La transportadora de caudales del robo millonario también se quedó con $160 millones de una empresa del juego

Esta semana Clarin informó del despido de 300 empleados de Codecop, luego de haberse apropiado de más de 1.000 millones de pesos y 1,2 millón de dólares del Banco Galicia y de McDonald's.

Ahora se supo que la transportadora de caudales Codecop también se quedó con otros $160 millones de Codere, la mayor empresa del juego de la provincia de Buenos Aires, que maneja 13 bingos y es uno de los sponsors de la camiseta de River Plate.

A pedido de Codere, el 28 de diciembre pasado, el juez Mariano Iturralde amplió el procesamiento de uno de los dueños de Codecop, Lucas Zeballos, ex financista de Radio del Plata. Es el único detenido con prisión preventiva hasta ahora en la causa judicial y estaba a cargo del directorio unipersonal de la empresa transportadora de caudales.

El juez Iturralde también procesó a fin de año al gerente comercial de Codecop, John Cruz Ibarra, que antes tenía "falta de mérito". Lo acusó de ser “responsable criminalmente del delito de defraudación por retención indebida” del dinero que era de Codere, Banco Galicia y Arcos Dorados (McDonald's), según contaron fuentes judiciales a Clarín.

La española Codere es la propietaria de Bingos del Oeste, Bingo de Morón y Bingos Platenses, entre otras 13 salas de juego, con 6.861 máquinas y 11.692 puestos de bingo.

La causa judicial la inició originalmente el Banco Galicia, en julio pasado, quien denunció a Codecop por "retención indebida" de su dinero.

En ese entonces, Codecop se había apropiado de 371 millones de pesos, 1,2 millón de dólares y 42.000 euros del Galicia. Ese dinero, Codecop lo tenía que transportar desde las sucursales en bolsines, por todo el país, con un límite de entrega de 24 horas de demora. Pero no lo entregó durante casi dos meses, hasta que lo denunció el Galicia ante la Justicia.

El juez Iturralde dispuso una serie de allanamientos por la denuncia del Galicia, realizados en las sedes de Florencio Varela, Mar del Plata y Posadas, donde se pudieron recuperar 377 millones de pesos, 124.000 reales, 2.900 euros y 1.800 dólares.

Casi todo ese dinero era fruto de la sustracción al Galicia, aunque no se encontró 1,2 millón de dólares que le habían robado al banco.

McDonald's denunció posteriormente, en octubre, a Codecop y a Lucas Zeballos por otro faltante de dinero: 643 millones de pesos, 124.000 reales y 37.000 euros. Pero de eso, solo pudieron recuperar $5,6 millones, 124.000 reales y 2.951 euros.

Por esa denuncia de McDonald's cayó detenido Lucas Zeballos, a fines de octubre pasado.

Y finalmente se sumó Codere a la denuncia judicial, por la sustracción de $160 millones. De ese monto, el juzgado a cargo de Iturralde pudo recuperar $29 millones en los allanamientos que realizó en la sede de Florencio Varela, según contaron fuentes judiciales a Clarín.

De hecho, la mayor parte del dinero que se recuperó estaba almacenada en la sede de Codecop de Florencio Varela y una muy pequeña parte estaba en la sede misionera. Pero Zeballos se negaba a reintegrar el dinero a sus clientes, que eran los dueños de esos billetes.

El juzgado Criminal y Correccional que está a cargo de la causa todavía intenta encontrar 635 millones de pesos de McDonald's, $130 millones de Codere y 1,2 millón de dólares del Galicia.

Aunque habría más dinero faltante de otros clientes, que no presentaron sus denuncias ante la Justicia, pues estarían intentando recuperarlo con Codecop por una vía extrajudicial, según pudo reconstruir Clarín.

Como consecuencia de los robos de la empresa que encabezaba Lucas Zeballos, a sus propios clientes, la empresa entró en crisis y despidió a 300 empleados el mes pasado, que reclaman porque no sólo no cobraron sus salarios ni las indemnizaciones, sino que además se sienten abandonados por el Gobierno y el propio sindicato de Camioneros.

“Estos robos solo se pueden explicar porque detrás de los Zeballos hay gente muy poderosa, de la política K, del gremio de los Moyano y de la policía bonaerense que les cuida las espaldas. Sino no se entiende que la empresa siga operando como si no hubiera ocurrido nada, luego de haberles robado más de 1.400 millones de pesos a tres clientes en los últimos meses”, dijó a Clarín una fuente con acceso a la causa judicial.

