Mientras se fijó para el 29 noviembre la ampliación de la declaración testimonial de Antonio Stiuso en la causa por el crimen de Nisman, avanza un caso por espionaje legal contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en el cual el ex director de la SIDE es querellante. En este segundo caso, también es querellante el ex jefe de la SIDE Miguel Angel Toma.
En esa segunda causa, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi pidió una serie de datos sobre empresarios argentinos que hicieron negocios con la Venezuela chavista, el negocio del cloro y un banco de Santa Fe al que los K querían vincular con Carlos Reutemann.
Los datos y transcripciones telefónicas están en unos 80 informes y carpetas que la vicepresidenta tenía en su casa de El Calafate cuando fue allanada en el 2018 por el juez federal Claudio Bonadio para buscar pruebas sobre el lavado de dinero en la causa Hotesur.
En esta nueva batería de medidas de prueba, Martínez de Giorgi pidió hace un par de semanas los números telefónicos y direcciones de Diego Fernández Prato, Oscar Ghiglia y Roberto Jorge Wellisch para eventualmente llamarlos como testigos.
Sus nombres figuran en las carpetas de inteligencia secuestradas a la vicepresidenta. Los dos primeros son consultores en inversiones y Wellisch fue un hombre clave en los negocios del kirchnerismo con Venezuela.
En fuentes judiciales consultadas por Clarín, se afirmó que la existencia de esta carpeta sobre Wellisch “muestra que Cristina desconfiaba de (Julio) De Vido e hizo investigar el caso para tener información propia” del escándalo de los negocios con el chavismo.
En el 2010, el embajador de carrera Eduardo Sadous (fallecido recientemente) denunció la “embajada paralela” a la suya en Caracas y que manejaba el titular del organismo de control de los peajes y representante especial para Venezuela, Claudio Uberti.
En otra causa que investiga el juez Julián Ercolini se comprobó que Wellisch, un enigmático intermediario argentino, les cobraba 15 por ciento de comisión a los empresarios argentinos que exportaron maquinaria agrícola a Venezuela, a través de la empresa Palmat.
Martínez Di Giorgi consultó a su colega Ercolini si está investigando el pago de comisiones a Palmat Internacional por esa venta financiada por el fideicomiso argentino-venezolano del gas oil.
Además, preguntó si dicha actividad fue por un servicio legal -como figuraría en contratos- o bajo esa “formalidad, enmascararía el pago de retornos a funcionarios del entonces Ministerio de Planificación Federal, en 2010”.
Ante las consultas del juez, la AFIP mandó un informe sobre las actividades de Wellish, Palmat y la suiza Glencore. Mientras se preguntó a la Cámara de Comercio Argentino-Venezolana si Wellish fue vicepresidente de la entidad.
Otros de los negocios que estarían contenidos en las carpetas de inteligencia de Cristina es el del cloro, el principal insumo de la empresa estatal AYSA de agua potable y cloacas.
El magistrado pidió a la Inspección General de Justicia y a la Administración Federal de Ingresos Públicos que informe el domicilio de la empresa Clorox Argentina S.A. Sucede que esa multinacional vendió hace unos años su planta de Pilar a Transcolor de Mauricio Filiberti, conocido como “Mister Cloro”, quien tiene aceitados vínculos con políticos K y sindicalistas.
En algunos casos, precisaron las fuentes, las carpetas contienen transcripciones de conversaciones telefónicas privadas como las de Toma que fueron hechas sin orden judicial y en otra son informes sobre negocios, accionistas, créditos y otras actividades.
El juez preguntó al Citi Bank de la Argentina si le otorgó un crédito a Clorox de Argentina durante el año 2012 y pidió los datos de sus directivos Gerardo Rodríguez, Francisco Aristeguieta y Juan Enrique Pino, quienes serían otras de las víctimas que aparecen en esos informes.
El Citi contestó, según las fuentes judiciales consultadas por Clarín, que le dio “un crédito de 553 mil euros a Clorox para pagar una importación de Alemania”, sin precisar más datos. Y puntualizó que Aristeguieta es el actual director regional del banco y Pino, director de Riesgos, mientras Rodríguez ya renunció a la entidad.
