Otra jugada de Cristina Kirchner: fue a la Corte para impedir que se hagan los juicios por Hotesur y Pacto con Irán

Mientras el kirchnerismo busca avanzar con un juicio político contra los cuatro ministros de la Corte Suprema, la vicepresidenta acudió al máximo tribunal para impedir que se realicen los juicios en los casos Hotesur y Pacto con Irán. En sus planteos, la defensa no pidió el corrimiento de los jueces que tendrán la decisión final.

El jueves por la mañana el abogado Carlos Beraldi presentó ante la Corte Suprema los respectivos recursos para evitar que Cristina Kirchner enfrente dos nuevos juicios por presuntos hechos de corrupción.

Acudir al máximo tribunal es la instancia última que tiene la vicepresidenta para reiterar lo que ya sostuvo ante la Cámara de Casación: los juicios no deben sustanciarse porque en ambos expedientes hay una inexistencia del delito.

Como la Casación, que es el máximo tribunal penal, rechazó los argumentos de las apelaciones se habilitó la vía para ir en queja ante la Corte. Ahora sin plazos determinados, los ministros siempre criticados por el Gobierno, tendrán en sus manos la última palabra.

Hace más de una semana los jueces de la Sala I del máximo tribunal penal, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, rechazaron la apelación presentada por la vice en el caso conocido como Hotesur - Los Sauces. Se trata de las empresas de la familia Kirchner investigadas por operaciones de blanqueo.

Estos expedientes que se investigaron de forma separada, terminaron unificados para la realización del juicio. En ambos casos, para que se llegue a la instancia del cierre de la instrucción y posterior elevación a la etapa del debate oral, intervinieron más de 16 funcionarios judiciales entre jueces y fiscales de diferentes instancias. Se concluyó que las empresas carecían de un curso comercial genuino y que eran “pantallas para realizar maniobras de lavado de activos”.

Hotesur - Los Sauces

Cristina Kirchner deberá comparecer ante un Tribunal de juicio junto a su hijo Máximo Kirchner y otros trece imputados, entre los que se encuentra Lázaro Báez, Cristóbal López (sólo en Los Sauces), Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Osvaldo Sanfelice, el ex contador y arrepentido en los Cuadernos de las Coimas, Víctor Manzanares, entre otros.

Es justamente, lo que busca evitar la vicepresidente: volver a estar sentada en el banquillo de los acusados. Cuando la Sala I revocó el sobreseimiento que dos jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) habían dictado, entendieron que la mejor instancia de defensa es el juicio oral. Que en ese proceso penal deben explicar los acusados, en base a qué elementos de prueba sustentan su inocencia y que al concluir el desarrollo de esta etapa, sean los jueces los que determinen si hubo o no responsabilidad penal.

La defensa de la vice apeló ese criterio que fue rechazado por no tratarse de una sentencia definitiva. Los jueces explicaron que se está ante una resolución que sólo determinó que debe llevarse a cabo el juicio.

Ante la Corte Suprema la defensa insistió en que debe anularse la decisión de realizarse el debate oral. “Si bien el pronunciamiento impugnado no pone fin al proceso sino, por el contrario, ordena la prosecución de su trámite, lo cierto es que la decisión manifiestamente arbitraria adoptada por los jueces Barroetaveña y Petrone vulnera el derecho que les asiste a nuestros defendidos de obtener, en un plazo razonable, una decisión jurisdiccional que de una vez por todas ponga fin al estado de incertidumbre y de restricción de derechos que supone el seguir afectados a estas actuaciones”, dijo el abogado Beraldi ante el máximo tribunal.

Bajo este mismo argumento, se señaló que ese fallo que ordena realizar el juicio, no sólo responde a una “interpretación arbitraria en cuanto a los alcances de la ley procesal” y que todo conduce a una “injustificada dilación del presente proceso”. Es decir: hasta que el juicio comience y concluya, entiende la defensa, es un plazo muy prolongado.

En función de eso, Beraldi insistió con la idea de que hay una ”indebida utilización de estas actuaciones por parte de terceros para alimentar una campaña de persecución en contra de nuestros representados, en particular, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner”.

El caso de la jueza Figueroa

Ante la Corte Suprema, el planteo de la vicepresidenta, indica que la Sala I que resolvió que enfrente el juicio por las maniobras investigadas en Hotesur - Los Sauces, se “constituyó de forma indebida” porque no se convocó a un tercer juez en reemplazo de Ana María Figueroa.

Al respecto, fue la Corte la que indicó que Figueroa había cesado en sus funciones por cumplir 75 años y no haber obtenido el acuerdo del Senado antes del 9 de agosto (fecha de su cumpleaños) para permanecer cinco años más en el cargo. Por eso la Sala I quedó con dos jueces que, tal como el Código Procesal indica, al coincidir en los argumentos y en la resolución final, resolvieron sin la intervención de un tercer magistrado.

Un dato que no es menor: fue el kirchnerismo el que desafío a la Corte al sesionar después del criterio fijado y aprobar el pliego de Figueroa pese a que como última intérprete de la Constitución, el máximo tribunal ya había dicho que había cesado en sus funciones como jueza.

Pacto con Irán

En cuanto al expediente que inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman cuando habló del entramado que ocultaba la firma del Memorándum con Irán, la Casación expuso que el juicio debe desarrollarse.

En primer término por entender que no se estaba cuestionando penalmente, la potestad del Poder Ejecutivo en la firma de un Pacto de Entendimiento con otro país, sino que en la denuncia formulada por Nisman, revestía el contenido jurídico necesario, es decir: había hechos penales que debían investigarse y que deben debatirse en un juicio oral.

De esta manera la Sala I remarcó que debían dejar de excusarse -los imputados- detrás de la idea de la acción de Gobierno no judiciable. Sino que se estaba ante un hecho que indaga en los intereses por detrás del acto institucional en sí mismo. Esto es: el encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la sede de la AMIA.

Por ese motivo en este expediente, todos los imputados deberán responder ante un Tribunal de juicio por el delito de encubrimiento agravado. Es Cristina Kirchner la máximo responsable según la acusación penal.

En el recurso de queja ante la Corte Suprema, el abogado de la vice se refirió a este punto. “La Casación Penal violentó gravemente el principio de división de poderes, consagrado en el art. 1 de la Carta Magna, al avalar la indebida judicialización de actos de naturaleza estrictamente política que, como tales, se encuentran exentos de revisión por parte del Poder Judicial”.

Es uno de los agravios principales que se volcaron en el escrito ante el máximo tribunal, “la interpretación de las cuestiones políticas no justiciables también suscitan cuestión federal bastante pues entrañan la interpretación de las facultades constitucionales de los tres poderes del Estado Nacional, y la aplicación del principio de separación de poderes y la organización republicana del gobierno”.

Frente a todos los argumentos expuestos ahora la Corte Suprema deberá analizar ambos casos y pronunciarse al respecto. Los juicios no comenzarán hasta tanto se conozca qué criterio adoptarán los cuatro ministros hoy señalados por el kirchnerismo en una comisión de enjuiciamiento en el Congreso de la Nación, con el fin de destituirlo de sus cargos.

De hecho, Horacio Rosatti presidente de la Corte respondió a dicha comisión a través de un escrito, planteando que lo que buscan hacer es intervenir en el funcionamiento del Poder Judicial en general y de la Corte en particular. Asimismo, acusó a los miembros acusadores de dicha comisión, de pretender condicionar futuras decisiones que debe tomar el máximo tribunal.