Triple A, un debut para el terror

Saludó al encargado del edificio de Marcelo T. de Alvear 1276, en el centro porteño y subió hasta el primer piso, donde estaban las cocheras. Llegó a su Renault 6, lo abrió, se sentó, puso la llave para encender el motor y la giró hacia arriba. El coche explotó, moviéndose seis metros, con el techo sacudido y la parte delantera en llamas. Adentro, el senador radical y abogado Hipólito Solari Yrigoyen se quemaba, con su traje convertido en trapos. Así debutaba oficialmente la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), un 21 de noviembre de 1973. El presidente era Juan Domingo Perón.

A Solari Yrigoyen lo rescataron del Renault que se prendía fuego y lo llevaron al Instituto del Diagnóstico. Comenzaba para él una larga serie de operaciones para salvarle la vida, en primer lugar, y las piernas, en segundo.

Por el Instituto pasaron a visitarlo desde el líder radical Ricardo Balbín hasta el sindicalista de Luz y Fuerza Agustín Tosco, fogonero del Cordobazo apenas cuatro años antes y amigo personal de Solari Yrigoyen. También lo fue a ver la vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón, que le dijo: “¿Qué quieren hacer? ¿Chile, Cuba?”, queriendo instalar la idea de que el atentado era obra de alguna organización armada de izquierda. Y, en silencio, a su lado estaba el ministro de Bienestar Social, José López Rega. Hasta el capo metalúrgico Lorenzo Miguel lo fue a saludar, y rechazó tener algo que ver con el crimen.

Salvado de milagro

“Fue el primer atentado de la banda terrorista Triple A. Luego sufrí otro, en 1975. Está comprobado que López Rega era quien manejaba a la Triple A. Me salvé por milagro, sufrí cinco operaciones.” Así recuerda el hecho, hoy, Solari Yrigoyen, a sus 90 años, en una charla telefónica con Ñ.

Él, sobrino nieto de Hipólito Yrigoyen, había formado parte de la CGT de los Argentinos, y defendido a dirigentes gremiales como el gráfico Raimundo Ongaro y el ya mencionado Tosco y a guerrilleros de distintas organizaciones. Además, había sido un férreo objetor, ya en ese caliente 1973, de la Ley de Asociaciones Profesionales aprobada por el Congreso. Lorenzo Miguel, de hecho, lo consideraba un rival.

Sin embargo, Solari Yrigoyen no cree que el dirigente metalúrgico haya tenido que ver con el atentado. “Me dijo que no había tenido nada que ver. Sonó sincero”, recuerda. La misma línea la plasmó en su autobiografía Crónica de una vida. Memorias, publicada por Eudeba en 2018. “Sin que esto signifique aprobar el matonismo de las prácticas de la llamada burocracia sindical, estimo que Miguel, en ese momento, dijo la verdad”, escribió.

La confrontación entre los sectores de la izquierda y de la derecha del peronismo se caldeaba mes a mes: el enfrentamiento del 20 de junio en Ezeiza es uno de los hitos, y en el famoso palco donde debería haber hablado Perón en su regreso definitivo al país, se congregaron pistoleros de distintas agrupaciones “ortodoxas” y también policías retirados o en actividad, además de algunos militares.

El 13 de julio renunciaba Héctor Cámpora a la presidencia y lo reemplazaba Raúl Lastiri (yerno de López Rega). El 23 de septiembre arrasó en las elecciones la fórmula Perón-Perón y dos días después, Montoneros (sin asumirlo públicamente) mató al secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci.

“Me mataron a mí. Peor, mataron a mi hijo”, afirmó Perón ante Juan Manuel Abal Medina (padre) al enterarse del asesinato. “Es imposible que estos locos se alineen. Así que hay que extirparlos del movimiento y eso es lo que voy a hacer”, le avisó el presidente, en otra reunión.

El 1 de octubre, en la Quinta de Olivos y con Perón presente, se hizo un encuentro del que participaron, aparte de Lastiri, López Rega y gobernadores justicialistas. Allí se mostró un “Documento Reservado”, como contó La Opinión al día siguiente.

“Los grupos o sectores que en cada lugar actúan invocando adhesión al peronismo y al general Perón, deberán definirse públicamente en esta situación de guerra contra los grupos marxistas y deberán participar activamente en las acciones que se planifiquen para llevar adelante esta lucha”, decía el texto, entre otros puntos”.

Poco antes de dejar la presidencia, Lastiri firmó un decreto para reincorporar a la Policía Federal al comisario Juan Ramón “Chango” Morales y al oficial inspector Rodolfo Almirón, que ya venían prestando tareas de custodia en Bienestar Social. Los dos, junto a otro policía, Miguel Ángel Rovira, serían tres de las cabezas operativas de la Triple A, al menos de la médula de esa organización, atribuida a López Rega.

Otra pata importante la dirigía Alberto Villar, ascendido por decreto de Perón a subjefe de la Policía Federal en enero de 1974 y pocos meses después titular máximo de esa fuerza.

