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      La Justicia cuestionó al Servicio Penitenciario porque los narcos siguen operando desde las cárceles

      Los elaboró el fiscal Diego Iglesias. "Mameluco" Villalba y jefes de Los Monos son algunos de los casos que detectó. Críticas a Garrigós de Rébori.

      La Justicia cuestionó al Servicio Penitenciario porque los narcos siguen operando desde las cárcelesMiguel Ángel "Mameluco" Villalba y su hijo, Iván "El Salvaje" seguían operando bandas narcos desde las cárceles.

      Desde el Complejo Penitenciario de Ezeiza como Marcos Paz, muchos líderes narcos se las ingenian para dar órdenes, para elegir nuevas rutas y así dar continuidad al millonario negocio. La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) a cargo de Diego Iglesias, sostuvo hace seis meses en un informe que la crítica situación “evidencia que la detención y condena de sus responsables no resultan suficientes para desarticular la compleja estructura de organizaciones narcocriminales y hacer cesar sus actividades ilícitas”. Sin respuestas de la interventora del SPF, la fundadora de Justicia Legítima María Laura Garrigós de Rébori, dos nuevos hechos pusieron de manifiesto lo denunciado: órdenes desde la cárcel para continuar con la actividad criminal.

      El 25 de agosto del año pasado, por una extracción de testimonio se inició una causa en la que se buscó profundizar la investigación respecto a otros integrantes de la organización criminal que se investigó a raíz de la muerte de las 24 personas por la droga adulterada. Se buscaba dar con “eslabones superiores en la cadena del tráfico ilícito y/o a quienes le brindaban cobertura policial en el despliegue de tal actividad”, dijo la jueza Alicia Vence.

      En un principio, se identificaron a las personas que habrían continuado con las labores ilícitas, tras la detención de algunos integrantes de la banda. Después de meses de investigación la jueza sostuvo que se logró “individualizar a otros partícipes de la maniobra ilícita en el lugar y en particular a quien se encontraba por encima de él en la empresa delictiva”. Para eso hicieron un análisis de conversaciones telefónicas que expusieron otras irregularidades.

      El accionar de quienes integraban la organización criminal, no se restringía solo al punto de venta ubicado en el barrio denominado “Puerta ocho”, “sino que se extendía a otros lugares de la jurisdicción y a la localidad de William Morris, todos de la provincia de Buenos Aires”. Se evidenció que por encima de los primeros acusados en el caso “existía una conducción y control de parte de Iván Gabriel Villalba, alias “el salvaje”, y de Miguel Ángel Villalba desde sus respectivos lugares de detención”.

      La interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós de Rébori junto a Alberto Fernández.La interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós de Rébori junto a Alberto Fernández.

      Su fallo desnudó otras cuestiones ya denunciadas por la PROCUNAR: el poder de acción que los grandes jefes narcos conservan aún estando tras las rejas. Al respecto en esta nueva resolución se indicó que “gracias al control de las líneas utilizadas por las personas que ocupaban roles medios dentro de la organización, se logró obtener y monitorear judicialmente los conductos mediante los cuales se comunicaban Miguel Ángel Villalba, alias “Mameluco” e Iván Gabriel Villalba, alias el “Salvaje” desde sus lugares de alojamiento”. Son los principales jefes narcos de San Martín.

      La jueza Vence dijo que todos eran parte de la misma “empresa criminal”. En los registros de las charlas se “demostró el permanente control que (Villalba) ejercía sobre la actividad ilícita desplegada por la organización criminal bajo pesquisa”, desde la cárcel. Los llamados fueron reiterados y contundentes en su contenido. “Lo curioso es que la mayoría de los llamados mantenidos con su hijo (por Villalba) los materializó desde teléfonos instalados en el complejo penitenciario”.

