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      Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Hay una tendencia en quienes ejercen el poder de buscar un sistema judicial dócil”

      E juez del tribunal regional manifestó su preocupación por la desigualdad social y la "desnaturalización del debate democrático" en la Argentina.

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      Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: "Hay una tendencia en quienes ejercen el poder de buscar un sistema judicial dócil"Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Foto Maxi Failla.

      Ricardo Pérez Manrique nació en Montevideo, donde se recibió de abogado, aunque también revalidó ese título en la UBA y ejerció la profesión en Argentina. Juez desde 1989, llegó a la Corte Suprema de Justicia de Uruguay en 2012, y la presidió en 2016. Desde 2019 integra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el único organismo judicial continental, que funciona en la órbita de la Organización de Estados Americanos y que Pérez Manrique preside desde enero pasado. Con un barniz ceremonioso que apenas disimula su pasión, dialogó con Clarín sobre el presente de los derechos humanos en el país y la región, minutos antes de reunirse con los ministros de la Corte Suprema argentina, en el mediodía de este martes. "La Corte Interamericana no es insensible a las problemáticas diarias de la gente, y las personas pueden acceder a ella con mucha más facilidad de lo que muchos creen. Hago un llamado a que se conozca el sistema, y que sea utilizado", exhorta el juez, obsesionado por acercar el tribunal a las penurias y reclamos desatendidos por los países que integran el sistema regional de protección de los derechos humanos. División de poderes, independencia judicial, pandemia y escuelas cerradas merecieron sus observaciones, así como la situación en Cuba, Venezuela y Nicaragua.

      ¿Cualquier organización institucional de los países puede garantizar el respeto de los derechos humanos?

      La Carta Democrática Americana establece que la región opta por la democracia representativa, el estado de Derecho y el respecto de los derechos humanos. Cuando un Estado se sale de ese esquema, es excluido del sistema. Hay un límite muy claro aceptado por todos los países en su momento. Todos los elementos de una democracia representativa son asumidos por los Estados del continente: la absoluta libertad de expresión, la división de poderes, las elecciones democráticas. Yo recomiendo la lectura permanente de la Carta, porque eso puede desactivar muchos debates.

      ¿Es un punto de partida indiscutible?

      Un punto de partida y un compromiso de los países de la región. La función de la OEA es esa. Sabemos que la OEA está muy controvertida, pero creo que hay elementos fundamentales del sistema que muchas veces no se recuerdan: en abril de 1948, en Bogotá, se dicta la primera carta de la OEA. Los Estados comprenden que ninguna organización internacional en la región puede desentenderse del tema de los derechos humanos. En esa misma oportunidad se dicta la declaración americana sobre los derechos y deberes del hombre, que es la base del sistema americano de protección de los derechos humanos. Después, en los años 50, se crea la Comisión Interamericana con la finalidad de supervisar a los Estados y promover la aplicación de aquella declaración. Bueno, la declaración universal de los derechos humanos recién es de diciembre de ese 1948, ocho meses más tarde. El antecedente americano y el aporte de los más prestigiosos juristas de la región fueron claves para ese documento de la ONU.

      Hoy hay alternativas a la OEA, como la CELAC, pero no hay dudas de que cualquier organización, con cualquier integración, tiene que tener a los derechos humanos como pieza central. La Corte Interamericana dice que hay un tríptico: democracia representativa, estado de Derecho y derechos humanos. No puede haber derechos humanos si no hay estado democrático de derecho, cuya esencia es que todos quienes vivimos bajo ese estado de derecho estamos sujetos a normas, y si violamos esas normas hay una consecuencia jurídica, que tiene que aplicar un poder judicial imparcial, independiente y que actúa con integridad.

      En estos días en Buenos Aires usted asistió a la controversia por la integración y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, ¿qué piensa al respecto?

      No me puedo inmiscuir en un debate interno, pero sí puedo decir que hay estándares internacionales sobre la necesidad de existencia de poderes judiciales que sean imparciales, independientes y que trabajen de manera íntegra. Esto se expresa, según lo ha dicho la Corte Interamericana y coinciden los estándares internacionales, en que los jueces deben estar protegidos de presiones externas e internas -dentro del propio Poder Judicial-, y a su vez debe haber un régimen absolutamente preestablecido y garantista que se inicia con el ingreso a la función judicial, su progreso claro desde los puestos inferiores hasta los más altos, y reglas claras en cuanto a los ascensos, los traslados y los mecanismos de sanciones y destituciones. Esos elementos de independencia tienen que estar presentes, aunque los Estados son absolutamente libres para organizar las formas para gestionarlo. Los consejos de la magistratura surgieron en la Europa de posguerra con el fin de quitarle a los poderes ejecutivos prerrogativas absolutas en el manejo de las cuestiones judiciales. Porque hay una tendencia natural en quienes ejercen el poder en buscar un sistema judicial que sea dócil.

