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      Campaña antártica: promesas de aumentos y una causa judicial que recién empieza


      Redacción Clarín

      Durante meses Clarín y otros diarios dieron cuenta de las infinitas irregularidades en el abastecimiento de las bases antárticas durante la actual campaña, que recién llegó a su fin la semana pasada, con el reaprovisionamiento de combustible y otros insumos en Marambio. Fueron necesarios 18 vuelos de los Hércules C-130. La Presidenta se acordó recién ahora de la Antártida, donde obtuvo un triunfo "demoledor": 53% de los 122 electores. Fuentes militares destacaron hoy a Clarín que en los últimos días hubo promesas de aumento de sueldo para los militares y civiles que fueron a la Antártida, También sonaron promesas de aumento del suplemento antártico. Nada confirmado.

      Molesta por la supuesta falta de difusión de los datos en la Antártida, Cristina tuiteó hoy: "No es que era tan importante La Antártida? Acordate, tapas y titulares contra Puricelli, ex Ministro de Defensa".

      Pero lo cierto es que hay una causa judicial en marcha por las irregularidades, a cargo del juez federal Luis Rodríguez. Ya están imputados el ex ministro de Defensa Arturo Puricelli, su hijo Alejandro, Carlos Lugones Aignasse (director general del Servicio de Logística de la Defensa); Fernando Aldet; Juan Manuel Locatelli; Mario Romarion; Mauro Vega (secretario de Planeamiento); y al capitán de navío Valentín Sanz Rodríguez.

      Para la actual campaña se llevaron a cabo dos licitaciones internacionales. La parte aérea fue ganada por la empresa Transport & Services por US$ 6.800.440. Esa firma también se adjudicó la parte naval, que significó un contrato de US$ 10.420.842 e incluyó al buque Timca y al helicóptero ruso Kamov. Finalmente la campaña tuvo un costo mucho mayor porque la empresa reclamó varios excedentes.

      El escándalo se generó a partir de la denuncia de la empresa Trade Baires International SA, que perdió la compulsa y habló de una "licitación a medida" del ganador. Pero la causa penal se inició por una denuncia del diputado Manuel Garrido (UCR), quien recogió denuncias periodísticas de Clarín y La Nación.

      La Justicia también investiga la contratación del hijo de Puricelli, quien cobraba de la UBA para ser asesor privado del padre en esa cartera. Según su propia declaración jurada, en 2011 percibió $120 mil.