      Pero la magistrada hizo una salvedad: Iván Villalba en las conversaciones, “insistía para que lo llamen vía whatsapp o por video llamada, no así por línea convencional. Métodos que, claramente, buscan evitar su auscultación”. Una vez más, el uso indiscriminado de teléfonos celulares dentro de la cárcel. Las intervenciones telefónicas dispuestas “permitieron revelar, paso a paso y de manera progresiva, los eslabones superiores en la organización”, explicó la jueza.

      Al momento de concluir su resolución, la jueza Vence fue más contundente: “Resulta redundante señalar que, una vez más, la organización dedicada a la comercialización de estupefacientes era comandada por dos personas que se encontraban alojados en complejos penitenciarios (tanto del Servicio Penitenciario Federal como Bonaerense), cumpliendo condenas”.

      Esta situación, abundó la magistrada, “resulta ser una circunstancia habitual en este tipo de causas y un obstáculo para darle batalla al narcotráfico, donde las herramientas con las que cuentan sus responsables se multiplican cada día”.

      Así fue cómo puso de manifiesto que “el uso de aplicaciones que evitan su auscultación o de teléfonos sin registrar desde el interior de los complejos penitenciarios son una situación habitual que facilita la dirección de empresas criminales como la aquí tratada desde esos lugares y que torna, casi en vano, el esfuerzo estatal en su persecución”.

      La situación no es novedosa y suma otro hecho más. En los últimos días, y por quinta vez, le secuestraron un celular a Guillermo Cantero, líder de los Monos quien se encuentra detenido y condenado en diversas causas por narcotráfico. Según fuentes judiciales, se inició un nuevo expediente al respecto tras la información detectada por el tribunal federal de Rosario que fue quien lo juzgó.

      Esto ocurrió el 19 de marzo pasado en el Penal federal de Marcos Paz. “Hay que tener en claro que una organización criminal es eso, un sistema organizado y por más que sus líderes estén tras las rejas hay alguien fiel afuera, alguien que materializa lo ordenado desde la prisión”, indicaron fuentes de la investigación. Fueron a su vez, enfáticos en un planteo que formulado a la intervención del Servicios Penitenciario Federal: “Si no limitan las comunicaciones no van a perder poder nunca, por más condenados y detenidos que se encuentren”.

      La PROCUNAR a cargo del fiscal federal Diego Iglesias en un contundente informe expuso la problemático. Todo fue elevado el 18 de octubre a la interventora del SPF "sin ningún tipo de respuesta", informaron. Los jefes narcos están presos, pero tienen poder de acción. Distribuyen órdenes, cuentan con teléfonos celulares “ingresados y proporcionados de forma irregular”, acceden a tablets desde las cuales envían correos electrónicos, incluso uno de ellos se capacitó para la confección de explosivos.

      Por eso se concluyó que el crimen organizado cuenta con un marcado “despliegue dentro de las instituciones carcelarias”, más específicamente “el problema que significa el intercambio y comercialización de estupefacientes al interior de los establecimientos penitenciarios”.

      Medidas sin respuestas

      El planteo sugería desde la prohibición de las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles dentro de las cárceles, como la instalación de inhibidores de señal telefónica. También, se pidió mayor cuidado respecto al otorgamiento de beneficios (reducción de condenas por ejemplo) a los miembros de las estructuras criminales.

      Entre otras cosas se pidió un estricto cumplimiento de las medidas de tenencia y custodia de objetos no permitidos, como también mayor control sobre el ingreso de visitas, agentes y funcionarios del Servicio Penitenciario “para evitar que ingresen sustancias u objetos prohibidos”. A eso se sumó un reclamo por mejorar las requisas e inspecciones en los lugares de detención de internos considerados de "alto riesgo".

      Se había requerido igual, realizar una adecuada y profunda caracterización de los internos condenados o procesados por pertenecer a organizaciones criminales complejas. En base a ello, el SPF debería hacer una clasificación o segmentación con el resto de los internos. La evaluación sobre los índices de riesgo y peligrosidad deberá realizarse de manera periódica.


      Sobre la firma

      Lucía Salinas
      Lucía Salinas

      lsalinas@clarin.com

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