Para el Procurador Casal, la propuesta de la Procuraduría Anticorrupción “es inviable”

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, respondió de forma negativa a la propuesta del Ministerio de Justicia para la creación de una Procuraduría Anticorrupción: dijo que era una medida “inviable”. Entre sus argumentos, se indicó que se alterarían las funciones que por ley cumplen los fiscales federales a cargo de los casos de corrupción. Sostuvo que en tal caso, la iniciativa implica modificar la normativa vigente.

Cuando la oposición acusó a la actual gestión de La Libertad Avanza de no hacer foco en la corrupción, después de que se diera marcha atrás a la idea inicial de que la Oficina Anticorrupción (OA) como la Unidad de Información Financiera (UIF) puedan querellar en investigaciones penales del fuero federal, el gobierno lanzó una iniciativa que ya tuvo su primer revés.

La semana pasada, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó una nota ante el Procurador General -el jefe de todos los fiscales- para que se avance en la creación de una Procuraduría Anticorrupción.

En una entrevista con Clarín, el procurador Casal ya había fijado su postura respecto a las complicaciones técnicas y legales que presentaba esta iniciativa. Asimismo, planteó que en materia de corrupción, el impulso de la investigación es responsabilidad de los fiscales federales, y que cuando se necesitó asistencia de áreas técnicas y específicas, el Ministerio Público Fiscal contribuyó a través de las procuradurías especializadas.

Ese criterio quedó expresado en una respuesta que se envió al ministro de Justicia este miércoles, donde se indicó que la función primordial de la procuraduría propuesta, “en cuanto a que actúe en forma paralela y conjunta con el fiscal competente en todos los casos en los que se investiguen hechos de corrupción, significaría alterar las funciones que expresamente la ley le asigna a los magistrados de este Ministerio Público”.

Hay que recordar que el ministro Cúneo Libarona había sugerido que la Procuraduría no sea auxiliar de los fiscales que investigan, sino que trabajaran de forma paralela a las medidas de prueba que solicita el fiscal y a la pesquisa en trámite.

¿Dos fiscales para investigar el mismo delito?

Al respecto, el procurador General de la Nación sostuvo que son los fiscales quienes por ley son titulares de la acción penal pública. Es decir: ¿Cómo se habilita que haya otro titular de la investigación? Para tal cosas, e intervenir en los casos de su competencia, “lo que se necesitaría es modificar la legislación vigente”.

El primer freno a la sugerencia del ministerio de Justicia fue de orden normativo: para la Procuración General, no hay forma de insertar una Procuraduría Anticorrupción dentro del sistema actual vigente.

Por otro lado, y siempre bajo el concepto de que es “inviable” la medida que impulsó Cúneo Libarona, se explicó que las otras facultades propuestas para la Procuraduría Anticorrupción se superponen con las que ya ejercen otras procuradurías.

Desde el ministerio de Justicia habían señalado a Clarín, que la Procuraduría que buscaban crear debía contar con contadores, peritos especializados en materias tecnológicas y especialistas en temas financieros.

Al analizar la sugerencia, Casal respondió que las facultades que se le busca atribuir a la nueva fiscalía, “son iguales a las que, en sustancia, corresponden actualmente en la investigación de los hechos de corrupción”.

Se trata de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez, que interviene “cuando el sujeto activo es un miembro de la Administración Pública Nacional”. No incluye al Poder Legislativo ni al Poder Judicial, pero se concentra en todos los actos cometidos que podrían ser perjudiciales para el Estado central.

Por otro lado, se explicó que existe la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) dirigida por el fiscal federal Diego Velasco y toma intervención “cuando el sujeto activo sea un miembro del Poder Legislativo Nacional, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa o sea un caso de soborno trasnacional”.

Casal recordó que “las procuradurías, unidades fiscales y direcciones de esta Procuración, como colaboradoras o coadyuvantes de los fiscales competentes, vienen cumpliendo las funciones y objetivos allí propuestos”.

Pese a rechazar el pedido del ministerio de Justicia, el procurador admitió que así y todo “es importante el ánimo de la propuesta efectuada, así como el espacio de reflexión que genera”.