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      En la Unidad AMIA pulen un proyecto de “juicio en ausencia”

      En la flamante Unidad Especial de AMIA mantienen intensas reuniones en estos días para que una vez abierto el período de sesiones ordinarias del Congreso, en marzo, se comience a debatir la figura del juicio en ausencia que Mauricio Macri busca convertir en ley este mismo año.

      Aunque fue inicialmente un pedido de la dirigencia judía en su rechazo al pacto con Irán, en el Gobierno quieren instalar la idea de que la figura no se creará a medida de ese plan para juzgar a los persas presuntos autores del atentado de 1994, sino con una fórmula amplia para activar otras causas que estén paralizadas. 

      Según supo Clarín, las áreas competentes están reuniendo la dispersa normativa y los distintos proyectos que ya existían. También mantienen reuniones con la colectividad judía y reciben asesoramiento internacional. Entre esos contactos que mantiene el titular de la Unidad AMIA, el ex senador Mario Cimadevilla, figuran asesores e integrantes de la Corte Penal Internacional, el tribunal de justicia de las Naciones Unidas, que se encarga de juzgar a los acusados de crímenes de lesa humanidad y genocidio. Esos contactos también buscan despejar las críticas de quienes afirman que se trata de una figura “inconstitucional”.

      En diálogo con Clarín, Cimadevilla dijo que la Constitución sólo exige el derecho a la defensa. “La Constitución habla de la garantía del debido proceso, pero no de juicio en presencia o ausencia. Y las normas no hablan de que deben estar presentes los imputados”, subrayó el funcionario para luego destacar que, de aprobarse, la ley “serviría para juzgar argentinos acusados por crímenes de lesa humanidad que estén prófugos y mantienen las causas paralizadas. “¿Qué pasaba si Videla se escapaba? ¿No se lo enjuiciaba? ¿No se lo condenaba?”, dijo, y señaló que sería similar para los iraníes “que se niegan a comparecer en los tribunales argentinos”.

      El gobierno también estudia la experiencia del llamado Tribunal Especial del Líbano, que autorizó la resolución 1757 del Consejo de Seguridad de las ONU, en 2007. Había sido un pedido de Beirut para juzgar a los responsables los atentados terroristas en ese país, en un tribunal internacional.
      Cimadevilla y el ministro Garavano mantuvieron contactos con distintos sectores de la colectividad, incluyendo a sectores enfrentados con la dirigencia judía, como el que representa Laura Ginszberg, que propone crear una comisión investigadora en el Congreso.


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      Natasha Niebieskikwiat

      natashan@clarin.com

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