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      La Procuración lleva el problema de los narcos presos a la Corte Suprema de Justicia

      Hubo contacto con Horacio Rosatti para incorporar al máximo tribunal a la mesa de trabajo que se reúne este miércoles.

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      La Procuración lleva el problema de los narcos presos a la Corte Suprema de JusticiaEn diciembre de 2021, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el procurador Eduardo Casal coordinaron tareas antidrogas en Rosario.

      El crimen organizado gana terreno y también lo hace dentro de las cárceles federales. Frente a la crítica situación, la Procuración General de la Nación inició una serie de conversaciones con el presidente de la Corte Suprema para que se sume a la mesa de trabajo que se reunirá este miércoles y que tiene como objetivo combatir el crecimiento del narcotráfico desde las cárceles federales.

      La situación que vive Rosario, epicentro de más de 63 asesinatos en manos de organizaciones narcos en lo que va de este año, volvió a encender todas las alertas en la justicia, tanto en el Ministerio Público Fiscal como entre los magistrados.

      Como contó Clarín, el 30% de los cargos de fiscales y jueces en Santa Fe y Rosario se encuentran vacantes, lo que retrasa todo proceso de investigación sobre las bandas narco.

      Tan sólo en la ciudad asediada por los asesinatos, de los 24 despachos que deberían contar con magistrados titulares y representantes del ministerio Público Fiscal, un tercio siguen sin las correspondientes designaciones.

      A esos datos se suma otro que fue expuesto en un informe en octubre de 2021 por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) a cargo del fiscal Diego Iglesias: durante los últimos años el crimen organizado se incrementó desde las cárceles federales donde se encuentran alojados los principales líderes narco.

      Aquel informe que expuso una serie de casos en los que los narcos continuaban dando órdenes y dirigiendo el curso de las acciones criminales desde sus lugares de detención, derivó en una mesa de trabajo a la que convocó el Procurador General interino, Eduardo Casal.

      La mesa de trabajo tuvo su primer encuentro en diciembre de 2021, y ahora volverá a reunirse “para profundizar la coordinación que vienen desarrollando entre la PROCUNAR y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez) en relación a la prevención e investigación de la criminalidad organizada narco que se viene cometiendo desde las cárceles”, informaron desde la Procuración General.

      La comunicación oficial incluyó una serie de conversaciones iniciadas entre la Procuración General y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. En el máximo tribunal confirmaron esos contactos que tienen como tema excluyente el avance de la narcocriminalidad, y enfatizaron la “preocupación por la situación que se vive en Rosario”.

      En el transcurso de los días se conocerá la decisión de la Corte respecto a su participación en la mesa convocada por Casal. El objetivo es que el máximo tribunal pueda colaborar en el diálogo con los magistrados que son parte de los procesos de investigación como de los juicios orales en materia de narcotráfico. No hay que olvidar que son los jueces quienes tienen a disposición a las personas privadas de su libertad y que ellos deben reclamar las medidas de control requeridas hace un año y medio por el Ministerio Público Fiscal.

      Los requerimientos de los fiscales que participaron de la mesa de trabajo de diciembre de 2021 iban desde la prohibición de la tenencia de celulares y dispositivos electrónicos, mayores controles respecto a las visitas que los narcos tienen dentro de las cárceles, el rechazo a pedidos de arrestos domiciliarios, y otro tipo de morigeraciones de la detención.

      El planteo incluía también las resoluciones sobre diversos habeas corpus que los presos en causas por narcotráfico presentaban ante los jueces, cuando se restringían dentro de los penales ciertas posibilidades de circulación, reuniones, acceso a comunicaciones y visitas.

      El año pasado, durante un histórico encuentro realizado justamente en Rosario, la Corte expuso la preocupación por el avance del crimen organizado y la cantidad de cargos vacantes que hay en la justicia para combatir dicho flagelo. Desde entonces, la situación no varió y por el contrario, la tendencia muestra una profundización de los cargos sin cubrir y del avance del narcotráfico.

      El otro problema a abordar por la mesa que fue convocada para este miércoles es el rol del personal penitenciario. Por ese motivo la PROCUNAR solicitó que intervenga la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, “para el desarrollo de investigaciones penales que importen algún grado de complicidad" de ese personal con los hechos denunciados. Se refieren al permanente secuestro de celulares dentro de las cárceles.

      Al respecto la mesa de trabajo apunta también a "promover el fortalecimiento de los programas de reducción de los índices de corruptibilidad de los funcionarios penitenciarios que tienen contacto con aquellos internos”.

      El fiscal Diego Iglesias ya había denunciado en el primer informe la presunta connivencia del personal penitenciario en los delitos cometidos por los líderes narcos dentro de los penales federales y la necesidad de que estos hechos sean investigados.


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      Sobre la firma

      Lucía Salinas
      Lucía Salinas

      lsalinas@clarin.com

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