      ¿Cómo es el presente de los derechos humanos en la Argentina?

      Me preocupan dos cosas de la Argentina: el aumento muy importante de la desigualdad social, el crecimiento de la cantidad de pobres y de personas que terminan siendo subsidiadas por el Estado. Y también me preocupa la desnaturalización del debate democrático, la dificultad de generar debates democráticos. En estas situaciones de enfrentamiento extremo, esas posiciones absolutamente encontradas devoran los mecanismos de resolución de conflictos, que pasan por las posiciones políticas intermedias pero también una clase media robusta, que tenga una posición de equilibrar las posiciones extremas. La gran función de la democracia representativa es asegurar una vía pacífica de resolución de los conflictos internos de la sociedad. Si por haber sido captada por posiciones extremas la democracia tiene dificultades para resolver pacíficamente los conflictos, podemos estar ante la puerta de problemas sociales muy serios. Que quede claro: soy un admirador de la Argentina y los argentinos, no tengo duda de que van a aparecer soluciones para estos desafíos.

      ¿Cómo funciona el vínculo entre los ciudadanos y el Estado cuando hay millones de personas que dependen económicamente de ese Estado y sus subsidios sociales durante muchos años, como ocurre en Argentina?

      El Estado debe ser gestionado a partir de los principios del estado de Derecho y de la democracia, y eso significa que para funcionar la democracia requiere de ciudadanos y ciudadanas, formados con espíritu crítico y con la libertad necesaria para tomar sus propias decisiones. En un Estado que funciona de manera adecuada, la situación en la cual hay métodos de protección casi absoluta que provienen del Estado forzosamente debe ser provisional y debe ir reduciéndose al máximo posible, con políticas adecuadas para la creación de trabajo y de inclusión social. Es fundamental la educación, para formar a los ciudadanos con un espiritu crítico, para que sean libres y puedan tomar sus propias opciones.

      La educación es uno de los derechos humanos fundamentales, pero con bajo el Covid hubo restricciones en todo el mundo. ¿Cómo cree que se manejó en la región el respeto de los derechos humanos durante la pandemia?

      El encierro generó tremendos daños en niños, niñas y adolescentes, que estaban en situación de educarse y de generar la experiencia de vida social que da la asistencia a la escuela. Todo eso fue reemplazado por el contacto y la enseñanza virtuales. Esto causó daños sobre el nivel educativo, pero también sobre la psiquis y la formación de esas personas. Notamos un problema en la región: cuando se disparó la pandemia, quedó expuesta una brecha sobre la cual no teníamos tanta información y conciencia, que es la brecha digital. Hay factores previos que se agravaron en la pandemia, y que perjudicaron el sistema educativo. En todos los países se nota un fuerte deterioro de los procesos educativos, un desenganche de la gente joven de levantarse temprano, prepararse para encontrarse con los compañeros para estudiar y compartir, en fin. Serán los daños más profundos que habrá dejado la pandemia. Porque repitamos: sin educación no hay democracia.

      En Argentina las escuelas estuvieron cerradas más de un año y medio, y según estimaciones oficiales unos 600.000 niños y adolescentes abandonaron su educación escolar. ¿Eso es una violación a sus derechos humanos?

      Yo creo que son consecuencias que se pueden evaluar de manera objetiva. En nuestros propios hogares podemos hacerlo. Yo tengo un nieto de 17 años a quien tener que trabajar por Zoom le ha distorsionado la vida. Es muy interesante, porque cuando le dijeron que volvía la presencialidad, él en un acto de rebeldía desinstaló Zoom de su computadora. A mí me impactó.

      ¿Qué restricciones en la región por motivos sanitarios vio usted con más preocupación?

      El 9 de abril del 2020 la Corte dictó una declaración que dice que la pandemia del Covid debe ser atendida en el marco del estado de derecho y de los derechos humanos. Y ahí se hizo una lista de riesgos que implicaría la lucha contra la pandemia: desde haber decretado el estado de emergencia sin respetar los estándares del sistema interamericano para esos casos, la vigilancia electrónica para controlar a la población, la necesidad de prevenir el hacinamiento y la violencia en las cárceles, entre varias más. Con la progresiva normalización, varias decisiones tomadas durante la pandemia y violatorias de los derechos humanos podrán ser llevada ante la Corte.

      ¿Cuales fueron los Estados que pudieron resolver mejor la tensión entre las restricciones sanitarias y el respeto de los derechos humanos?