El núcleo duro de la Triple A

Hay que aclarar que la AAA tenía su núcleo duro en la custodia del ministro y en las patotas de Villar, pero también articulaba acciones con otras organizaciones, como la Concentración Nacional Universitaria (CNU), presente sobre todo en La Plata y Mar del Plata o con el Comando Libertadores de América, de Córdoba.

“La idea de atribuirle todos los asesinatos en todo el país a López Rega es exagerada. En cada provincia había policías y sectores peronistas que llevaban adelante la represión, era algo más descentralizado. Desde el gobierno nacional se toleraba o se apoyaba este accionar pero en cada lugar había algo propio”, afirma el historiador y docente de la Universidad Nacional de La Plata, Juan Luis Besoky.

En mayo de 1974 la Triple A, como lo demostró la Justicia, mató al sacerdote Carlos Mugica, que se había peleado con López Rega. En enero había difundido en un comunicado en el que decían que serían “ejecutadas inmediatamente donde se las encuentre” personas como Nahuel Moreno, dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), el jefe máximo del Partido Revolucionario de los Trabajadores (Mario Santucho), Ongaro y Tosco y el obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, entre otros.

Más allá de que el hecho concreto es que la Triple A empezó sus crímenes con Perón presidente, también es cierto que la cantidad, frecuencia y alcance de sus homicidios aumentaron muchísimo una vez que él murió y lo reemplazó su esposa. Así cayeron el diputado Rodolfo Ortega Peña, Silvio Frondizi, Julio Troxler y el periodista Pedro Barraza junto a su pareja, Carlos Laham, entre muchas otras víctimas.

“A mi padre lo secuestraron en Primera Junta, lo metieron en un auto y lo acribillaron en Flores” el 3 de noviembre de 1974, recuerda Andrea Robles para hablar de su padre, César, dirigente del PST. “Lo cierto es que la Justicia cumplió formalmente con su parte, no hubo voluntad de hallar a los culpables. El Estado –al igual que en los casos vinculados al genocidio de la dictadura militar– no abrió los archivos. El esclarecimiento de los asesinatos de la Triple A se dificulta aún más ya que eran acciones relámpago”, agrega.

En julio de 1975 López Rega renunció como ministro y se fue del país con un brumoso cargo de “embajador plenipotencario”, acompañado por algunos de los policías de su entorno. Aunque desapareció como tal la parte “histórica” de esa banda, ella ya había hecho metástasis en el cuerpo social y otros grupos siguieron en operaciones hasta el golpe del 24 de marzo de 1976. El Comando Libertadores de América, de hecho, quedó a cargo del general Luciano Benjamín Menéndez.

Luego de aquella fecha, una banda que había estado asociada a la Triple A, conducida por el agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Aníbal Gordon, tuvo su propia cueva de terror, en el barrio porteño de Floresta: Automotores Orletti, a pocos metros de las vías del Ferrocarril Sarmiento. Otros personajes de la CNU y el Comando Libertadores de América también se metabolizaron en la nueva represión clandestina, ahora conducida en su totalidad por las Fuerzas Armadas.

Regreso de la democracia

Con el regreso de la democracia la Justicia avanzó contra López Rega, quien pasó esos años entre España, Suiza, Estados Unidos y las Bahamas, hasta que fue extraditado a la Argentina. Recuerda Aníbal Ibarra, fiscal de la causa que responsabilizaba al “Brujo” por su rol en la Triple A: “En la causa solo se le apuntaba a López Rega, por seis homicidios. En su declaración indagatoria, en la que estuve presente, decía que sabía de la existencia de la AAA solo por los diarios”.

Sin embargo, existían las declaraciones del policía Rodolfo Peregrino Fernández, como así también las de Horacio Paino, autor del libro La Triple A, que le otorgaban a López Rega un papel central, aparte de un informe del Ejército de 1975. Y aparte la revista El Caudillo, vocera extraoficial de la AAA, se financiaba con fondos de Bienestar Social.

López Rega murió procesado pero sin condena en 1989. Las otras causas contra los demás eslabones de la Triple A languidecieron hasta que el juez Jorge Oyarbide la reactivó y definió a sus crímenes como de lesa humanidad. Almirón, extraditado desde España, murió preso por esa investigación.

El magistrado llegó a pedir además la extradición de María Estela Martínez, pedido rechazado por la justicia española. Sí se concretó en 2021 un juicio en Bahía blanca por el accionar en esa ciudad de las AAA, con condenas para algunos de sus integrantes.

Y, como recuerda Robles, ahora “se inicia el llamado juicio ‘Villazo’, a 48 años de ocurrida la brutal represión por parte de la Triple A, el Ejército y fuerzas de seguridad, durante el gobierno de Isabel Perón, a la histórica lucha obrera conocida con el mismo nombre” y que tuvo epicentro en Villa Constitución.

Quizá la pregunta más perturbadora sea qué rol jugó Perón en la existencia de esa banda, fermentada desde un sector del Estado que él conducía. “Si bien es difícil encontrar documentos que corroboren de manera directa esta cuestión, hay indicios de que permiten aseverar que Perón era perfectamente consciente de lo que hacía López Rega”, dice Besoky. Y Solari Yrigoyen, primera víctima de la banda, aporta lo suyo: “¿Perón? Mire... yo creo que sabía. Más no puedo decirle”.