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      Violencia en Rosario: buscan cómo frenar la suba del crimen organizado dentro de las cárceles federales

      El procurador General convocó a una mesa de trabajo esta semana. Investigarán la posible connivencia del personal penitenciario.

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      Violencia en Rosario: buscan cómo frenar la suba del crimen organizado dentro de las cárceles federalesEfectivos de Gendarmería en Rosario. Foto Juan José García.

      El procurador General interino, Eduardo Casal, convocó a una mesa para esta semana con el fin de profundizar las políticas contra el incremento del crimen organizado dentro de los penitenciarios federales.

      La novedad es la incorporación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) con el fin de avanzar en las investigaciones penales ante la posible connivencia de funcionarios y personal penitenciario en los delitos bajo análisis.

      Procurador Eduardo Casal. Foto Juano Tesone.Procurador Eduardo Casal. Foto Juano Tesone.

      La convocatoria se produce en medio de uno de los momentos más críticos que Rosario vive en mano de los narcos y las acusaciones de Alberto Fernández.

      El Presidente redujo la crisis que vive Rosario y Santa Fe a su pelea con la Corte Suprema de Justicia.

      Adujo que de no ser por el “asalto” del Consejo de la Magistratura -organismo responsable de designar jueces y sancionarlos en caso de mal desempeño-, no estarían vacantes los cargos de los juzgados responsables de investigar el narcotráfico.

      La información oficial que se desprende del propio Consejo, indica todo lo contrario. El responsable de que el 26% de los Juzgados estén sin un magistrado titular es del presidente Fernández.

      “En el Consejo no hay concursos pendientes, todos fueron realizados, se armó el orden de mérito, las ternas y se enviaron al Poder Ejecutivo”, señalaron a Clarín.

      Para que el Senado vote la designación de un juez, esa terna debe ser remitida por el presidente Alberto Fernández, algo que aún no ocurrió.

      Los datos: el Juzgado Federal 1 de Rosario tiene su concurso concluido (el número 387) y la terna ya armada la tiene el Poder Ejecutivo para ser remitida al Senado. Eso aún no ocurrió pese a la premura y a los constantes reclamos de la Asociación de Magistrados para que se cubran los cargos.

      Lo mismo ocurre con el Juzgado Federal 1 de San Nicolás. El concurso realizado por el Consejo de la Magistratura, el 401, concluyó y la terna se envió al Poder Ejecutivo Nacional que aún posterga el envío al Congreso para la votación y designación.

      Haciendo foco en la provincia de Santa Fe, el informe muestra que en Rosario el Tribunal Oral Federal 2 tiene los tres cargos vacantes. Ese concurso, el 390, lo tiene Alberto Fernández también. En lo que concierne al Tribunal 3 aún no se habilitó.

      Esta circunstancia genera retrasos constantes en los debates orales porque se deben cubrir con subrogancias. Pocos jueces para muchos cargos.

      Esa crisis institucional que produce que casi el 30% de los cargos esté sin cubrir, contempla además, las fiscalías que se encuentran en igual situación. Esto produce que las investigaciones se realicen con mayor retraso ante la falta de recursos.

      Con este rompecabezas de cargos incompletos, la Procuración General observa con preocupación otro fenómeno ya advertido y desoído por el actual gobierno de Alberto Fernández: el constante crecimiento del crimen organizado desde los penitenciarios federales.

      En 2021 la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) a cargo del fiscal general, Diego Iglesias, elevó a la entonces interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF) un pormenorizado detalle de los líderes narcos presos que continuaban dando órdenes, cometiendo delitos, desde sus lugares de detención.

      El procurador interino Eduardo Casal, elevó las conclusiones al ministerio de Justicia -a cargo de Martín Soria- de quien depende el SPF- con una serie de recomendaciones de las que participaron numerosos fiscales federales.

      En dos años, fuentes judiciales informaron que no obtuvieron ningún tipo de respuesta y que al interior de las cárceles, nada se modificó. Por el contrario: la tendencia muestra que las actividades criminales continuaron.

      Ante este escenario, el procurador General convocó a una mesa de trabajo a través de la Secretaría de la Secretaría de Coordinación Institucional -dirigida por Juan Manuel Olima-, para “profundizar la coordinación que vienen desarrollando entre la PROCUNAR y la PIA en relación a la prevención e investigación de la criminalidad organizada narco que se viene cometiendo desde las cárceles”, detalla la nota elevada y a la que accedió Clarín.

      La PROCUNAR solicitó en esta ocasión, que intervenga la PIA a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez, con un objetivo específico: el desarrollo de las investigaciones penales que representen algún grado de “complicidad del personal penitenciario”.

      Esto responde a algo ya denunciado por el fiscal Iglesias en su informe de 2021: los delitos cometidos al interior de las cárceles y que incluye la circulación y utilización de dispositivos electrónicos, no podría ser posible sin la connivencia de quienes trabajan en las cárceles.

      La mesa de trabajo se había constituido cuando la fiscalía especializada en narcocriminalidad, elevó el primer informe.

      Las conclusiones expusieron una crítica situación: “Todo evidencia que la detención y condena de sus responsables (líderes narco) no resultan suficientes para desarticular la compleja estructura de organizaciones narcocriminales y hacer cesar sus actividades ilícitas”.

      Desde entonces se elevaron al SPF una serie de recomendaciones, 18 en total, con el fin de ejercer un control efectivo dentro de los penitenciarios, se incluía desde mayores requisas, controles de las visitas que los presos involucrados en organizaciones criminales recibían, el tiempo de uso de los teléfonos públicos, colocar inhibidores de celulares en los pabellones, la implementación de un criterio más profundo respecto a cómo distribuir a los integrantes de las bandas narco en las cárceles, entre otros.

      Dos años transcurrieron casi de aquel informe y las sugerencias posteriores y aseguraron fuentes judiciales, que no se obtuvo ninguna respuesta.

      La situación suma otra dificultad, expuesta en esos términos por jueces y fiscales, el SPF ya no cuenta con el área de investigación criminal dentro de las cárceles.

      Fue desmantelado por orden de Alberto Fernández bajo el argumento de que la gestión macrista la había utilizado para tareas de espionaje ilegal.

      La Asociación de Magistrados solicitará al Poder Ejecutivo que vuelva a reinstalarse el área de investigación dentro de las cárceles, algo que también consignó como necesario la PROCUNAR.

      Entienden que es una forma de conocer en detalle los movimientos de las cabecillas narco, interceptar las órdenes que distribuyen a través de la tenencia ilegal de celulares, entre otras acciones que les permiten conservar el poder sobre las organizaciones criminales pese a encontrarse privados de su libertad.


      Sobre la firma

      Lucía Salinas
      Lucía Salinas

      lsalinas@clarin.com

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