En plena campaña electoral, Lázaro Báez denunció al intendente de Río Gallegos y candidato de gobernador por Unión por la Patria, por la utilización de maquinaria perteneciente a Austral Construcciones, la empresa que está en proceso de quiebra desde junio de 2018 y que según la justicia fue utilizada para el lavado de 55 millones de dólares, como también para la defraudación al Estado por la que terminó condenada Cristina Kirchner.
La presentación, firmada por el abogado Walter Chiara se hizo días previos al cierre de campaña en el juzgado federal de Río Gallegos, y en ella se acusa al intendente Pablo Grasso por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
El abogado señaló que la municipalidad “posee en uso una serie de máquinas y equipos pertenecientes a Austral Construcciones, la cual está en concurso de quiebra” y que “no existe consentimiento” para su utilización.
La presentación detalla once equipos que se encontraban en el predio principal de la constructora, ubicado en el acceso a Río Gallegos sobre la Ruta Nacional 3.
Y ante la duda de que puedan existir otros equipos de manera irregular, la denuncia incluye “cualquier otra máquina del cual no pueda acreditar su titularidad, la que, posteriormente podremos chequear con las nóminas de las máquinas que integran el patrimonio empresarial.
Hay que recordar que cuando Lázaro Báez solicitó el concurso preventivo de acreedores a la jueza del fuero comercial, María José Gigy Traynor, los números presentados fueron inconsistentes, por eso se dio comienzo al proceso de quiebra. Con la liquidación total de los bienes inscriptos a nombre de la constructora se distribuirán más de 2.600 millones de pesos entre los acreedores.
En el marco de los diferentes remates, se procedió a la venta de la maquinaria, pero según el abogado de Báez “determinadas personas no han regresado dichos bienes, y aquí empieza a transitar el camino de la responsabilidad del sujeto a quien se denuncia por la presente. Es que el Intendente como máximo representante de la comuna y Funcionario Público, debe observar y hacer observar la regularidad y legitimidad de los actos administrativos para obrar en debida probidad y resguardo de la Administración Pública”.
Grasso es candidato a la gobernación por Unión por la Patria. Allí disputa la candidatura con el jefe comunal de El Calafate, Javier Belloni.
Consultado por Clarín, Grasso dijo “no tengo ni tuve nada que ver con Lázaro Báez. Como municipio lo que hicimos fue adquirir maquinaria en el proceso de quiebra al que llamó la justicia. La denuncia nos tiene sin cuidado, porque hicimos todo como ordenó el proceso de remate. Ahí compramos las máquinas”.
Ante la justicia comercial Báez ya no tiene potestad sobre los bienes que son parte del proceso de quiebra. La jueza Gigy Traynor se encuentra en la etapa final previa a la liquidación total de los activos de la compañía.
En marzo, la jueza recibió el último informe de los síndicos que requirieron que se liquide la compañía y se distribuyan los fondos entre los acreedores.
El total de activos obtenidos tras cada uno de los remates judiciales ordenados, arroja un saldo de $ 2.601.889.509,68 según el informe al que accedió Clarín.
En el mismo se explica que, para no perder contra la inflación, con parte de esos fondos se realizaron operaciones con dólar MEP por 1.537.134.765,48 pesos.
Los síndicos hicieron una salvedad: “existen todavía numerosos bienes cuyos respectivos procesos de venta se encuentran en trámite de resolución y su producido será propuesto para distribuir en un futuro segundo proyecto similar”.
El documento detalla más de 60 inmuebles que aún restan ser rematados por orden judicial. Lo producido de ese proceso será distribuido en una segunda etapa.
En esta primera etapa, la AFIP y Vialidad Nacional son los principales acreedores.
Sin embargo en su denuncia Báez pide que se realicen allanamientos en el predio municipal donde se encuentra la maquinaria, y que "se intime al Intendente Grasso a entregar al Juez las Resoluciones Municipal donde consta la forma en las que han adquirido la Municipalidad los bienes denunciados, los instrumentos Públicos, el procedimiento, el monto, la empresa o persona contratada, bajo qué Ley o Norma se llevó a cabo su fundamentación y la firma de quién o quiénes lo autorizaron”.
La historia judicial de la empresa
Sin Austral Construcciones, su dueño, el ex socio comercial de Cristina Kirchner, no habría logrado lavar entre 2010 y 2013 55 millones de dólares. Sin la empresa, la gestión kirchnerista entre 2003 y 2015 no hubiera podido direccionar 51 procesos licitatorios a favor del holding, generando una multimillonaria defraudación en perjuicio del Estado.
Lázaro Báez logró adquirir 1.420 bienes muebles e inmuebles tasados oficialmente en 205 millones de dólares (valores de 2016) por los fondos obtenidos a través de la obra pública que el Estado otorgaba, con “procesos simulados y amañados” como dijo el Tribunal que lo condenó junto a la vicepresidenta.
Pero Austral también fue un eslabón indispensable en los más de veinte acuerdos comerciales que Báez celebró -por más de 25 millones de pesos- con el matrimonio Kirchner.
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