Otra de las consultadas fue dirigida al Presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce, quien envió rápidamente el expediente de creación del Banco Bica de Santa Fe en 2012.
Sucede que en uno de los informes aparece el nombre del ex gobernador de Santa Fe y corredor de fórmula uno Carlos Reutemann y, también de Pesce, quien fue vicepresidente del Banco Central entre el 2004 y el 2015.
Un caso con muchos antecedentes
En esta misma causa, a mediados 2021, el ex presidente de YPF-Repsol, Antonio Brufau, reconoció la autenticidad de una conversación reservada que mantuvo con sus accionistas (48 horas antes de la estatización de la petrolera argentina en 2012) y cuya desgrabación fue encontrada en la casa de Cristina. Lo hizo en respuesta a un exhorto que le envió el juez Martínez Di Giorgi.
En forma paradójica, las dos principales causas por supuesto espionaje ilegal contra los ex presidentes Mauricio Macri y Cristina Kirchner quedaron en manos de un mismo juez: Martínez De Giorgi. Desde diciembre de 2019 a la fecha, la vicepresidenta hizo presentar 8 denuncias penales contra Macri y sus ex funcionarios por espionaje ilegal.
Una de las carpetas que se investigan muestra como “a Stiuso los K le armaron” varias causas y habrían hecho inteligencia ilegal sobre Nisman, su familia y otros. Se trata de 80 informes pero solo 15 tienen el volumen de datos de una carpeta.
Ercolini tiene otra causa clave: la denuncia de las ex diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso por el espionaje ilegal de la AFI K a unos doscientos políticos, jueces, empresarios y periodistas.
En una tercera causa, abierta por la denuncia de una supuesta inteligencia ilegal K, Stiuso aclaró que la sigla “OBs” que figura al lado de cada espiado significa “orden de observación”.
En el lenguaje de los espías, OBs implica “pinchar teléfonos, hacer seguimientos y buscar documentación” sobre un objetivo, no solo interceptar comunicaciones sin orden judicial.
En el 2017, ante Bonadio, Stiuso dijo que esa lista es “una lista de blancos”. En ella figuran desde Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió; jueces como Claudio Bonadio; fiscales como Carlos Stornelli y periodistas como Jorge Lanata, Luis Majul y el autor de esta nota, pasando por el actor Adrián Suar.
La carpeta sobre Stiuso contiene datos de las empresas "Puerto Fénix, Corporación Marítima Boluda (SIC), Compañía Marítima Austral, y House to House”.
En cuanto a la jueza y viuda de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, otra carpeta contiene “temas patrimoniales del 2009 a 2014 y salidas del país de ella y sus hijas”, afirmó una fuente judicial. También sobre el ex novio de Arroyo Salgado, Guillermo Alberto Elazar.
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Una cuarta carpeta tiene datos de la causa de drogas en que el juzgado federal 1 de Tres de Febrero investigó al ex espía de la SIDE “Lauchón” Viale, quien murió en un confuso tiroteo con el Grupo Halcón de la policía bonaerense. Stiuso está convencido que fue un “trampa y que era para él”, contaron en los tribunales de Comodoro Py.
Otra parte está titulada “Mata” y contiene transcripciones de conversaciones telefónicas privadas con del ex ministro del Interior “Carlos Corach, de Franco y de Ghiglia”.
La séptima carpeta se refiere a “Enarsa y los llamados a licitación para comprar combustible e incluye a Glencore y British Petróleo”. El ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta, están procesados por la importación irregular de gas natural licuado durante la presidencia de Cristina.
La última carpeta refería a la AFIP contiene mails entre su ex director “Ricardo Echegaray y Martín Aguirres por informes de personas que compraron moneda extranjera en 2014”, detallaron las fuentes judiciales. Entre otros misterios, sobre cómo llegaron a manos de Cristina estas carpetas con información de inteligencia y quizás termine con un llamado a indagatoria.
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