      Voy a señalar a tres países, pero no quiere decir que sea una lista taxativa y que los demás hayan hecho las cosas mal. Pero Costa Rica, Chile y Uruguay tuvieron restricciones indirectas y muy acotadas en el tiempo, que es lo deseable.

      En nuestra región hay tres países que están bajo la lupa americana y mundial por supuestas violaciones masivas a los derechos humanos: Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Cómo ve usted la situación allí y qué se puede hacer al respecto?

      La vemos con mucha preocupación, fundamentalmente por las personas que viven en esos países y sufren las consecuencias. Cuba fue suspendida en la OEA en 1958, antes que se votara la Convención Americana de Derechos Humanos y se creara la Corte, en 1979. Por eso tenemos muy pocas posibilidades de actuar como tribunal. Venezuela es un país que se apartó del sistema por voluntad propia en 2013, pero sigue teniendo casos en trámite ante la Corte, iniciados antes de la fecha en que abandonó el sistema. Y nosotros también podemos admitir casos nuevos ocurridos en la época en que Caracas integraba el sistema americano de derechos humanos. El gobierno de Venezuela responde con escritos en esos casos, admite la obligación internacional que tiene al respecto. Orto detalle: Venezuela abandonó el sistema justamente después de varias condenas de la Corte Interamericana.

      ¿Y respecto de Nicaragua?

      Cuando empezó el encarcelamiento de líderes opositores, la Comisión Interamericana nos presentó un pedido de medidas provisionales para que garantizáramos la vida de esas personas y su acceso a abogados y a familiares. Lo hicimos, y de inmediato el gobierno de Daniel Ortega encarceló a más personas y se les iniciaron procesos penales. En ese momento la Corte le dijo a Nicaragua que debían poner en libertad a esas personas, asegurarles un proceso imparcial y justo, y se ofreció a ir al país a verificar la situación de esas personas. Pero la respuesta de Managua fue negativa, dijo que esas personas estaban atentando contra la soberanía de Nicaragua, que la Corte se había convertido en un instrumento del imperialismo norteamericano. Desde entonces, ante cada comunicación en alguno de los casos que tenemos en trámite, la respuesta es la misma. Entonces declaramos al país en desacato, lo que fue comunicado a la Asamblea General de la OEA. Ellos tienen en sus manos decisiones políticas al respecto. Lo que quiero subrayar es que el sistema actuó a tiempo, y que bajo determinadas condiciones puede tomar decisiones en tiempo real. El valor que tiene una decisión que no se cumple, es que coloca fuera de la legalidad internacional al país incumplidor.

      ¿Cómo ve el rol de Argentina en la región, teniendo en cuenta que además ahora ejerce la presidencia del Consejo de derechos humanos de la ONU?

      Desco​nozco cuáles son las acciones de Argentina en los organismos internacionales. Pero puedo decir que frente a la Corte, tanto en el gobierno anterior como con el actual, ha actuado con lealtad procesal, e incluso ayer tuve una reunión con la titular de la Comisión de Derechos Humanos y me dijo que Argentina está llegando a muchas soluciones amistosas en casos en trámite, antes de llegar a la Corte. En los juicios, el país también tiene actitudes proactivas, de buscar acuerdos.

      Qué se puede hacer en el marco del sistema para mitigar las situaciones tan graves en Venezuela o Nicaragua?

      La Corte emitió dos opiniones consultiva a pedido de Colombia, para establecer cómo debe interpretarse la Convención Americana de Derechos Humanos. Una sobre la reelección presidencial indefinida, respecto de la cual la Corte destacó la importancia de la alternancia democrática y por qué un gobierno que está ejerciendo el poder no debería cambiar las reglas de la democracia, y por otro lado otra opinión sobre las consecuencias para un Estado que abandona sus compromisos con el respecto de los derechos humanos. Ahí la Corte habló del principio de la garantía democrática o garantía colectiva, según la cual todos los Estados son responsables a la vez cuando hay uno que no cumple, y cómo se activa esa responsabilidad. Ahora, debería haber un principio de gobernanza global, cuya falta es hoy una de las grandes debilidades del mundo. Hoy necesitamos una entidad que fije reglas de juego mínimas para ser cumplidas en un estado de derecho, y nos encontramos que no hay poder, capacidad o posibilidades reales de hacerlo. Acabamos de presenciar dos fracasos: el de la OMS en la gestión de Covid -fracasó su mecanismo Covax, por ejemplo- y ahora la guerra en Ucrania. Necesitamos un acuerdo de gobernanza global. Y ese acuerdo debe incluir la no tolerancia a las violaciones extremas de los derechos humanos en ningún país.


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      Claudio Savoia
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