirmó que el juicio debía hacerse en EE.UU. fueron las denuncias penales de la entonces procuradora del Tesoro K, Angelina Abbona contra los abogados del fondo Burford, y la falta de independencia de la Justicia argentina en la época K.

Junto al debate sobre si los ex presidentes deben ir presos, el alcance de la causa de los cuadernos de las coimas y el rol en la justicia del titular de Boca, Daniel Angelici, el caso YPF es uno de los puntos de disidencia de Carrió con el Gobierno que, la semana pasada, tuvo su punto máximo con el pedido de renuncia del ministro de Justicia, German Garavano.

En este tema, Carrió viene dialogando y pulseando con el miembro del directorio de YPF Pepín Rodríguez Simón, uno de los encargados de enfrentar el juicio de Burford. "Pepín Rodríguez Simón hizo echar a mi representante en el directorio de YPF, Gustavo Gutierrez, quien quería investigar las cuentas bancarias de Repsol y del Grupo Eskenazi", dijo Carrió una entrevista publicada en el libro "El Mecanismo”. 

Carrió incluso amenazó con denunciar por encubrimiento a la actual conducción de YPF, si no aceptaba investigar también la trazabilidad de los giros con las ganancias de YPF-Repsol en la era K. Carrió afirmó, en varias entrevistas, que “los Eskenazi” fueron los “testaferros” de los Kirchner. Por su parte, en varias oportunidades, el Grupo Petersen de la familia Eskenazi, afirmó que su ingreso en el 2008 a YPF-Repsol “fue totalmente transparente” y refrendado por la Bolsa de Comercio local, de Estados Unidos y de España, entre otros países.

Sin embargo, el ex diputado por Mendoza -y autor junto a Carrió del informe contra el lavado de dinero del 2001- Gutiérrez dijo que él tuvo que renunciar porque "el resto del directorio se negó" a darle un equipo para investigar “dónde fueron las ganancias de Repsol, de los Eskenazi y el rol de Roberto Baratta como representante de los gobiernos de Néstor y Cristina” en la empresa. Carrió también denunció que la indemnización que finalmente el gobierno de Cristina le pagó a Repsol fue “el doble del valor que tenía después del vaciamiento”, en alusión a unos 10 mil millones de dólares pagados.

En el programa de Mirtha Legrand, Carrió también criticó al juez Lijo, aunque el magistrado espera el resultado de un extenso peritaje que mandó a realizar para determinar si se cometieron delitos en estas operaciones millonarias. Por lo pronto, ya encargó a la Unidad de Información Financiera (UIF), que maneja Mariano Federici, que determine la trazabilidad de los fondos que salieron de YPF-Repsol al exterior.