La sombra de la Policía Bonaerense y del intendente de Ezeiza

Desde la detención de Lucas Zeballos, quedó a cargo de Codecop su padre el policía Carlos Zeballos, fundador y otro de los dueños de la transportadora de caudales, que está con prisión domiciliaria por extorsión a otras empresas de seguridad.

Carlos Zeballos fue el responsable de echar a 300 empleados de Codecop, a quienes les envió telegramas de despido en el transcurso del último mes, alegando estar "imposibilitados de otorgar efectiva prestación de tareas" o que los despedidos filmaron las protestas realizadas por los empleados el 10 de noviembre pasado.​

El policía que ahora maneja Codecop fue detenido en agosto de 2019, luego de estar prófugo durante ocho meses, con una orden de captura internacional por el delito de extorsión. En ese entonces, despidió a otros 200 empleados de Codecop.

Siendo el dueño de Codecop, Carlos Zeballos se dedicaba en 2018 a extorsionar -junto al entonces concejal K Roberto Amarilla- a empresas de seguridad privadas, a las que les exigían una mensualidad para poder operar en territorio bonaerense.

En ese entonces, el dirigente K Amarilla era presidente del Bloque Justicialista del Concejo Deliberante de Ezeiza, quien también fue detenido por esta causa de extorsiones en diciembre de 2018. Y su jefe político era el actual intendente de Ezeiza, Alejandro Granados (Frente de Todos).

El exconcejal Amarilla fue jefe director de Agencias de Seguridad, del Ministerio de Seguridad bonaerense, entre 2013 y 2015, cuando el ministro era Granados y el gobernador era Daniel Scioli.

El abogado de Lucas Zeballos y de Codecop es el poderoso excomisario de la Bonaerense, Juan José Ribelli, quien pidió la excarcelación de su defendido, asegurando que había colaborado en las dos indagatorias que le realizó la Justicia.

Ribelli fue policía de investigaciones y estuvo al frente de la División Automotores de Vicente López hasta que fue detenido -ocho años-, acusado de proveer la camioneta Traffic que voló la AMIA -en el atentado que murieron 85 personas-, pero luego fue absuelto por la Justicia.

"La superintendencia de entidades financieras y cambiarias del Banco Central sancionó con un apercibimiento en 2018 a Lucas y Carlos Zeballos. ¿Pero qué hizo ahora? Nada. ¿Cómo puede ser que después de estos robos siga operando Codecop?", cuestionó uno de los damnificados ante la consulta de Clarín. 

Sugestivo silencio de los Moyano

Codecop echó a 300 empleados durante el último mes y solo quedaron trabajando menos de 100 empleados, que se van rotando en la sucursal de Florencio Varela.

La empresa redujo las operaciones en su sede central de Florencio Varela y cerró las plantas de Mar del Plata y Misiones. De los 25 camiones propios, solo quedaron en funcionamiento tres camiones transportadores de caudales.

Los 300 trabajadores echados de Codecop eran afiliados al gremio de Camioneros, que conducen Hugo Moyano y sus hijos. Pero el sindicato no realizó ninguna protesta, pese a que los trabajadores recibieron en diciembre la mayoría de los telegramas, cuando regía la prohibición de los despidos. Y todavía no se hicieron efectivos los pagos por esos despidos.

“Fue un despido masivo. El gremio y el Gobierno nos dejaron en banda. Acá echaron a 300 compañeros y la gente de los Moyano nos entregó. Ni siquiera sacaron un comunicado denunciando esta situación”, dijo a Clarín un exempleado que pidió mantener su anonimato.

“Camioneros arregló con Zeballos y con el Gobierno. Nos abandonaron”, coincidió otro trabajador despedido.

"Yo era chofer, trabajé seis años y me echaron. No tengo respuesta de mi liquidación final. El Ministerio de Trabajo y el sindicato nos dieron la espalda", se quejó otro exempleado.

Los representantes de Camioneros estuvieron presentes hace dos meses en la planta de Florencio Varela, por última vez, para romper el paro que realizaba la mayor parte de los trabajadores, ya que habían sido suspendidos y no habían cobrado sus salarios. Después de eso, no se los volvió a ver a los gremialistas de Moyano en las instalaciones de Codecop.

Clarín intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con tres dirigentes gremiales de Camioneros, pero ninguno quiso responder.