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      La Justicia Federal de Córdoba indagará a Moyano en una causa por lavado de dinero

      El juez federal Alejandro Sánchez Freytas lo convocó para el 31 de mayo.

      Otra resolución judicial complicó a Hugo Moyano. Ahora la Justicia Federal de Córdoba citó al líder camionero para el próximo 31 de mayo: debe prestar declaración indagatoria como sospechoso en una causa por lavado de dinero y defraudación vinculadas a operaciones de compra de terrenos en la localidad de La Falda.

      El juez federal número 2, Alejandro Sánchez Freytes, citó a Moyano, y al sindicalista camionero Paulo Villegas para que el 31 de mayo próximo presten declaración indagatoria en la causa caratulada "Moyano, Hugo Antonio y otros s/ infracción art. 303 inc.1 y defraudación". También, el magistrado llamó a indagatoria a los empresarios Carlos Mesías y Rubén Capuccio quienes intervinieron en la operación.

      Moyano, junto a otras personas, fue imputado en diciembre del año pasado por los delitos de lavado de dinero y defraudación, en relación con la compra de cinco terrenos en La Falda, y que fue denunciada ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y luego la causa derivada a la Justicia Federal cordobesa.

      ​Mientras tanto, Moyano está siendo investigado por lavado de dinero por la justicia federal de Lomas de Zamora. También el juez federal Claudio Bonadio lo investiga por enriquecimiento ilícito manejos irregulares de su obra social en base a una denuncia de la diputada de Cambiemos Graciela Ocaña y el de Quilmes, Luis Armella, por las declaraciones del Bebote Álvarez sobre irregularidades en Independiente. Además, la el titular actual de la PROCELAC, Gabriel Pérez Barberá, denunció el año pasado a Moyano por lavado de dinero ante el juez en lo penal Rafael Caputo por aportes financieros sospechosos entre la obra social de los camioneros y sus empresas familiares. Por otra parte, allanaron la sede de Camioneros por una denuncia de un empresario sobre pedido de sobornos y amenazas de muerte para poder trabajar con sus camiones.

      La respuesta de Moyano fue a través de su hijo Pablo, quien afirmó que la citación a indagatoria del juez federal de Córdoba era "una operación del gobierno de Macri".

      En marzo último, Sánchez Freytes ordenó el secuestro de las escrituras de los terrenos que el gremio de Camioneros adquirió en 2013, en la localidad cordobesa de La Falda, cuya operación está sospechada de "lavado de dinero y defraudación", delitos que se adjudican al líder sindical como presunto autor.

      Por la compra de los terrenos el gremio pagó en 2013 en total unos seis millones de pesos, cuando los vendedores lo habían adquirido tres meses antes a 300 mil pesos.

      Moyano había firmado la operación como apoderado del Sindicato de Camioneros y la Justicia sospecha de una maniobra de sobrefacturación en perjuicio de la entidad sindical, ya que los terrenos fueron adquiridos con recursos del gremio.

      En una denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), cuando la conducía el kirchnerista Carlos Gonella, los terrenos mencionados tenían una base imponible de $ 964.553. En el 2013, Moyano se peleó con la entonces presidenta Cristina Kirchner porque en un exhorto suiza se preguntaba si estaba relacionado con una cuenta que tenía en ese país el titular de la empresa recolectora de basura, Ricardo Deprebisteris.

      El diario La Voz del Interior informó que los terrenos habían sido comprados el 11 de octubre del 2013 por la empresa Kiano SA a Jorge Cappucchio Capucchio) por un monto de $ 309.255. Luego, Kiano a través de Enrique Mariñansky –representante de la sociedad– vendió los terrenos a Carlos Mesias por 500 mil pesos. La actual ahora la promueve el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano.

      En el último paso, Mesias le vendió al sindicato de  Camioneros los terrenos por 3 millones de pesos, casi diez veces su valor original.

      Para el fiscal, esos empresarios integraron una empresas  para favorecer a Camioneros (en la persona de Moyano y de Pablo Villegas) “simulando y aumentando los valores reales” para, probablemente, desviar fondos pertenecientes al sindicato y así “reciclar ganancias ilícitas mediando el uso del mercado inmobiliario”.

      En la denuncia, el fiscal sostiene que Kiano podría ser una empresa “pantalla”, ya que hasta el momento de la operación no había verificado un giro comercial previo que le hubiera permitido generar “activos líquidos” para dicha compra.

      Luego de la firma de la hipoteca, Mesias depositó los 3 millones en una cuenta del Banco Santander Río y unos días después "se realizaron seis extracciones por montos superiores a $ 2.000.000". Así la plata se retiró en efectivo y es imposible saber en manos de quién terminó.


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      Daniel Santoro
      Daniel Santoro

      dsantoro@clarin.com

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