Por impulso del Gobierno, el Consejo de la Magistratura cita hoy al juez Daniel Rafecas, como paso previo a su juicio político

La Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura pedirá hoy la citación del juez federal Daniel Rafecas para que pueda efectuar su descargo como paso previo al pedido de inicio de un proceso de juicio político por presunto mal desempeño de sus funciones.

"Hay elementos de prueba contundentes", confía una fuente del Consejo, que arriesgó que el dictamen de citación por el artículo 20 del reglamento de la Comisión que se votará hoy "obtendrá la mayoría simple que requiere para que prospere" y que "el 7 de diciembre, Rafecas podría estar presentando su descargo".

Uno de los cargos que apunta al titular del Juzgado Federal 3 es la "inusual premura" con la que cerró la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por presunto encubrimiento de los sospechosos iraníes del atentado a la AMIA, a partir de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

Según pudo saber Télam de fuentes del Consejo de la Magistratura, a Rafecas le endilgarán mal desempeño de sus funciones a raíz de ese hecho, pero también le cuestionarán -según quienes promueven la acusación- por "haber hostigado a un querellante (Waldo Wolff) para que deje de criticar su fallo en los medios".

La citación del magistrado contaría con los votos del oficialismo, representado por los consejeros Pablo Tonelli, Miguel Piedecasas, Gustavo Valdés, Juan Bautista Mahiques y Ángel Rozas.

La citación será por el artículo 20 del Reglamento de la Comisión, por lo que Rafecas tendrá diez días hábiles para presentarse a partir de ese momento, lo que se produciría alrededor del 7 de diciembre. Tras ese descargo, la comisión tiene 20 días hábiles para emitir un dictamen acusatorio o desestimatorio.

En el Consejo estiman que no haría falta "pedir nuevas pruebas", y que se podría avanzar en el pedido del inicio de un juicio político incluso antes del inicio de la feria judicial, o apenas concluyan las vacaciones, en febrero.

Desde la oposición, el consejero Rodolfo Tailhade (Frente para la Victoria) cree que este proyecto de dictamen lo está "promoviendo el oficialismo" porque el magistrado "ha tocado de alguna forma, a través de sus sentencias, sus intereses". Si bien Tailhade no forma parte de la Comisión de Disciplina es el referente de la oposición en el Consejo, y de llegar el dictamen al plenario para su votación será uno de los trece consejeros que deberán emitir su voto.

"Lo que están haciendo con Rafecas es lo que están haciendo con todos los jueces: atacarlos y perseguirlos por sus sentencias", se quejó Tailhade. Agregó que "se suma en el caso de Rafecas que "seguramente tocó intereses muy importantes del oficialismo", como en su momento lo hizo "con los radicales por los sobornos", en referencia a la causa por supuestas coimas en el Senado durante el gobierno de la Alianza, que finalmente terminó con el sobreseimiento de los acusados en el juicio oral. "Están totalmente enceguecidos contra Rafecas por una sentencia", dijo respecto a la resolución del magistrado de cerrar la denuncia de Nisman por el memorándum firmado por el gobierno argentino con Irán, y concluyó: "Es un cachivache, un disparate absoluto".

Las denuncias contra Rafecas fueron presentadas por los diputados de Cambiemos Elisa Carrió y Waldo Wolff, en 2015, por considerar que el magistrado desestimó "en tiempo récord" la denuncia de Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner y funcionarios de su gobierno, como el ex canciller Héctor Timerman.

En la instrucción, a cargo del consejero Rozas, se consideró que Rafecas "ha dictado la sentencia con arbitrariedad intencional, con fundamentos aparentes y con la finalidad de favorecer a los más altos funcionarios públicos de ese momento, constituyendo una verdadera sentencia fraudulenta". También se indicó que, "al no producir medidas de prueba, ha imposibilitado arribar a la verdad de los hechos, a la vez que ha impedido demostrar la inocencia de los sindicados".

En resumen, en el escrito se le reprocha a Rafecas la "inusual premura en la resolución del caso"; la "insuficiente actividad procesal"; la "no producción de pruebas"; un "análisis parcializado de la prueba"; una "argumentación falsa" y "manifestaciones políticas improcedentes", entre otras acusaciones, como la de haber realizado "indebidas manifestaciones políticas positivas de los imputados y negativas del denunciante (Nisman)", así como también que "convocó y mantuvo una reunión en su despacho con personas que no formaban parte de la causa para adelantar su resolutorio".

Además, Rafecas habría efectuado "una llamada telefónica para realizar reproches, hostigamientos y ofensas" contra Waldo Wolff y que permitió que "una persona utilizara en simultáneo ese canal para materializar una amenaza de muerte hacia el interlocutor".

Carrió denunció a Rafecas ante el Consejo de la Magistratura "por mal desempeño de sus funciones" y pidió "que se disponga la apertura del procedimiento de remoción, se lo suspenda y se promueva su enjuiciamiento", se recordó en el documento de la Comisión de Acusación y Disciplina.